La jueza que investiga las agresiones en el centro de menores de Ateca cree que el exdirector puede ser cooperador necesario

La investigación por las supuestas agresiones, torturas y vejaciones en el centro de menores de la localidad zaragozana de Ateca sigue su curso y la instructora, Aida Ramírez, ha tomado declaración al exdirector de las instalaciones como nuevo investigado al considerar que existen indicios suficientes de que pudiera ser cooperador necesario de estos delitos. La investigación comenzó en junio con la denuncia de dos de los internos, que aseguraban haber sido maltratados, privados de comida y objeto de violencia sexual. En este punto de la instrucción el número de menores que ha denunciado asciende a 19. Tras la toma de declaración, la jueza ha dejado al hombre en libertad al no apreciar riesgo de reincidencia ni de fuga.

El avance de las pesquisas es lo que ha llevado a considerar que el antiguo responsable del centro, que estuvo al frente entre junio de 2017 y julio de 2024, era partícipe e incluso cooperador necesario de las irregularidades del mismo. El exdirector, Miguel Ángel V. P., fue detenido el lunes en la localidad madrileña de Móstoles por la Guardia Civil y trasladado hasta Calatayud, cuyo juzgado ha asumido la causa, para prestar declaración este martes. El investigado ha negado los delitos que se investigan y ha asegurado que este centro fue “ejemplo para otros” en el resto de España por su funcionamiento.

En el auto de puesta en libertad, Ramírez exime que “existen indicios racionales y suficientes de criminalidad para imputarle la posible comisión de un delito de omisión del deber de socorro, lesiones, torturas, contra la integridad moral, y agresión sexual a menores de edad como cooperador”. La jueza añade que todos estos indicios deben ser investigados a lo largo de la instrucción.

La causa criminal comenzó en junio, con la denuncia de las madres de dos internos, que aseguraban que sus hijos habían sido maltratados, encerrados en una habitación, que se les había negado la comida y se les había prohibido la comunicación con sus familias. Tras los primeros pasos de la investigación, la jueza envió a prisión sin fianza al responsable del centro y a cuatro educadores. Ya en ese primer momento, la instructora ordenaba la búsqueda de chicos cuyo paradero era desconocido tras haberse fugado del centro para saber si el maltrato era la causa por la que se habían escapado. Las madres de los primeros denunciantes aseguraban a EL PAÍS haber recibido mensajes y llamadas de muchos otros afectados que decían haber sido maltratados en el centro a lo largo de los últimos años. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirma que se han incorporado otras 17 denuncias a la causa.

Esta institución lleva abierta desde 2017 en esta localidad zaragozana de apenas 1.800 habitantes, pertenece a una entidad privada, pero tiene concierto con el Gobierno de Aragón para alojar a 20 menores tutelados por la Administración. Se trata de una institución especializada en niños y adolescentes con problemas de conducta. En el edificio vivían adolescentes bajo la custodia de los gobiernos de Aragón, Baleares y País Vasco.

Tras la declaración de este nuevo investigado, la jueza lo dejó en libertad al alegar que no había riesgo de que interfiriera en los menores, ya que está jubilado, no trabaja ya con niños ni se ha acreditado que en todo este tiempo se pusiera en contacto con ninguna de las presuntas víctimas. La instructora tampoco aprecia riesgo de fuga o destrucción de pruebas, pero sí le impone medidas como la retirada del pasaporte y la comparecencia en un juzgado cada lunes.

Tras la entrada en prisión de los educadores y el director, el Gobierno de Aragón anunció que iniciaba su propia investigación para saber qué había fallado y notificó la primera consecuencia del caso: abrir un expediente disciplinario a la funcionaria responsable del servicio de tutela y atención a la infancia. El Ejecutivo aragonés aseguró que tomaba esta decisión porque había constatado “deficiencias en los canales de información y comunicación”. Las madres de los primeros denunciantes explicaron que habían acudido en reiteradas ocasiones a los servicios sociales para hacerles partícipes de las irregularidades y que estos solo se comunicaron con el centro, quien les aseguraba que ellas eran una mala influencia para los menores. El resto de implicados permanece en prisión provisional.