Desmantelada en Alicante una red que prostituyó a 21 personas captadas en Colombia con falsas ofertas de trabajo

Amanda (nombre supuesto) aceptó un puesto de ayudante de cocina en España. Soñaba con salir de la precaria situación en la que vivía en su país, Colombia. Una agencia de viajes tramitó su pasaje y la documentación que le permitía volar como turista. Pero todo era falso. Las promesas, el trabajo, los papeles y hasta la agencia de viajes. Al llegar a Alicante, la coaccionaron para obligarla a prostituirse y saldar la deuda que, supuestamente, había contraído con la organización criminal que la había captado, que sumaba intereses y gastos que nada tenían que ver con su actividad.

En régimen de semiesclavitud, encerrada en un piso del que solo salía para ir a burdeles que funcionaban 24 horas al día, siete días a la semana y sin permiso para salir a la calle. Amanda logró finalmente escapar y llegar hasta el aeropuerto Miguel Hernández, donde contó su historia a la Policía Nacional. La investigación derivada del testimonio concluyó el pasado 13 de junio con la liberación de 20 víctimas más, tanto hombres como mujeres, con edades comprendidas entre los 22 y los 55 años. Nueve personas fueron detenidas como integrantes de una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Los dos principales cabecillas han ingresado en prisión.

La historia de “absoluta explotación”, según fuentes policiales, narrada por Amanda activó el protocolo de protección de la víctima y el arranque de la operación Kitty, que recayó sobre la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de Alicante y la brigada de Extranjerías y Fronteras de Elche. Los agentes descubrieron que Amanda había caído en manos de una organización criminal liderada por un hombre y gestionada por una mujer, los dos encarcelados, que disponía de seis inmuebles repartidos por la ciudad de Alicante, todos en buenas condiciones de salubridad.

Uno de ellos era la residencia del cabecilla, otros servían de domicilio de las víctimas y el resto, de prostíbulos divididos en habitaciones individuales. En todos ellos, en algún momento, se ejercía la prostitución, incluso en la casa principal, con habitáculos de lujo para clientes de mayor poder adquisitivo.

La gran experiencia criminal del líder de la trama había logrado dar fluidez al negocio. Tras captar a las víctimas, las encerraba y las obligaba a adecuarse a los gustos de los clientes, que llegaban a exigir que los hombres se hicieran pasar por mujeres transexuales y viceversa. Todos los gastos, desde el viaje inicial a la manutención, pasando incluso por la ropa o las pelucas que utilizaban para los servicios, corrían a cargo de las personas sometidas a explotación, que eran obligadas a firmar contratos de alquiler de las viviendas para blanquear los ingresos de la trama, de hasta 21.000 euros al mes, según la investigación policial.

En esta cifra también se incluía la caja de la agencia fraudulenta de viajes que gestionaba los traslados. Mientras las víctimas eran forzadas a someterse a todo tipo de prácticas sexuales, aisladas, sin posibilidad de descanso ni de pisar la calle, los delincuentes residían en viviendas de lujo y conducían vehículos de alta gama, cuenta la Policía.

La historia de Amanda, que logró escapar en un descuido de los proxenetas del que las fuentes prefieren no dar detalles, condujo hasta la detección de todos los inmuebles del grupo criminal y de nuevas víctimas. El pasado 13 de junio, la operación desembocó en seis registros y nueve detenciones. Los presuntos integrantes de la red, cuatro hombres y cinco mujeres de nacionalidades española y colombiana y edades comprendidas entre los 27 y los 52 años, están acusados de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros que favorecen la inmigración irregular, delitos relativos a la prostitución y falsedad documental.