El presidente de Bolivia propone hacer imprescriptibles los delitos de pederastia y crear una comisión de la verdad

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha registrado en la Asamblea Legislativa boliviana un anteproyecto de ley “de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes [menores de hasta cinco años], niñas, niños y adolescentes” para hacer imprescriptibles los casos de pederastia en el país latinoamericano. “La multiplicidad de actos de violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes que se ha dado en nuestro país es de suma gravedad, que empeora por la posición de cuidado, educación o resguardo que ocupaban los autores en su condición de sacerdotes, maestros o cuidadores, inclusive pertenecientes a órdenes religiosas de reconocido prestigio”, se lee en un comunicado gubernamental publicado este sábado. Uno de los puntos clave de esta iniciativa, que aún debe pasar el trámite legislativo hasta ser aprobada definitivamente, es la creación de una comisión de la verdad para investigar casos concretos y que elabore un informe “a fin de evitar la impunidad y aportar a la reparación del daño causado” a las víctimas. La noticia llega tras el terremoto mediático que ha causado en Bolivia la publicación por parte de EL PAÍS del diario secreto del jesuita español Alfonso Pedrajas, conocido como Pica, quien admitió haber abusado de decenas de menores y relató cómo la congregación le protegió.

En el diario, Pedrajas expresa la culpa de las agresiones sexuales que cometió entre 1964 y los años noventa. “Hice daño a mucha gente (¿a 85?), a demasiados”, escribe en una de sus últimas entradas, en 2008. De sus 384 páginas puede extraerse que hasta siete provinciales y una decena de clérigos bolivianos y españoles encubrieron sus delitos y las denuncias de algunas de sus víctimas. Entre ellos se encuentra Marcos Recolons, jesuita catalán que escaló en la jerarquía de la Compañía de Jesús hasta llegar a Roma como consejero cercano del superior general, Adolfo Nicolás. También cuenta que se siente miedo a ser descubierto y se avergüenza de sus delitos, aunque siempre se refiere a ellos como “pecados” o enfermedad”. Nunca describe los abusos, que hoy sus víctimas cuentan como una película de terror.

Tanto los relatos de las víctimas como la impunidad con la que actúo este jesuita ha prendido la mecha para que varios grupos de activistas feministas hayan salido a la calle en los últimos días para protestar. En La Paz, el jueves por la noche, varias decenas de personas se presentaron frente a la sede de la Conferencia Episcopal Boliviana, donde hicieron una pequeña hoguera y quemaron fotografías del cura pederasta. También pintaron la fachada del edificio con frases como: “Curas violadores fuera de Bolivia” o “Pedófilos”. Leyeron un manifiesto donde exigían la expulsión de la Iglesia de los colegios y citaron los nombres de los clérigos acusados hasta ahora en Bolivia. Estas concentraciones se repitieron en Sucre, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, en esta última se hallaba el colegio Juan XXIII, donde más víctimas han aparecido hasta el momento. “Con sotana o sin sotana, te vas para la cana [cárcel]”, fue uno de los cánticos que se oyeron en las protestas.

El anteproyecto de ley presentado por el presidente de Bolivia, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala: “Las personas que, siendo infantes, niñas, niños o adolescentes, fueron víctimas de cualquier delito contra la libertad sexual que hubiera prescrito o así hubiese sido declarado por resolución judicial tienen el derecho al esclarecimiento de la verdad y de las circunstancias de los hechos delictivos”. La iniciativa sigue a una sucesión de reacciones desde que se reveló la confesión de Pedrajas, quien abusó de menores en varios centros de la Compañía de Jesús en Bolivia. En menos de dos semanas, los acontecimientos se han precipitado en el país: la orden apartó cautelarmente a ocho de sus ex altos cargos por encubrimiento, la fiscalía general boliviana inició una investigación sobre el asunto y el procurador anunció que pondría en marcha una investigación de todos los casos de abusos en la Iglesia de Bolivia.

