El riesgo de ser abogado, al menos en Madrid: se triplica el número de letrados que piden amparo

Al acabar el verano de 2021, a Enrique, un abogado madrileño que entonces tenía 29 años con cinco de experiencia a sus espaldas, le fue asignada una clienta por el turno de oficio. No sabía que esa mujer iba a convertirse en la fuente de su ansiedad y desasosiego los meses sucesivos. El nombre de este letrado es ficticio, así lo ha pedido para no arriesgarse a reactivar el acoso al que fue sometido. La situación a la que ella lo llevó fue tan límite que él llegó a pedir renunciar a su representación, algo que solo se concede en situaciones verdaderamente excepcionales cuando se trata de un caso de justicia gratuita. Acabó denunciándola y para eso tuvo que imprimir decenas de páginas web y entradas de blog en las que su nombre y apellidos aparecían junto a la imagen de un mono.

El suyo es uno de los casos que el Colegio de la Abogacía de Madrid (Icam), el mayor de España con casi 75.000 miembros, considera tan flagrante que ha acordado concederle amparo en este 2024. En los últimos dos años, las solicitudes al colegio por parte de sus miembros se han multiplicado, debido al esfuerzo de la institución por dar a conocer esta figura. Los números son bajos porque, como explican desde el colegio, todavía existe desconocimiento de la existencia de esta herramienta profesional. En 2022 fueron 13 letrados los que solicitaron el amparo, en este 2024, solo con datos hasta mitad de año, las peticiones llegan a 40. No todas se conceden, pues los requisitos incluyen que la indefensión esté debidamente justificada. En 2024 se ha dado una respuesta positiva a 10 solicitantes.

Se trata de una decisión que toma la junta de gobierno del colegio con dos vertientes. Una simbólica, por la que se reconoce oficialmente que los derechos de un letrado han sido vulnerados en su ejercicio profesional o que ha vivido una situación de riesgo. Pero además, con esta decisión, el colegio dispone representación y apoyo legal para el letrado amparado en caso de que haya que iniciar un proceso judicial.

“Hay situaciones muy variadas. El abogado ha podido ser acosado física o psicológicamente, maltratado en la sala de vistas, puede vivir situaciones de tensión en las comisarías, o incluso llegar a situaciones límite con sus representados. Hay casos en los que estos se obsesionan y llegan a acosar con mensajes de Whatsapp o llamar a horas intempestivas”, explica Javier Mata, diputado del colegio responsable de Defensa de la Abogacía.

Por ejemplo, a una letrada con discapacidad, por ejemplo, fue amparada después de acreditar mensajes vejatorios e insultos de un representado. En ellos, llegaba a amenazarla y se refería de forma humillante a su discapacidad. A la abogada le asignaron esta representación a principios de año y desde el principio recibió este tipo de mensajes de su cliente “con amenazas constantes y mensajes ofensivos en horarios intempestivos”. La mujer tuvo que presentar una denuncia contra su cliente, que ahora se encuentra en paradero desconocido. El colegio lanzó una campaña el pasado noviembre para animar a sus profesionales a alzar la voz y reconoció que en muchas de estas agresiones hay un componente machista.

Otro letrado acreditó hasta 450 llamadas en un solo fin de semana. “El representado estaba siendo investigado por acoso telefónico a centros hospitalarios y pasó a volcarse en su abogado”, detalla el Icam en un comunicado que recoge algunos de los casos de este año. “El acoso incluyó más de 70 llamadas en un solo día y hasta 450 en un fin de semana. La situación se agravó al punto de que el abogado tuvo que bloquear varios números y soportar llamadas en horarios intempestivos”, prosigue el documento.

El colegio recopila casos de profesionales que han sido sancionados en comisarías por desencuentros con los agentes de policía en algunos momentos de tensión. Una de las afectadas decidió reclamar un expediente abierto por la Delegación del Gobierno por haber faltado, supuestamente, al respeto a unos agentes de policía cuando se quejó por el excesivo tiempo de espera hasta poder ver a su cliente. Otro letrado relató que fue denunciado por los policías por no haberse detenido en el aparcamiento cuando se lo indicaron. Según él, iba atendiendo una llamada urgente y no se percató.

En el caso de Enrique, hubo pocas dudas de que se trató de una situación límite. “Al principio todo fue bien, me llega el caso archivado y consigo que lo reabran y llegar a juicio”, relata el abogado. El asunto estaba relacionado con denuncias entre vecinos. En el transcurso de las diligencias, fue solicitado un informe pericial psicológico a la clienta de Enrique. Cuando llegó este documento, a ella no le gustaron las conclusiones. “A mí ni siquiera me parecía que resultase tan desfavorable, pero ella se empeñó en que había inexactitudes y que tenía que modificarlo. Yo le expliqué que no estaba en mi mano cambiar el texto de un informe pericial del juzgado”, prosigue el letrado.

Ella se obsesionó con esa evaluación psicológica y la relación entre ambos comenzó a ser tensa. “Hablábamos todos los días y el tono empezó a ser cortante. El hecho de que el cliente no esté de acuerdo con tu criterio profesional es algo relativamente habitual, pero cuando explicas los motivos que te llevan a actuar así, lo acaban entendiendo. En este caso ella estaba empeñada en que el resultado de ese informe era mi culpa”, afirma Enrique.

Fue entonces cuando el abogado descubrió la difamación digital a la que ella había empezado a someterlo. Lo primero que hizo fue insultarlo con su nombre y apellidos en un blog que ella tenía y en el que narraba sus pensamientos y reflexiones. Junto a sus consideraciones sobre la falta de valía profesional del abogado, colgaba fotos donde se le reconocía perfectamente. Después, sustituyó las cara de esas fotos por imágenes de simios y dio un paso más al crear una web exclusivamente para dañar su imagen profesional. La mujer tenía ciertos conocimientos informáticos y supo posicionar la página de forma que era la que primero aparecía en los buscadores. Entonces, el colegio de la abogacía acordó liberarlo de la representación de esta clienta.

“No presenté denuncia hasta pasado un tiempo, porque solo el hecho de ponerme a redactarla y tener que imprimir y documentar todo lo que había hecho me provocaba ansiedad y malestar. Lo dejé reposar un tiempo y cuando me sentí más fuerte, puse una denuncia por acoso en internet”, explica el letrado. Fue admitida a trámite, pero el juicio no se ha podido celebrar porque ella se encuentra en paradero desconocido.

Según una encuesta encargada por el colegio hace unas semanas en la que se consultó a más de un millar de sus miembros, la mitad de ellos aseguró haber sentido “fatiga, pensamientos negativos y deprimentes y alteraciones emocionales” en el ejercicio de sus tareas profesionales. El 66% reconocía haber sufrido ansiedad. El análisis revela que las mujeres y jóvenes eran los más afectados, un grupo en el que se engloba Enrique, al que toda esta situación le sobrevino con 29 años, y que además no trabaja en un macrobufete que pudiera brindarle abrigo.

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