La Fiscalía de Violencia sobre la mujer propone analizar no solo los asesinatos consumados, sino también los intentos

Cuando un hombre asesina a su pareja, o a la que lo fue, el sistema se activa para analizar cada uno de los detalles que puedan conocerse: si había o no denuncias previas, órdenes de alejamiento o protección, si tenían hijos o hijas, dónde vivían, si él tenía licencia de armas, la situación económica que, en ocasiones, supone un obstáculo para las víctimas, si existían situaciones de adicciones o si ella era dependiente de la pareja por algún motivo como puede ser una discapacidad. Cualquier cosa que pueda ayudar a las instituciones en mejorar los mecanismos por los que se detecta, se previene y se protege a las mujeres, se estudia desde hace años a distintos niveles y desde distintas instituciones. Y, además, desde finales del pasado año, se hace de forma conjunta entre autonomías, Ministerio de Interior, Justicia e Igualdad en los llamados comités de crisis. En el último, el de este lunes, Teresa Peramato, la fiscal de Sala de violencia sobre la mujer, propuso un eje de investigación más: que no solo se analicen las circunstancias de los asesinatos consumados, sino también la de los intentos de feminicidio.

En España, desde 2003, la estadística oficial de asesinatos por violencia machista se actualiza y se hace pública con cada uno de esos crímenes, alcanza ya los 1.226; no se conoce, sin embargo, el número de intentos que no llegan a consumarse. “Y es alto”, dice Peramato al teléfono. Según datos de la Fiscalía, en 2022 hubo 50 asesinatos por violencia machista y 37 feminicidios intentados; en lo que va de año, son 42 los hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas y otros 26 lo han intentado. “Cuando analizamos los feminicidios consumados contamos con la información que se desprende de los procedimientos judiciales y de la información que pueden aportar las distintas instituciones, pero no contamos con la voz de las víctimas”, explica la fiscal.

O no siempre. Porque aquí entra además en juego la cuestión de si existen o no denuncias previas. En un asesinato, “si existen denuncias previas o la mujer había acudido a pedir ayuda o información a alguna institución como servicios sociales o las oficinas de víctimas, el sistema cuenta con información”, ahonda Peramato. Si eso nunca ocurrió, el vacío puede ser prácticamente total. Y en torno a las denuncias como tal, es lo más habitual, según datos de la Fiscalía. En 2022, de los 50 feminicidios, 22 constaban ya en el sistema, el 44%; en lo que va de 2023, solo existen en ocho de los 42, en un 19%. Y en cuanto a los intentos, de los 37 del pasado año, 19 sí tenían (51%); y en los que se han producido hasta ahora en 2023, consta denuncia en ocho de 26 casos (30,7%).

Si el asesinato se produce y las víctimas no constaban de ninguna forma en el sistema, la información sobre el contexto y las circunstancias se pierde; sin embargo, en los intentos, aun cuando no hubiese denuncias previas, sí existirá información posterior a través de los procedimientos que se inician en torno a ese delito grave, y es esa información la que Peramato, este lunes, propuso que también se analizara durante los comités de crisis. Lo hizo durante el transcurso de ese comité, convocado por el Ministerio de Igualdad tras los siete asesinatos de agosto, una reunión que desde finales del pasado año se activa cuando en un mes se producen cinco o más feminicidios.

Cree que “esa información será de vital importancia para alcanzar el objetivo de estos comités, que es detectar fisuras o fallos en la acción de los diferentes agentes implicados para mejorar la respuesta institucional en los ámbitos de detección, prevención y protección de las mujeres y de sus hijos e hijas víctimas de la violencia de género”.

Así, la información con la que cuentan las instituciones se extenderá para mejorar a futuro las herramientas. “Nos podrán decir por qué razón no denunciaron o no acudieron a las instituciones; por qué se apartaron del procedimiento judicial o abandonaron los recursos; por qué reanudaron la convivencia con el agresor y si acudieron a recursos no formales y en qué consistieron”, explica. Algo para lo que, matiza, “no es necesario contactar de nuevo con la víctima ni volver a interrumpir su vida y su recuperación”, porque cuando se habla de intentos se cuenta con la información derivada del propio proceso.

Preguntas para detectar las grietas del sistema

“Se tiene la declaración de la víctima en el procedimiento judicial, ya que lo hace una vez sale del hospital y se recupera. Respetando sus tiempos y su espacio, es el momento en el que puede aportar mucha luz. Los informes periciales, los de las unidades de valoración forense integral, los de los equipos psicosociales. Y esas preguntas, como el por qué no denunció, no son ni se hacen nunca para culpabilizar, sino para que las instituciones comprendan cada vez mejor el funcionamiento de esta violencia y dónde puede haber grietas”, ahonda.

Esta propuesta, cree Peramato, podrá activarse en un corto periodo de tiempo. “En la reunión ayer hubo consenso, tanto a la ministra [Irene Montero] como a la delegada del Gobierno [Victoria Rosell] les pareció una buena idea y no creo que haya ningún problema”. Ahora, esa proposición tendrá que llevarse a la conferencia sectorial que es la que tiene competencias para decidir sobre el contenido que se trata en los comités. En el de este lunes se analizaron los siete feminicidios consumados de agosto, “pero hubo además cinco intentados, y en julio, otros tres”, enumera Peramato. “Cuanta más información podamos tener, mejor podremos trabajar para erradicar esta violencia estructural, esta realidad”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 52 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.