Los obispos temen la factura económica de la pederastia: solo han indemnizado a un 10% de las víctimas conocidas

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Las indemnizaciones a víctimas de pederastia son el elefante en la habitación que la Iglesia española sigue fingiendo que no ve: ni anuncia cuál es su plan de reparación ni se muestra preocupada por sus posibles efectos económicos. Tampoco da información sobre cuánto ha pagado en las últimas décadas, obligada por sentencias civiles o en acuerdos extrajudiciales con víctimas. Pero el tiempo para seguir ignorando la cuestión se agota. El camino señalado por las iglesias de Francia, Alemania y Estados Unidos —donde la diócesis de San Francisco se ha declarado en bancarrota para afrontar las indemnizaciones a las víctimas— inquieta a los obispos españoles. Sobre todo, en las diócesis con menos recursos, que piden una respuesta a la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre cómo sufragar las futuras reparaciones en sus territorios. En principio, las habrá: el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo debe entregar en unas semanas el informe de la auditoría sobre abusos sexuales que la CEE le encargó hace 18 meses. Entre las recomendaciones que le haga, figurarán las compensaciones económicas. No se sabe, sin embargo, las cuantías que propondrán los abogados ni qué procedimiento se establecerá para cobrarlas.

Las 70 diócesis españolas y las órdenes religiosas no informan sobre los procesos de reparación a víctimas que han seguido hasta el momento. Los únicos datos disponibles, extraídos de sentencias judiciales o de los casos que han salido a la luz, muestran que la Iglesia ha pagado, al menos, 2,1 millones de euros a 230 víctimas que sufrieron abusos por 53 pederastas. Es decir, solo ha indemnizado al 10% de las 2.183 víctimas que se conocen (el número de acusados es de 1.021), según la base de datos de este periódico, ya que todavía no hay una contabilidad oficial.

La gran mayoría de las multas resarcidas ―no se sabe si por el condenado de su bolsillo o por la orden o diócesis a la que pertenece― lo han sido en cumplimiento de una sentencia judicial. Solo en cuatro casos la Iglesia figura en las sentencias como responsable civil subsidiaria. Pero esto es solo un cálculo: además, hay constancia de que la Iglesia ha pagado a víctimas en otras cinco ocasiones en procesos extrajudiciales o dentro de sus tribunales eclesiásticos.

Las cuantías que se han abonado en España de las que se tiene noticia oscilan entre los 675 euros y los 73.000 por víctima. La jerarquía eclesial gestiona con secretismo los casos que conoce, y también las cantidades que maneja, así que es imposible saber a cuánto asciende la factura total. Un juez eclesiástico, que prefiere guardar su anonimato por posibles represalias, afirma que en los noventa y comienzos de los 2000 los obispos “utilizaban los fondos reservados de sus diócesis para pagar el silencio de las víctimas”, casos que no aparecen reflejados en ninguna contabilidad interna. Del mismo modo, las diócesis tampoco informan de los juicios eclesiásticos que instruye en sus tribunales, ni tampoco de las reparaciones que dictan en sus sentencias.

El secretario de la CEE, César García Magán, aseguró el pasado marzo en rueda de prensa que no le constaba la existencia de “una sentencia canónica que haya determinado una indemnización económica”. No obstante, el juez eclesiástico responde que él ha dictado “al menos dos desde 2021 donde la diócesis fue condenada a pagar 50.000 euros en cada caso”. Algunas órdenes, como los jesuitas, negocian con los afectados a través de un tarifario regido por la “gravedad” del abuso: hasta 5.000 euros, leve; hasta 10.000, media; hasta 15.000, alta. También es frecuente que obliguen a la víctima a firmar cláusulas de silencio, una medida prohibida por el derecho canónico.

La falta de transparencia de la institución dificulta averiguar la magnitud del impacto económico que tendrá el escándalo. Para empezar, porque aún no se sabe cuántas víctimas hay, pero todos los cálculos pasan del millar documentado con creces. Pero también porque no se sabe qué está dispuesta a reparar y reconocer la Iglesia española. Lo que sí está claro es que a los obispos les preocupa la cuestión y la factura de la pederastia y los modelos seguidos por la jerarquía eclesial de otros países plantean una amenaza económica considerable para la institución, desde la quiebra de las diócesis en EE UU a la venta de patrimonio en Francia, o al desembolso de cantidades millonarias en Alemania. “Lo que más miedo les da a los obispos es el tema económico. Están muy asustados con lo que se está pagando en otros países”, dice un cargo de una diócesis española, que prefiere no dar su nombre.

