Todo lo que falló en el centro de menores de Ateca, clausurado por torturas y vejaciones

Un candado sella una de las ventanas del centro de acogida para menores de la localidad zaragozana de Ateca, que este jueves se vio sacudido por una operación de la Guardia Civil contra su director y cuatro de sus trabajadores. La jueza Aida Ramírez, titular del juzgado de instrucción número 2 de Calatayud, envió este viernes a todos a prisión al apreciar delitos de torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal, como indica su auto judicial. La instructora ordenó clausurar el centro mientras se investiga el relato de varios adolescentes, que detallan episodios de encierros en habitaciones, golpes, falta de alimento y comentarios sexuales. Los acusados negaron todos estos hechos tras su puesta a disposición judicial. El pueblo se pregunta ahora si todo eso sucedió en este pequeño caserón de ventanas verdes en la parte alta de la localidad sin que nadie se percatara.

Ateca es un pueblo de 1.800 habitantes a una hora de Zaragoza que ha vivido principalmente de una industria que hoy languidece. Todavía resiste aquí la fábrica de los famosos Huesitos y alguna que otra empresa chocolatera de mucho menos tamaño. Aquí se instalaron con sus familias hace al menos 15 años, siendo aún unos niños, Mohammed B., Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R., los cuatro trabajadores detenidos, dos de ellos hermanos, todos de entre 23 y 29 años. El director, Iván R., llegó hace menos de un año para dar el relevo al antiguo responsable de las instalaciones.

La investigación, liderada por la policía judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, comenzó con la denuncia de la madre de uno de los internos de 16 años, que aseguró que su hijo recibía un trato degradante por parte de algunos de los empleados. A este primer testimonio se unió el de otra chica de 17, que describió “insultos, comentarios de carácter sexual acerca de su madre y agresiones”, tal como reza el auto que envió a prisión a los cinco investigados. Por esta declaración la jueza les atribuye también un delito de agresión sexual.

Esta denunciante mostró a la instructora durante su declaración varias marcas de quemaduras de cigarrillos en sus brazos que asegura que le habían provocado en el centro. El chico, por su parte, explicó que le sometían a castigos como tener los brazos en alto durante periodos muy prolongados en el tiempo, que no le daban de comer y que llegó a defecarse encima sin que le dejaran cambiarse.

El alcalde de Ateca, Ramón Cristóbal, explica que se enteró de las detenciones por los medios de comunicación como el resto de sus vecinos, aunque recuerda un episodio que lo puso en alerta entre 10 y 12 días antes de que explotara el caso. La madre denunciante llamó a la policía local de Ateca para insistir en que su hijo era maltratado en el centro. Los agentes municipales acudieron a las instalaciones acompañados de la Guardia Civil y se entrevistaron brevemente con el menor, que en ese momento no declaró nada. El megáfono de la furgoneta del chatarrero interrumpe la conversación con el regidor, y prosigue: “Esto nos ha pillado a todos por sorpresa, en el pueblo no se había oído nada, ni se intuía”.

El alcalde explica que el ayuntamiento facilita al equipo del centro de menores instalaciones municipales para que puedan hacer actividades, así como entradas para la piscina, de la que disfrutaron hace solo un par de días. Jesús, un camarero de un bar céntrico del pueblo, asegura que en esa institución siempre ha habido mucha rotación de personal, tanto de Ateca, como de pueblos de los alrededores y que era habitual ver por la localidad a los menores con los monitores.

El centro operó como residencia de mayores municipal hasta 2015. “Ese año decidimos cesar su actividad porque no cumplía con la normativa y era muy complicado adaptarlo y lo vendimos al grupo propietario del centro de menores”, resume el alcalde. Poco después recibió los primeros niños. Entonces estaba al frente el anterior director, que se marchó del pueblo hace dos o tres meses cuando dio el relevo definitivo al nuevo, según el testimonio de varios vecinos, entre ellos el propio alcalde.

El centro es de titularidad privada y está gestionado por la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz y tiene capacidad para una treintena de menores. Veinte de ellos son tutelados del Gobierno de Aragón y otros cinco pertenecen a otras comunidades autónomas. Una portavoz de la Consejería de Asuntos Sociales indica que todos ellos han sido reubicados en otras casas de acogida y asegura que el Ejecutivo Autonómico pretende personarse en la causa como perjudicado.

El auto de la magistrada deja otro dato preocupante y que refleja un agujero en el sistema. Ninguno de los encausados contaba con la titulación necesaria para ejercer como auxiliares y mucho menos como educadores de un centro de menores, que además están diagnosticados con problemas de conducta. Una portavoz de la consejería afirma que es la empresa privada de la que depende el centro la que se encarga de las contrataciones y que, al ser un caso bajo investigación judicial, no pueden revelar si el centro ha pasado por alguna inspección desde que abrió sus puertas en 2017.

Dos de los detenidos viven en casas contiguas en las que la puerta no está cerrada. A través de una cortinilla multicolores, la mujer de uno de ellos declina hablar. Dos amigos de la infancia de su marido, Pablo Egido e Iris Vivas, se han acercado para mostrarles su apoyo. Le dan un abrazo a la mujer. La pareja descarta por completo que sus amigos hayan podido hacer nada y echan la culpa al nuevo director. “Ellos entraron como auxiliares y, a partir de ahí, fueron haciendo cursos y formándose. Son chavales trabajadores que han ido aquí al instituto y nunca han dado ningún problema”, asegura el amigo.

“Esto son cosas que pasan y hay que afrontarlas, cuando hablemos con ellos, sabremos más. El mayor llevaba ahí trabajando muchos años y el hermano pequeño se había incorporado hacía un par de años”, señala Maled B., el tío de dos de los detenidos, Mohamed y Yousef B., en conversación telefónica, mientras va camino del centro penitenciario junto con el padre de los investigados. Sobre si sus sobrinos tenían algún certificado académico que les permitiera ejercer de educadores o trabajadores sociales, Maled responde que lo desconoce.

La jueza es muy dura con el director del centro, del que apunta que ha tenido una “despreocupación absoluta acerca de la situación de los menores”, que nunca llevó a cabo “correcciones ni sanciones” y que, cuando llegó a su conocimiento la primera denuncia de la madre del menor de 16 años, llevó a cabo una investigación “incompleta y parcial”.

Este periódico se ha puesto en contacto con dos de los trabajadores del centro que no forman parte de esta investigación, una empleada doméstica y un monitor, y ambos han preferido no hacer declaraciones. Una psicóloga del centro y un enfermero corroboraron ante la instructora las declaraciones de las víctimas. El sanitario incluso testificó que el director le había pedido que elaborara un informe falso sobre el estado del menor cuya madre destapó las irregularidades.

Gracias a esta operación se ha descubierto además que nueve de los menores internos permanecen fugados del centro. La jueza ha ordenado dar con ellos para averiguar si se han escapado fruto de las supuestas vejaciones que se ejercían dentro o por otros motivos.