Una veintena de víctimas de pederastia denuncia a la Compañía de Jesús de Bolivia por encubrir las violaciones

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El escándalo de pederastia arrincona a la Compañía de Jesús en Bolivia. Medio año después de la publicación del diario del jesuita español Alfonso Pedrajas, ya fallecido, en el que admitía haber abusado de decenas de niños bolivianos gracias a la protección de sus superiores —lo que ha desencadenado una cascada de acusaciones contra una decena de sacerdotes en el país latinoamericano—, una veintena de víctimas ha denunciado este martes a la Compañía por encubrimiento, por proteger a los clérigos pederastas y silenciar a los afectados. Los demandantes, antiguos alumnos de varios colegios jesuitas que padecieron las agresiones sexuales entre 1972 y 1995, ya habían denunciado independientemente a sus agresores hace meses. Ahora, han interpuesto una grupal contra el actual provincial de la orden en Bolivia, Bernardo Mercado, “en calidad de máxima autoridad” de la institución. Los denunciantes acusan a la Compañía de ser autora “por omisión” de los delitos de violación a menores, ya que durante años tuvo conocimiento de los abusos sexuales que se producían y no hizo nada para frenarlos. Esta es la primera denuncia grupal de víctimas contra la orden en el país latinoamericano.

A pesar de que el código penal boliviano indica que los delitos de pederastia prescriben cuatro años después de que la víctima haya cumplido la mayoría de edad, el abogado de los denunciantes, José Luis Gareca, señala que los casos de pederastia cometidos por los jesuitas y su encubrimiento son “delitos de lesa humanidad”, considerados “imprescriptibles” por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas de 1998. “El artículo 7 de este estatuto establece que los crímenes de lesa humanidad tienen que haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático y tienen que ir dirigidos contra una población civil, como sucedió en el caso de los denunciantes”, dice Gareca.

La denuncia, presentada en la Fiscalía de Cochabamba, se apoya en la investigación que este periódico realizó sobre el diario que escribió Pedrajas, conocido entre sus alumnos como Pica, entre 1964 y 2006. En sus páginas escribió arrepentido sobre las agresiones sexuales que había cometido contra al menos 85 niños y de cómo varios altos cargos de su orden miraron hacia otro lado cuando este les relataba lo que hacía. También detalla que le protegieron cuando varias víctimas denunciaron ante la Compañía los abusos que sufrían.

Algunos de estos antiguos provinciales (puesto de mayor categoría de los jesuitas en Bolivia) son Ramón Alaix y Marcos Recolons, ambos españoles que, como Pedrajas, viajaron a Bolivia como misioneros. Recolons, además de ser un amigo cercano de Pedrajas —según aprecia este en su diario—, llegó a ocupar un alto cargo en el Vaticano entre 2004 y 2008. En total fueron siete superiores y una decena de otros clérigos los que, según las memorias de Pedrajas, encubrieron sus delitos.

A la noticia de Pica le siguieron otras publicaciones donde nuevas víctimas acusaban a otros jesuitas españoles de pederastia en colegios. Principalmente en el Juan XXIII de Cochabamba, centro donde Pedrajas fue director durante dos décadas y donde más víctimas suyas han aflorado. Pero también de otros colegios de Oruro, Santa Cruz y Sucre. En algunos de estos casos, los afectados denuncian que contaron lo sucedido a varios responsables y superiores de la orden, pero que, lejos de ser escuchados, fueron amenazados y castigados. Los jesuitas acusados son Antonio Gausset (español ya fallecido), Luis Tó (español ya fallecido que en 1992 fue trasladado a Bolivia tras una condena por abusar de una niña en Barcelona), Alejandro Mestre (español ya fallecido que llegó a ser arzobispo de La Paz y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana), Jorge Vila (español ya fallecido y fundador de la asociación humanitaria DNI), Lucho Roma (español ya fallecido), Carlos Villamil (boliviano ya fallecido y subdirector del Juan XXIII), Francisco Pifarré (director del Juan XXIII) y Francesc Peris (español y profesor del Juan XXIII en 1983, acusado también de abusar de niñas en Barcelona hasta 2005). La orden, tanto la de Bolivia como la de España, nunca denunció ante las autoridades civiles cuando, por primera vez, tuvo conocimiento de estos casos de abusos.

El grupo de víctimas recuerda en la denuncia que la Compañía de Jesús ha reconocido en varios comunicados publicados en los últimos meses que supo de estos abusos y que no hizo nada. “Reconocemos que, en el pasado, algunas actuaciones al respecto no han correspondido a la dimensión del delito perpetrado; por ello debemos pedir perdón. Pero de nada serviría reconocerlo si no actuamos ahora a la altura de las circunstancias”, dice uno de ellos. La primera actuación de los jesuitas fue apartar cautelarmente a ocho sacerdotes que ocuparon el puesto de provincial, cinco ejercieron el cargo durante los años en los que Pedrajas cometió los abusos y otros tres lo hicieron tras su muerte. La Compañía afirma que continúa investigando internamente todos estos casos de abusos.

Para los denunciantes, dice su abogado, el silenciamiento de la orden y la impunidad con la que actuaron los pederastas “ha dado lugar a una conducta institucional de permisividad delincuencial” en la que cientos de niños cayeron “en las garras de depredadores sexuales, pederastas y pedófilos que se dieron la tarea de escribir diarios, tomar fotos, filmar a sus víctimas”. También subrayan que la justicia civil “de ninguna manera puede ser reemplazada por el derecho canónico” que hasta la fecha emplea la Iglesia para gestionar internamente muchos de estos casos, y donde los agresores purgan “sus penas’ y ‘sus errores’, vía confesiones y sanciones propias de ‘traslado’ para evadir la sanción penal”.

Varias investigaciones en marcha

El tsunami que provocó la publicación del caso Pica obligó a la Conferencia Episcopal Boliviana a poner en marcha una investigación general de los casos de pederastia del pasado y al presidente del Gobierno, Luis Arce, a escribir al papa Francisco para que le remitiese desde el Vaticano todos los archivos sobre los casos de pederastia cometidos por clérigos en el territorio boliviano. Una petición que aún está a la espera de cumplirse. Arce también presentó el pasado mayo en la Asamblea Legislativa boliviana una proposición de ley para hacer imprescriptibles los delitos de pederastia y crear una comisión de la verdad para investigar todos los casos del pasado. Esta iniciativa aún se encuentra en tramitación parlamentaria. En paralelo, el Senado boliviano inició otra comisión de investigación exclusivamente sobre los casos de pederastia eclesial en el país.

La Fiscalía boliviana también continúa con las indagaciones para esclarecer tanto las agresiones cometidas por Pedrajas como por otros clérigos que han sido denunciados en los últimos meses. El Ministerio Fiscal del país latinoamericano ya cuenta con una copia del diario y con documentación interna de la Compañía de Jesús que encontró después de que la policía registrase varias dependencias de la orden en La Paz, donde se encuentran su sede y parte de sus oficinas.