El Defensor del Pueblo entregará al Congreso su informe sobre la pederastia en la Iglesia el próximo viernes

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El Defensor del Pueblo ya ha puesto fecha de entrega del informe sobre pederastia en la Iglesia católica española que hace un año y medio le encargó el Congreso de los Diputados: el próximo viernes. Un portavoz de la institución ha precisado a EL PAÍS que el titular de la entidad, Ángel Gabilondo, ofrecerá una rueda de prensa ese mismo día, cuando informará sobre los datos más importantes que presumiblemente incluye el documento: el número de víctimas, el de los acusados, la relación de fechas y lugares donde sucedieron los hechos y, sobre todo, el papel que jugó la jerarquía eclesiástica para encubrir, silenciar y tapar estos delitos. También detallará la batería de propuestas legislativas que contiene el documento, especialmente las referentes a la reparación de las víctimas y la prevención de estos crímenes. Queda en el aire cuándo será la presentación oficial del informe que hará Gabilondo ante el Parlamento. El encargo de esta investigación al Defensor, la primera oficial en España, se aprobó en el Congreso con una gran mayoría, con la única oposición de Vox.

La fecha de entrega ha sido una sorpresa. A pesar de que Gabilondo informó desde un principio de que antes de que acabara la legislatura comparecería para informar sobre los avances de la investigación, se creía que los trabajos de la comisión iban a durar más tiempo. El defensor ha tardado en elaborar su informe 14 meses, desde julio de 2022, cuando conformó la comisión independiente, hasta comienzos de octubre de 2023. Si se compara la investigación oficial española con la de otros países, la del defensor ha sido mucho más breve. Australia se demoró cinco años en realizar su estudio y Francia, que calculó en 330.000 el número de víctimas, tres años.

Gabilondo constituyó dos equipos para poner en marcha el proyecto: uno compuesto por psicólogos asalariados para la escucha de las víctimas y otro de 17 especialistas y tres miembros de la oficina del Defensor, el mismo Gabilondo y sus dos adjuntas, para analizar los casos y elaborar el informe. El resto de integrantes son asesores externos del ámbito profesional y académico, con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y en victimología. Entre ellos, destacan Miguel García-Baró López, catedrático de Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas y coordinador del Proyecto Repara —oficina de atención a víctimas de abusos de la Archidiócesis de Madrid—; María Jesús Raimundo, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado; Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y coautor del informe Abusos sexuales en la Iglesia Católica: análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional y la también coautora del mismo informe Gema Varona, profesora de Victimología y Política Criminal en la Universidad del País Vasco.

Atención a las víctimas

En este tiempo, más de medio millar de víctimas ha acudido a la institución para denunciar los abusos que sufrió cuando era menor de edad por parte de un clérigo o miembro de la Iglesia. El defensor habilitó varios canales de atención —un mail, un teléfono y una oficina presencial en Madrid— y también creo una unidad móvil para desplazarse por toda España para entrevistar a decenas de afectados. Un portavoz del organismo público explica que se seguirá ofreciendo esta atención a las víctimas durante un tiempo más, aunque considera que estos nuevos casos no modificarán significativamente las conclusiones del informe final.

El Defensor también solicitó a EL PAÍS los cuatro informes que entregó en el último año a la Conferencia Episcopal Española y al Vaticano, con más de 500 casos inéditos, y también la base de datos de la investigación sobre la pederastia que este periódico impulsó en septiembre de 2018 y que se alarga hasta la actualidad. En esa base de datos es la única que informa públicamente de la contabilidad del número de casos de abusos sexuales en la Iglesia católica española, que a día de hoy alcanza a los 1.036 acusados y 2.206 víctimas.

La colaboración de la Iglesia, a pesar de la insistencia del Defensor, ha sido limitada: ni ha abierto sus archivos ni ha entregado documentación detallada de los casos que conoce. El pasado marzo, Gabilondo solicitó por carta a los obispos que le enviasen todas las denuncias de las que tuviera conocimiento. Semanas después, la Conferencia Episcopal Española entregó seis tomos al Defensor con 728 casos y miles de páginas con los protocolos de prevención y actuación que seguían sus diócesis, pero no informaba de datos claves, como son los nombres de los acusados.

Precisamente, la entrega del informe del Defensor coincide con el retraso de la auditoría sobre pederastia en la Iglesia que, paralelamente, la Conferencia Episcopal Española (CEE) encargó hace 18 meses al bufete Cremades & Calvo-Sotelo. De hecho, hace una semana la CEE dio un ultimátum de 10 días al despacho de que, si no entraba el informe prometido, esta entenderá que ha incumplido el contrato. El acuerdo establecía un período de ejecución de los trabajaos de 12 meses. Javier Cremades, presidente de la empresa, respondió este miércoles que no acatará el plazo impuesto ahora por los obispos y que la auditoría llegará a la Iglesia en diciembre, aunque se ha comprometido a entregar próximamente un resumen ejecutivo.

Está previsto que en la presentación de esta auditoría, que la Iglesia española siempre se negó a poner en marcha, también se aporte cifras del número de víctimas y la propuesta de un modelo de reparación para que las diócesis y órdenes religiosas paguen indemnizaciones a las víctimas. No obstante, Cremades adelantó a este diario que el número de víctimas serán varios miles y que la proposición para indemnizar será la misma que sigue la Iglesia alemana, basada en un proceso de reconocimiento en el que se estudia cada testimonio y luego un tribunal arbitral establece las cuantías. Los rangos que están abonando los prelados alemanes giran en torno a los 50.000 euros.