Indignación por el informe de los obispos sobre abusos que recorta el número de casos: “Se están riendo de todas las víctimas”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

───────────

“Esto es demencial. Estamos hartos. Se están riendo de todas las víctimas y supervivientes enmascarados en su celofán cristiano”, dice Juan Cuatrecasas, padre de la víctima de abusos en el colegio Gaztelueta del Opus Dei en Bizkaia y presidente de la Asociación Nacional Infancias Robadas (ANIR). Reacciona así a la noticia, publicada por este diario, de que los obispos españoles excluyeron en su balance sobre el escándalo de la pederastia, publicado en diciembre, al menos 325 casos que sí fueron admitidos por las órdenes y diócesis al Defensor del Pueblo. Esta actitud ha causado conmoción en las víctimas.

Manuel Barbero, el primer padre que denunció los abusos en colegios de maristas de Cataluña y fundador de la asociación Mans Petites, aún sigue sorprendido. “No lo entiendo”, repite. Sobre todo porque entre las 39 órdenes que se han caído del informe y ni siquiera aparecen con casos están los maristas, que incluso llegaron con él y otras 24 familias al primer acuerdo de indemnización colectivo de la lglesia española, cerca de 400.000 euros en 2020. Pero esos casos se han caído de la extraña contabilidad de víctimas que hace la Conferencia Episcopal (CEE). “Yo he colaborado para intentar que salieran unas cifras verdaderas, no para que sacaran ese ñordo como están haciendo. Es de vergüenza”, subraya indignado. El informe episcopal, llamado Para dar luz, solo contaba 806 casos, frente a los 1.460 acusados que se conocen, con al menos 2.608 víctimas, según la base de datos pública de EL PAÍS.

Barbero explica que además él se implicó en la vía que abrió la Iglesia para investigar el escándalo, la auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo en febrero de 2022. Colaboró con su testimonio, y su caso y el del resto de maristas también fueron enviados por la propia orden a la investigación paralela del Defensor del Pueblo. Sin embargo, ahora esta orden ha desaparecido del informe Para dar luz de la CEE: “No comprendo cómo la Conferencia Episcopal encarga a un despacho de abogados que haga un informe, hacen una auditoría completa, porque le aportamos toda la información que teníamos sobre maristas, y luego no lo plasma, no es serio”, reprocha.

Según fuentes eclesiásticas, el informe de los obispos se improvisó para eclipsar precisamente la auditoría de Cremades, que era crítica con la Iglesia y señalaba muchos más casos, un total de 1.382, con 2.056 víctimas. La CEE presentó los dos informes el mismo día, en la víspera del sorteo de lotería de Navidad, sin previo aviso y dando protagonismo al suyo. También Koldo Eslava, víctima de abusos en los maristas de Navarra, está indignado, y esgrime el certificado que le otorgó, con el reconocimiento como víctima, el Gobierno foral, el único que ha emprendido un censo y una atención de los afectados. Pero no existe en las cuentas de la Iglesia: “Me siento triste e ignorado por los obispos, Yo existo”.

Las omisiones del informe tampoco han gustado a algunas congregaciones y diócesis, que ven una “manipulación de cifras” para desacreditar el trabajo de Cremades. “Muchas diócesis están hartas de los fontaneros de la Conferencia Episcopal”, ha señalado un alto cargo de una diócesis. Tras estas quejas, la CEE ha ido actualizado silenciosamente el documento PDF que se puede descargar en la página web de la institución. En las dos últimas semanas ha habido cuatro versiones. La última es de la mañana de este lunes, tras la publicación de la información de EL PAÍS, y los casos contabilizados ya han ascendido de 806 a 888. La CEE no ha aclarado si la desaparición de casos se debe a un error o es una decisión deliberada. Achaca el desfase de recuento respecto al Defensor a “distintas metodologías”. No obstante, esto se contradice con el método que se detalla en Para dar luz, en el que se precisa que los casos “registrados” son todos aquellos que han sido “denunciados, comunicados, puestos en conocimiento o conocidos por la Iglesia, a través de las diversas vías y cauces posibles, al margen de que los hayan sido constatados o probados o no”. Es decir que, como mínimo, deberían estar todos los casos conocidos en la base de datos de este periódico.

Otro de los casos que se han quedado fuera de forma inexplicable, por su eco mediático, es el de los abusos en la abadía de Montserrat, destapados por este periódico en 2019 y reconocidos por la orden benedictina. Miguel Hurtado, activista y primera víctima que denunció estos delitos, afirma que lo ocurrido “demuestra, una vez más, que la Iglesia es incapaz de investigarse a sí misma”. En su opinión, hay un conflicto de intereses: “Los que han encubierto los casos y protegido a pederastas son los que pretenden esclarecer los hechos y que se sepa la verdad”. Hurtado ve “imprescindible que sea el Estado y la justicia civil quienes actúen, y para eso es necesario que los delitos sexuales sean imprescriptibles”. En ese sentido, opina que “el Congreso debe ratificar de forma urgente la propuesta de ley de imprescriptibilidad para los delitos de pederastia que aprobó la semana pasada el Parlament de Cataluña”.

Cuatrecasas describe que las víctimas que representa en su asociación y otras muchas que conoce están cansadas de “palmaditas en la espalda” y que el asunto “no se mueva”. Están en una situación límite. “Hay víctimas que están con unas secuelas terroríficas y todas estas informaciones lo que hacen es ofender y acrecentar el dolor. Están cruzando todos los límites de revictimización, de falta de respeto, de humillación y de ninguneo”, explica. El presidente de ANIR afirma que el camino recorrido por la Iglesia ha atravesado un punto en el que “cuando los obispos pretendan sentarse con las víctimas para hablar de reparación”, estas les cerrarán “la puerta en las narices”.

Las dos asociaciones de víctimas que hay en Navarra también son severas con los obispos: “La CEE en estos momentos no representa a la Iglesia católica, está obrando de forma contraria a lo que predica, se están riendo de nosotros, de las víctimas, que nos hemos ofrecido a charlar de forma cristiana. No piden perdón, ni tienen intención de reparar las graves secuelas que padecemos. Se saltan a la torera las recomendaciones del Papa. Han manipulado las cifras y esto nos hace tanto daño como los delitos que padecimos, ¿dónde está la caridad cristiana?”, opina Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos de la Iglesia Católica en Navarra. Marcos Leyún, presidente de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN), cree que lo ocurrido pone en evidencia a la Iglesia, “frente a la investigación de EL PAÍS, y frente a un informe imparcial como el del Defensor del Pueblo al que directamente se tachó de mentira y de tergiversación de cifras”.