El Supremo de EE UU decidirá si los Estados pueden prohibir los tratamientos para menores trans

Cuando el año judicial del Tribunal Supremo de Estados Unidos entra en su punto culminante, en vísperas de la publicación de las sentencias más polémicas, los jueces han admitido a trámite el que será uno de los casos más controvertidos del próximo curso. En la lista de nuevos recursos sobresale uno que ha presentado el Gobierno de Joe Biden contra una ley aprobada por el Estado de Tennessee que prohíbe ciertos tratamientos médicos para los menores trans. Es la primera vez que el Supremo admite pronunciarse sobre el fondo de la cuestión en un caso que se ha convertido en terreno de agria confrontación ideológica y social en Estados Unidos.

El caso admitido es Estados Unidos contra Skrmetti. Los recursos ante el Supremo se presentan en forma de pregunta y la que el Gobierno de Biden planteó en este caso es si la ley SB1 de Tennessee, que prohíbe todos los tratamientos médicos destinados a permitir “a un menor identificarse con, o vivir como, una supuesta identidad incompatible con el sexo del menor” o a tratar “una supuesta incomodidad o angustia derivada de una discordancia entre el sexo del menor y la identidad afirmada”, viola la cláusula de igualdad de la 14 Enmienda de la Constitución. El Supremo ha incluido el recurso en la lista de casos admitidos publicada este lunes.

La ley en cuestión restringe los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para menores transexuales. Numerosos Estados republicanos han aprobado leyes similares en contra de la terapia de “afirmación de género”, con lo que la trascendencia del caso es enorme. La doctrina del Supremo, que tiene una mayoría conservadora de seis jueces a tres, servirá para aplicarse en todo el país. El actor Elliot Page es uno de los 57 transexuales que se sumaron a un escrito de alegaciones en favor de la revisión de la ley por parte del Tribunal Supremo.

Mientras los Estados demócratas han aprobado leyes de protección de los derechos transexuales, los republicanos han promovido normas que limitan no solo los tratamientos médicos, sino que se extienden también a la participación en los deportes escolares, el uso de los cuartos de baño o incluso la representación de espectáculos por parte de personas transexuales. En los tribunales federales ante los que se han presentado impugnaciones ha habido fallos en sentido contrario, con lo que corresponderá al Supremo unificar la doctrina.

En abril pasado, la mayoría conservadora del Supremo avaló temporalmente una ley de Idaho que prohíbe el tratamiento de los jóvenes trans en dicho Estado y contempla un castigo de hasta 10 años de prisión para los médicos que suministren hormonas, realicen cirugías o proporcionen terapias de cambio de sexo a los menores de 18 años. En aquella ocasión se trató de una decisión cautelar, mientras se tramitaban los recursos presentados contra la norma, que había sido suspendida por un juez. Los magistrados conservadores decidieron que mientras se resolvían los recursos, la ley debía aplicarse. Las tres juezas progresistas votaron en contra de la decisión.

En el caso de la ley de Tennessee admitido ahora, los tribunales inferiores habían suspendido su aplicación, pero el Tribunal de Apelacciones del Sexto Circuito judicial de Estados Unidos, con sede en Cincinnati (Ohio), permitió que se siguiera aplicando. Lo mismo ocurrió con otra ley similar aprobada en Kentucky.

En su recurso, para tratar de demostrar la violación del principio de igualdad por la prohibición de los tratamientos, los servicios jurídicos del Gobierno de Biden subrayan que “la ley deja los mismos tratamientos totalmente sin restricciones si se prescriben con cualquier otro fin”. “Así, por ejemplo, a un adolescente cuyo sexo asignado al nacer es masculino se le puede recetar testosterona para ajustarse a una identidad de género masculina, pero a un adolescente asignado al nacer como femenino no se le puede recetar testosterona para ajustarse a una identidad de género femenina”, añade.

Prohibiciones generalizadas

“La intervención de este Tribunal es urgente porque la ley de Tennessee forma parte de una oleada de prohibiciones similares que impiden a los adolescentes transgénero obtener la atención médica que ellos, sus padres y sus médicos han llegado a la conclusión de que es necesaria”, indicaba el recurso, presentado en noviembre pasado. “A pesar de que dicha atención se ha proporcionado a los adolescentes durante décadas, en los últimos tres años otros 18 Estados han adoptado prohibiciones categóricas como la de Tennessee. Esas leyes, y las decisiones judiciales contradictorias sobre su validez, están creando una profunda incertidumbre para los adolescentes transgénero y sus familias en todo el país, e infligiendo daños particularmente graves en Tennessee y otros Estados donde se ha permitido que las leyes entren en vigor”, añadía.

La promulgación de leyes en ese sentido ha continuado desde entonces. Carolina del Sur se convirtió la semana pasada en el 25º de los 50 Estados en aprobar una ley que restringe o prohíbe la atención médica de afirmación de género para menores transexuales, a pesar de que estos tratamientos cuentan con el respaldo de las principales asociaciones médicas.

Al menos 24 Estados tienen leyes que prohíben a las mujeres y niñas transgénero competir en determinadas competiciones deportivas femeninas, según una contabilización de Associated Press, que añade que al menos 11 Estados han aprobado leyes que prohíben a las niñas y mujeres transgénero acceder a los baños femeninos de los colegios públicos y, en algunos casos, de otras instalaciones gubernamentales.

El Tribunal Supremo apenas se ha pronunciado sobre casos relacionados con los derechos trans. En junio de 2020, los jueces sentenciaron que una histórica ley federal de derechos civiles que prohíbe los despidos considerados discriminatorios, por ejemplo por razones de sexo, cubre también a la orientación sexual o la identidad de género y, por tanto, protege a gays, lesbianas y transexuales.