Ejemplos internacionales

La Iglesia estadounidense ha afrontado el problema de las reparaciones con dos estrategias. Una es la de la diócesis de San Francisco, obligada a declararse en bancarrota para mantener su actividad económica y afrontar las demandas. La ley de quiebras de EE UU permite en este sentido que la diócesis u orden acumule todas las demandas en un solo tribunal y pueda negociar un acuerdo general, en lugar de enfrentarse a cada caso individualmente. La segunda estrategia es resolver las reparaciones con acuerdos extrajudiciales. Por ejemplo, la archidiócesis de Los Ángeles, en California, pagó en 2007 unos 660 millones de dólares (más 554 millones de euros) a 500 víctimas, casi un millón de dólares a cada afectado. Las cantidades son enormes y rebasan con creces los 320 millones de euros que, por ejemplo, percibieron este año las 70 diócesis españolas por la casilla de la Renta.

A diferencia de EE UU, donde los delitos de pederastia son imprescriptibles en 21 de los 55 estados, en España la mayoría de los casos han prescrito, por lo que las víctimas no tienen ninguna posibilidad de reparación, salvo que la Iglesia quiera hacerlo voluntariamente. Para ello, pueden abrir una investigación amparada por el derecho canónico, en el que estos delitos no prescriben. No obstante, este se archiva si el acusado ha fallecido o si el obispo considera que “no hay pruebas suficientes”, algo que es habitual en estos casos.

Alemania muestra el camino de otro modelo. Para hacer frente a la prescripción civil y también al archivo de las causas, los obispos alemanes han establecido un proceso de reconocimiento en el que se estudia cada testimonio y luego un tribunal arbitral establece las cuantías, que llegan hasta los 50.000 euros.

La comisión que realiza la auditoría encargada por la Iglesia española a Cremades debate proponer este modelo a los obispos para que lo apliquen en España, aunque sin precisar las cantidades. “Vamos a recomendarlo, una especie de ventanilla única y que organicen un sistema”, dijo el pasado marzo a este periódico el presidente del despacho, Javier Cremades. Si se extrapola al millar de víctimas admitidas de momento por la Iglesia —este periódico las contabiliza en 2.183 y Cremades en “varios miles”— el monto ascendería como máximo a 50 millones de euros. Pero como se ha comprobado en los últimos años en España, aún asoma la punta del iceberg del problema y el número de víctimas que denuncian su caso sigue creciendo, y con ello el número de posibles indemnizaciones.

Otra de las claves es cómo pagará la Iglesia estas reparaciones. La memoria anual de actividades de la Conferencia Episcopal Española de 2021 cifra los ingresos finales en más de 49 millones de euros (1.142 millones de euros de ingresos menos 1.093 millones de gastos). Cabe destacar que la mitad de los recursos que recibe la Iglesia son de aportaciones de fieles (más de 310 millones en 2020) y de la asignación tributaria (237 millones en 2020). Son donaciones finalistas, es decir, aportaciones que conllevan la voluntad expresa del donante de destinarlas a una finalidad concreta: los servicios pastorales de la Iglesia, el sostenimiento de sus trabajadores y la amplia labor social que realiza. Por lo que la institución no puede utilizar estos recursos para pagar indemnizaciones.

Ante esta misma situación se ha enfrentado la Iglesia francesa, el tercer modelo. Allí, la jerarquía eclesial, tras publicar en 2021 el informe interno que estimaba en 330.000 las víctimas de abusos, planea ahora vender su patrimonio para fijar un fondo común y hacer frente a los pagos de las reparaciones. Este puede ser otra acción que pueden emular los obispos españoles.

Otro modelo es el de Australia, cuyo Gobierno creó en 2018 un Plan Nacional de Indemnización para que se adhirieran a él instituciones benéficas y religiosas. Este plan consistía en la creación de un comité de expertos que decide la cantidad que debe recibir cada víctima y luego la institución correspondiente desembolsa ese dinero. En 2020, se realizaron 2.504 pagos, de media cada afectado recibió casi 82.000 dólares (unos 71.000 euros).