“Esta noticia es lo que nos ha hecho ver que había que hacer algo. El Estado es también responsable y debe velar por los ciudadanos”, ha afirmado a EL PAÍS Wilfredo Chávez, procurador general de Bolivia, perteneciente al partido MAS (Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales). El anteproyecto de ley justifica la celeridad de la reforma penal ante “la alta vulnerabilidad de las víctimas, quienes por distintas circunstancias se ven en la imposibilidad de obtener justicia”, especialmente, según subraya el texto, si los delitos han prescrito y eso conduce a una revictimización. “El hecho no se esclarece y hasta queda la sospecha sobre su acaecimiento, llegando incluso a culpabilizarse a la propia víctima”, consta en el anteproyecto.

Diario de un cura pederasta

Un jesuita español abusó de decenas de niños en Bolivia. Encubierto por la Iglesia, dejó escrito un insólito testimonio. Reconstruimos su historia de la mano de víctimas y allegados

En una entrevista a este periódico concedida hace una semana, el procurador general afirmaba que el caso de abusos de Pedrajas, tanto los delitos sexuales como el encubrimiento, no había prescrito, ya que estos concretamente “se asimilan”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a un delito de tortura, y este “es un delito de lesa humanidad que no prescribe”. Este argumento de la Corte Interamericana, subrayan fuentes judiciales bolivianas, estaba sujeto a la interpretación de los jueces y ahora, con este anteproyecto de ley, los magistrados “tendrán que aplicar la imprescriptibilidad a todos los casos de pederastia”.

Uno de los puntos más contundentes del documento es “el derecho al esclarecimiento de la verdad”. Por ello, las nuevas medidas proponen que, en el momento en el que una víctima “decida ejercer su derecho a la verdad en la vía judicial”, el proceso podrá realizarse “en ausencia del presunto autor”, es decir, si este ha muerto. También que, en el caso de que se demuestre la existencia del delito, la sentencia dispondrá “las medidas de reparación, resarcimiento y reivindicación [el reconocimiento de la víctima como tal] que se estimen convenientes”. La duración máxima del proceso “no podrá ser superior a 12 meses”.

Del mismo modo, el Estado boliviano se compromete “a otorgar en todo momento (antes, durante y después del hecho de violencia) servicios gratuitos e integrales de asistencia” a las víctimas, entre ellos, acompañamiento, tratamiento psicológico y psiquiátrico especializado y asistencia médica.

La comisión realizará un informe

El anteproyecto de ley también puntualiza quiénes serán las personas que integrarán la comisión de la verdad. Tendrá 11 miembros, todos son cargos públicos: el ministro de la Presidencia, el ministro de Justicia, el ministro de Gobierno, el presidente del Senado, el residente de la Cámara de Diputados, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Consejo de la Magistratura y el presidente del Tribunal Constitucional, el fiscal general, el procurador general y el defensor del pueblo. Entre los integrantes no hay especialistas independientes del ámbito de la psicología o sobre las agresiones sexuales a menores, ni tampoco miembros de asociaciones de víctimas. No obstante, la comisión puede “elaborar y suscribir convenios con entidades técnicas especializadas” para realizar los trabajos.

Las decisiones de la comisión, subraya el documento, “tendrán carácter vinculante para todos los órganos del Estado”. Entre sus funciones están la de reunir antecedentes que permitan identificar a las víctimas, convocar y recibir sus testimonios, también de sus familiares, agresores o encubridores mediante entrevistas o audiencias. La comisión podrá solicitar información a entidades públicas o privadas y disponer medidas de reparación, resarcimiento y reivindicación a favor de la víctima, entre otras. También se cita que “los servidores públicos y las personas particulares” tienen la obligación de colaborar y facilitar el acceso a información y documentación.

En este punto, la colaboración de la Iglesia es clave, ya que en sus archivos se pueden encontrar procesos canónicos que internamente se hayan realizado en el pasado, pero también documentos que prueben el encubrimiento de estos delitos y de los traslados de los agresores con el objetivo de acallar las denuncias de las víctimas.

La comisión, además, realizará un informe, aunque no se precisa la fecha de entrega, sobre el problema, especialmente en instituciones públicas y privadas. Este contendrá una memoria sobre el contexto social, económico y cultural de las víctimas cuando ocurrieron los hechos, una relación de los casos investigados y unas recomendaciones finales.

El informe se publicará digitalmente y se presentará en un acto público, “respetando el derecho a la reserva de la identidad de las víctimas”. El mismo, así como la documentación física y digital que utilizará la comisión durante su investigación, será entregado a la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con “criterios de confidencialidad, conservación y seguridad de todo el material”.