Gritos, aislamiento y castigo en la “habitación del terror” del centro de menores de Ateca

A principios de julio, una mujer acudió a una comisaría de la Policía Nacional en Zaragoza para denunciar que su hijo estaba sufriendo agresiones en el centro de acogida de menores en el que vivía, en la localidad de Ateca. La Guardia Civil, que es la que puede investigar en esa demarcación, asumió las pesquisas y descubrió que la coordinadora de los educadores había dimitido recientemente como consecuencia de la situación en el centro. Esta empleada había informado de los problemas a la empresa propietaria de la institución tras descubrir las medidas disciplinarias sospechosas que un menor aseguraba que había sufrido durante el último fin de semana de junio. Este adolescente llegó a decir que había temido por su vida y la trabajadora descubrió que algunos internos llamaban a una de las estancias del centro la “habitación del terror”.

Los hechos denunciados se concentran principalmente en el último fin de semana de junio y en los días posteriores, pero la investigación se abre a todo el periodo que el centro lleva funcionando, desde 2017, y el objetivo de la causa es averiguar si parte del personal utilizaba los abusos y agresiones de forma habitual, desde cuándo y quién lo ha permitido. Por el momento, las pesquisas han llevado a prisión sin fianza a cuatro educadores y al director acusados de torturas, contra la integridad de los menores y, en el caso de alguno de ellos, de agresión sexual.

La jueza instructora del caso, a juzgar por su auto, da total credibilidad a los testimonios de los adolescentes y cree que cuadran con el relato de otros trabajadores. La defensa de los detenidos sostiene que, hasta el momento, no se han aportado pruebas que corroboren la veracidad de los abusos, que la acusación se basa en testimonios y que sus representados llevan muchos años trabajando en las instalaciones sin que se detectara ninguna irregularidad.

Esta institución lleva abierta desde 2017 en esta localidad zaragozana de apenas 1.800 habitantes, pertenece a una entidad privada, pero tiene concierto con el Gobierno de Aragón para alojar a 20 menores tutelados por la Administración. Se trata de una institución especializada en niños y adolescentes con problemas de conducta. Cinco de los internos que se encontraban en estos momentos en la residencia han regresado con sus familias, a las que se les ha devuelto la tutela, y el resto han sido realojados en otras ubicaciones, algunas fuera de Aragón.

Según el relato que hacen varios testigos a la Guardia Civil, entre el menor que inicia este caso y uno de los cuidadores se produce un rifirrafe a cuenta de un paquete de galletas el último fin de semana de junio. En ese momento, dos auxiliares, ahora detenidos, se llevan al chico a una habitación y le someten a una primera “contención”.

Este es un término que se repite constantemente en boca de todos los implicados y que se usa para describir cómo los empleados del centro paralizan a los internos en momentos de nerviosismo o enfrentamiento. Según el reglamento, cada una de estas intervenciones debe quedar debidamente detallada, justificada y reflejada en un parte, pero, según el testimonio de varios trabajadores, el director del centro ordenó obviar algunos de estos episodios en el registro oficial. El denunciante aseguró que ese fin de semana y los días sucesivos le hicieron más de 10. Un hecho que la defensa de los acusados niega y asegura que todo se hizo según el protocolo. No fue el menor, sino una compañera, la que relató estos hechos a una empleada.

Después de esta revelación, la coordinadora de los educadores y otra compañera interrogaron a otros internos sobre lo ocurrido ese fin de semana y les contaron que habían escuchado “muchos gritos” procedentes de esa estancia. Esta mujer puso todo en conocimiento del director, también en prisión por estos hechos, quien le aseguró que todo entraba dentro de las normas. Ella, que no estaba de acuerdo, escribió directamente a la gerencia del centro, propiedad del Grupo Lagunduz y gestionado por la Fundación Salud y Comunidad. Un responsable del área de infancia le instó a seguir investigando y reflejarlo por escrito. También el director llevó a cabo un informe que la jueza describiría después como “parcial e incompleto”.

Una semana después, a mediados de julio, se reunieron todas las partes implicadas en el informe, el director insistió en que no se había producido ningún abuso y la coordinadora dimitió. El responsable de la empresa dueña de las instalaciones advirtió que se planteaba poner en conocimiento de la justicia las posibles irregularidades en el trato a los menores. Durante los últimos días previos a la detención, se apartó a los trabajadores investigados del centro, para que no coincidieran con las supuestas víctimas.

Varios testimonios recabados en la investigación coinciden en que la habitación en la que presuntamente fue agredido el adolescente permaneció cerrada y con la ventanilla tapada por una manta, algo que, apuntan los interrogados, “no es lo normal”. Además, el chico estuvo aislado del grupo por un periodo muy prolongado de tiempo, sin permitirle contacto con otros adolescentes ni tampoco con su familia. Según consta en el auto de prisión de los detenidos de la jueza, estos llegaron a dejar al joven sin comer, por lo que sus compañeros le hicieron un bocadillo a escondidas.

A esta denuncia se unió la de otra interna del centro de 17 años que además habló a los investigadores de supuestas agresiones sexuales. Ella también relató que uno de los castigos que ha vivido durante su estancia en la institución consistió en permanecer despiertos hasta altas horas de la noche sin poder dormir, a pesar de que los menores les pedían a los educadores ir a la cama.

Durante este último mes, la tensión fue creciendo dentro de las instalaciones, estallaron varios conflictos entre los propios menores e incluso dos empleadas solicitaron una baja médica con motivo de la situación que se había generado. En este periodo el director también pidió al enfermero del centro que emitiera un informe falso asegurando que el estado de salud de uno de los adolescentes era idóneo y no había apreciado ninguna lesión, algo a lo que el sanitario se negó y adujo que él ni siquiera se había cruzado con este interno en esos días.

Finalmente, este jueves la instructora del juzgado número 2 de Calatayud ordenó la detención de los cuatro auxiliares y el director del centro y les tomó declaración. Estos negaron los hechos de los que se les acusa y dieron unas breves explicaciones, tras lo que la jueza decidió el ingreso en prisión de los cinco sin posibilidad de fianza. No solo eso, sino que consideró que era imposible que las instalaciones continuaran abiertas hasta que no se clarifique el alcance de las irregularidades y las supuestas dinámicas de abusos que se habían establecido en el centro de acogida. Para conocer el alcance de la gravedad, la instructora ha ordenado localizar a nueve menores que constan como fugados para saber si el motivo de la huida es la situación que se vivía en el centro.