Euskadi acuerda un marco para prevenir los casos de abusos sexuales a menores y reparar a las víctimas

El Parlamento vasco ha aprobado por unanimidad un informe para la prevención, verdad y reparación en los casos de abusos sexuales a menores que las víctimas celebran como “un gran paso adelante” que pone fin a décadas de “vacío institucional y social que ha rodeado a esta violencia”. “Nadie nos veía, no existíamos. Ahora hemos dejado de ser invisibles”, afirma Iñigo Zabala, que siendo niño sufrió abusos sexuales por parte de su padre. El informe establece la necesidad de contar con una ley integral vasca de infancia y adolescencia que proteja a las personas que padecen esta problemática y configura un marco de actuaciones dirigidas a detectar y perseguir con más eficacia los casos que se produzcan en el futuro.

El trabajo iniciado en mayo de 2019 en la comisión de Derechos Humanos e Igualdad de la Cámara de Vitoria, reunida en 32 ocasiones durante cuatro años, ha culminado con la aprobación de un estudio que pretende acabar con el “silencio impuesto” a los menores víctimas de abusos sexuales y reconoce “la verdad de lo padecido por todos ellos”. “Sabemos lo que ha supuesto para muchas de ellas tener que reabrir la herida una y otra vez, esperamos que con este informe y las propuestas y compromisos que vayan a emanar de él sientan una parte de la respuesta institucional que llevan tiempo esperando”, señala el acuerdo parlamentario tras recibir el testimonio de más de 60 víctimas, especialistas y juristas.

La realidad de los abusos sexuales en Euskadi revela que solo el 10% de los casos denunciados llegan a enjuiciarse. El resto se quedan archivados, normalmente por falta de pruebas porque “el testimonio del menor no es concluyente o no es considerado válido”. Estudios recientes muestran que entre el 10% y el 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso de este tipo. Alrededor del 84% de los abusadores son conocidos en mayor o menor grado por los menores afectados, se recoge en este estudio.

Juan Cuatrecasas, padre del joven que siendo menor sufrió abusos sexuales de un profesor del colegio del Opus Dei de Bizkaia, afirma que “es necesario seguir luchando contra el silencio que ha existido en torno a este problema y que muchas veces ha sido impuesto precisamente por los pederastas y sus entornos”.

El informe del Parlamento autónomo, aprobado en pleno este jueves, aboga por “acabar con este silencio”, sacar a la luz los casos que se han dado y activar medidas para que no se vuelvan a producir. Los grupos parlamentarios recomiendan actualizar y mejorar los protocolos que atienden esta problemática con la implicación de todos los ámbitos de la administración pública, y se cita a la escuela, la sanidad, los servicios sociales, la Ertzaintza y la justicia.

En uno de sus apartados se hace referencia a las víctimas de la Iglesia, a la que se le solicita un “reconocimiento del daño ocasionado”. A las instituciones religiosas y seglares se les plantea que deberían analizar “la justicia restaurativa” y, en su caso, “la puesta en marcha de indemnizaciones” económicas. Cuatrecasas, que preside la asociación Infancia Robada, pide que la Conferencia Episcopal Española (CEE) “empiece a hacer los deberes” porque un sector de la Iglesia pone “palos en la rueda” pese a que el Papa Francisco ha pedido “tolerancia cero” ante estos abusos. Precisamente, la CEE ha anunciado este viernes que está trabajando en la elaboración de un plan de reparación integral a las víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia que incluye indemnizaciones económicas.

Euskadi se compromete a crear “un registro específico sobre víctimas de abuso sexual en la infancia” que no existe en la actualidad. Este registro tendría que recoger “datos anonimizados”, tales como “el área de la que procede la notificación, la sanitaria, la escolar, la familiar, el tipo de abuso sexual que se ha notificado, el territorio histórico en el que se ha dado a conocer, así como el estado en que se encuentra y nivel de intervención”.

También aboga por abrir en las tres capitales vascas juzgados de instrucción especializados en estos delitos, “siguiendo el modelo del Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria”, así como “impulsar estructuras judiciales y fiscales especializadas en violencia contra la infancia que se encarguen de las causas penales por delitos cometidos contra niños y adolescentes”.

“Es un informe completo y muy positivo, aunque puede tener alguna carencia”, opina Cuatrecasas, quien anima a otros parlamentos regionales a tomar ejemplo del paso que han dado los legislativos de Navarra y el País Vasco. “Tratamos de acabar con el silencio para que de una vez se sepa y haya una concienciación social de que [la pederastia] es un problema que ha existido y probablemente seguirá existiendo”, dice ante los periodistas. Y confía en que estas medidas sirvan para que “las víctimas, en vez de tener un palo en la rueda, tengan una alfombra roja cuando denuncian”.

El informe recomienda asimismo “establecer un sistema público de acceso universal para un tratamiento terapéutico debidamente especializado” que atienda a niños, adolescentes y personas adultas que fueron víctimas.