Las ideas de Sanidad para reducir las listas de espera: incentivos a las autonomías que cumplan y tasas a las que no

Entre las muchas tareas de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, una de las principales esta legislatura será dar cumplimiento a la promesa que hizo Pedro Sánchez en su investidura: una ley para rebajar unas listas de espera que llevan años batiendo récords. Se propuso el Gobierno metas muy ambiciosas, con máximos de espera que están muy por debajo de las demoras que sufren ahora los ciudadanos, sin que quede nada claro cómo conseguirlo desde el BOE, teniendo en cuenta que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas.

Se comprometió el presidente a establecer un máximo de 120 para una operación (la media en todo el país son ahora 122, según los últimos datos, aunque uno de cada cinco tiene que aguardar más de seis meses); para consultas externas especializadas, el compromiso es un tope de 60 días (la media está en 95), mientras que las pruebas deberán tardar un máximo de 30 días, algo que hoy Sanidad no audita.

En un artículo que publicaba este periódico en noviembre, varios expertos en gestión sanitaria debatían cómo se podría conseguir. Apuntaban algunos a crear incentivos para las comunidades que cumpliesen con los límites establecidos y penalizaciones para aquellas que tuvieran demoras por encima de lo que marca la ley. Y por ahí van las ideas que maneja el Ministerio de Sanidad, a tenor de lo publicado por el secretario de Estado, Javier Padilla, que estuvo el fin de semana reflexionando sobre ello en la red social X.

Advierte Padilla de que no son anuncios del ministerio, sino meras ideas, y su departamento confirma que “todavía no hay nada concreto” sobre la mesa; pero sí pueden apuntar por dónde irá esta nueva ley que, según él mismo, “no hace magia, sino que puede ser una herramienta que genere efectos (positivos y negativos)”. “¿Se pueden garantizar por ley los límites temporales en las listas de espera de la sanidad pública? Diría que se pueden poner límites que ayuden a garantizar los tiempos de espera”, responde.

Padilla lanza dos “medidas que podrían valorarse”. La primera es crear transferencias de dinero a las a comunidades que establezcan ciertas medidas de gestión para reducir las listas de espera. La segunda, una especie de penalización que él define como un “autoincentivo”, una suerte de “tasa” para quienes incumplan los umbrales de demora establecidos, que debería revertir en programas que reduzcan las esperas.

Antes de llegar ahí, el gran problema al que se enfrenta Sanidad es que los datos de listas de espera son incompletos y están anticuados desde el mismo momento en el que nacen. No se miden todos los procesos, solo las primeras citas en algunas especialidades y las demoras para las operaciones. El ministerio los publica dos veces al año, cuando recopila los de todas las comunidades. La última cifra, de noviembre, se refería a las listas de espera que había en junio. Las siguientes estadísticas, de diciembre, no se conocerán hasta la primavera.

A esto se suman las constantes denuncias de las asociaciones de defensa de la sanidad pública sobre cómo las listas se pueden maquillar al antojo de las administraciones regionales, con derivaciones a la privada o esperando hasta la cita del anestesista para empezar a contar la espera. Lo primero sería, pues, conseguir un sistema más ágil y fiable, como existía por ejemplo en la vacunación contra la covid: cada día se conocía cuántas personas habían recibido una dosis, de qué medicamento, cuál era su franja de edad…

La propia ministra García hizo referencia a esto el lunes en una entrevista en la cadena SER: “Tenemos una ley de listas de espera del año 2003 y hay que actualizarla. Lo que puede hacer una ley es garantizar determinados tiempos de espera para determinadas patologías y dar transparencia y tranquilidad. No es lo mismo cuando te empiezan a contar el tiempo desde que te ve el cirujano y te pone en lista de espera, que cuando vas a atención primaria, te manda una prueba, al especialista, al anestesista, al cirujano. Soy consciente de que no hay una transparencia óptima para poder poner soluciones, pero sí para poder hacer un buen diagnóstico, porque si las comunidades de alguna manera esconden los datos porque hay que salir bien en la foto, pero los pacientes por detrás están esperando, no podemos hacer un buen diagnóstico, y, por tanto, no podemos hacer un buen tratamiento”.

El último barómetro sanitario del CIS, publicado este jueves, indicaba que un 58% de los pacientes ha tenido que esperar más de una semana para ser atendido por su médico de cabecera “porque no había cita antes”. Un 42% ha sufrido una demora de entre uno y tres meses para ver al especialista y un 34,7% ha superado ese lapso. Un 21,1% indica que cuenta con seguro privado y, de ellos, la mayoría lo ha contratado por la rapidez con el que le atienden (76,5%). Son cifras muy similares a las de anteriores ediciones de esta encuesta, que se publica tres veces al año.

Es otra aproximación al problema, pero tampoco lo analiza en detalle ni a tiempo real. El primer paso sería, por tanto, mejorar el sistema estadístico para conseguir una foto fidedigna de cuánto tienen que esperar los españoles para ser atendidos en la sanidad pública. A partir de ahí, Padilla cree que habría que centrarse en lo que llama esperas inasumibles: “Las mayores de 60 días y las esperas inadecuadas para la gravedad concreta de procesos urgentes/graves”.

Y aquí entran en juego los incentivos y la suerte de penalizaciones (o autoincentivos), ya que son las comunidades autónomas las que tienen los medios para reducirlo. De hecho, un real decreto, en vigor desde 2011, ya establece unos tiempos máximos de 180 días para cirugías cardíacas, de cataratas, prótesis de rodilla y cadera, que no siempre se cumplen.

Jaime Pinilla, profesor titular de Métodos cuantitativos en economía y gestión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, apuntaba a EL PAÍS, ha estudiado cómo han intentado mejorar las listas de espera otros países. Y mientras que las leyes con topes a menudo han fracasado, los incentivos sí han dado buenos resultados, por ejemplo, en los países escandinavos.

Para la mejora de todo el sistema, Padilla también habla de crear un “benchmarking ligado a la acción”, es decir, buscar las mejores prácticas en cada comunidad para sacar aprendizajes en las demás. Comenta en este sentido un sistema que puso en marcha Asturias, un observatorio de la salud (OBSA) inspirado en un modelo de la Universidad de Wisconsin que recopila toda una serie de datos que incluyen determinantes sociales para generar evidencia de cómo mejorar la salud y la calidad de vida. En la web del OBSA, sin embargo, no se actualizan datos más allá de 2019.

Esta labor es la que tiene encomendada en toda España la Agencia Estatal de Salud Pública, un compromiso que adquirió el ministro Salvador Illa en plena pandemia y cuya tramitación parlamentaria quedó paralizada por la convocatoria de elecciones anticipadas.

Preguntadas por EL PAÍS, las consejerías regionales de sanidad no han entrado a valorar estas ideas. Tan solo Murcia ha criticado que el Gobierno de Sánchez “no haya hecho nada” por mejorar las listas de espera tras la pandemia y ha asegurado a través de una portavoz que “llega tarde para dar respuesta a las necesidades reales del sistema sanitario”.