Las madres de las víctimas del centro de menores de Ateca: “Me arrepiento de haber dejado a mi hijo en manos del sistema”

Karelly y Marcela, dos mujeres de 38 y 34 años respectivamente residentes en Zaragoza, podrían haberse conocido de muchas maneras. Pero lo hicieron cuando sus hijos les relataron que habían sido víctimas de malos tratos en el centro de menores en el que residían. El hijo de Karelly había ingresado en julio de 2023 y ahora tiene 16 años y la hija de Marcela lo hizo en noviembre de 2021 y está a punto de cumplir 18 años. Ellas son las dos madres que han denunciado al centro de menores de Ateca (Zaragoza) y con las que dio comienzo una investigación que, por el momento, ha llevado a cuatro de los cuidadores y al director a prisión acusados de diferentes vejaciones a los tutelados. En esta entrevista se ocultan sus apellidos y sus rostros para proteger la identidad de los menores.

Ambas vuelven a tener a sus hijos en casa desde que este viernes una jueza de Calatayud ordenara el cierre inmediato de la residencia de acogida hasta que se aclaren los hechos denunciados por estas dos mujeres. Los adolescentes estaban tutelados por el Gobierno de Aragón, igual que otros 18 residentes en las instalaciones que pertenecen a una empresa privada y que gestiona una fundación. “Me arrepiento de haber dejado a mi hijo al sistema”, asegura Karelly. El de Ateca no es lo que antes se conocía como un reformatorio ni es un centro específico para menores no acompañados, sino una institución que acoge temporalmente a niños y adolescentes cuya tutela ostenta la administración pública porque considera que es lo mejor para el interés del menor. En este caso, el centro estaba especializado en jóvenes con problemas de conducta.

Esta madre afirma que llevaba meses notando “cosas extrañas” y se enciende cuando recuerda cuántas veces no le dejaron ver a su hijo. Un día, hace poco más de un mes, la otra chica que denuncia ser víctima se le acercó después de que le denegaran la visita y le reveló que a su hijo lo habían sometido a muchas contenciones hacía solo unos días y le habían encerrado en una habitación. “Las contenciones es cuando inmovilizan a los muchachos colocando los brazos en la espalda”, explica la mujer. Fue entonces cuando ya no pudo más y denunció, primero en la policía y luego ratificó todo ante la Guardia Civil, que es la que tiene competencias en la demarcación en la que ocurrieron los hechos.

Ansiedad y visitas restringidas

Ante la imposibilidad de ver a su hijo, cuenta, hace solo unas semanas, la mujer fue a Ateca y se acercó a una ventana con barrotes por la que se asomó su hijo y otros internos y él le pidió que lo sacara de ahí. La mujer muestra parte de esta escena en un vídeo que grabó. El chico llegó a decir a una de las empleadas del centro que temía por su vida. “Duerme mal, sigue con ansiedad y sé que su mirada no es la misma”, señala la madre.

La trabajadora social del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, dependiente de la consejería del ramo, le aseguró en una ocasión que el motivo de prohibir las visitas era que el chico estaba sancionado por haber agredido a personal del centro, una afirmación que secunda mostrando el mail en el que se lo comunica. Karelly también asegura que solicitó en numerosas ocasiones que llevaran a su hijo a una revisión médica y que no se lo permitieron. En su móvil enseña también la captura de pantalla que hizo a su hijo durante una videollamada en la que se aprecia una herida en la barbilla y que entregó a la Guardia Civil cuando empezó la investigación. También muestra una foto del chico antes de entrar al centro y otra de hace solo unos días en la que se observa una bajada de peso. “Lo dejaban sin comer o les daban comida en mal estado”, sentencia Karelly.

Marcela se pregunta ahora cómo ha podido vivir su hija todo esto durante tres años sin enterarse. “Mi hija también se pregunta cómo, con el carácter que tiene, se calló todo esto, pero es que estaba aterrada, le comieron la cabeza y, hasta que no vio que hacían daño a su amigo, no habló”, resume la madre. Rememora que al principio su hija le repetía sin parar que la sacara de ahí, pero que los trabajadores sociales le decían que al principio era un comportamiento normal. “Yo confiaba en el sistema de protección de menores y durante todo este tiempo ni siquiera ha ido al instituto”, indica.

Desde que el caso saltó a los medios, ambas han recibido una decena de testimonios de jóvenes que han pasado por esas instalaciones en las que aseguran haber sufrido abusos. Este periódico ha podido escuchar algunos de estos audios de WhatsApp. Ellas recopilan toda esta información y se la transmiten constantemente al equipo de la Guardia Civil de Zaragoza que lleva adelante esta investigación. Las mujeres aseguran que hay otras denuncias además de las suyas.