El polémico ‘influencer’ Andrew Tate se sentará en el banquillo por violación y tráfico de personas
La Fiscalía de Rumanía cree que la celebridad constituyó un “grupo criminal organizado” que operaba en su país, Estados Unidos y Reino Unido
El polémico influencer británico-estadounidense Andrew Tate, de 36 años, se enfrenta a hasta 13 años de cárcel después de que la fiscalía rumana contra el crimen organizado ampliara la lista de cargos por presunta implicación en una red de explotación sexual de mujeres y oficializara su envío a juicio. El excampeón británico de kickboxing está acusado, junto con su hermano Tristan y dos mujeres rumanas, de formar un grupo delictivo dedicado al tráfico de personas, violación continua, acceso ilegal a un sistema informático, alteración de la integridad de los datos informáticos, palizas y otros tipos de violencias. “Se averiguó que, a principios de 2021, los cuatro acusados constituyeron un grupo criminal organizado de trata de personas en Rumania, pero también en otros países como Estados Unidos y Reino Unido”, indicó este martes la Fiscalía en un comunicado.
En los últimos años, Andrew Tate se hizo famoso por streamings regados con comentarios soeces, racistas y misóginos en los que hacía ostentación de su riqueza. Tate mantuvo el pasado diciembre un intercambio de mensajes de Twitter con la activista Greta Thunberg, lo que pudo ayudar a averiguar dónde se hallaba. El exdeportista, que se trasladó a vivir a Rumania en 2017, pretendía burlarse de la activista exhibiendo su colección de coches de lujo altamente contaminantes, a lo que Thunberg respondió poniendo en duda su hombría con mensajes que cosecharon millones de likes en las redes sociales.
En el comunicado, la Fiscalía afirma que “las personas agraviadas fueron captadas por ciudadanos extranjeros que las engañaron sobre la intención de establecer una relación de matrimonio/concubinato y la existencia de unos sentimientos reales de amor (método loverboy)”. Posteriormente, se transportó a las víctimas y alojó en inmuebles en el condado de Ilfov donde, a través de actos de violencia física y coerción psíquica (mediante intimidación, vigilancia constante, control e invocando supuestas deudas), miembros del grupo las exploraron sexualmente, obligándolas a realizar grabaciones pornográficas para producir y difundir los materiales a través de algunas plataformas de redes sociales”, prosigue el texto. De las siete víctimas, tres se han personado como parte civil en el proceso penal.
La Fiscalía señala que, en marzo de 2022, una víctima fue obligada por uno de los imputados ―mediante el ejercicio de violencia física y presión psíquica― a mantener relaciones sexuales de forma reiterada que fueron grabadas en dos vídeos. Además, subraya que, en octubre de 2021, uno de los inculpados accedió ilegalmente al sistema informático de uno de los perjudicados y publicó en las redes sociales materiales que le mostraban en poses comprometedoras.
Asimismo, la institución detalla que, en octubre de 2021, una de las víctimas, que se negó a continuar grabando materiales pornográficos y solicitó salir del edificio, fue golpeada por uno de los acusados, que fue instigado por otro encausado.
Los fiscales han formalizado la confiscación de los bienes de los dos hermanos: 15 terrenos, casas y apartamentos de lujo, 15 automóviles ―valorados en varios millones de euros― y 14 relojes de lujo, dos lingotes de oro, una medalla y acciones de cuatro empresas. También pretenden requisar 86.580 lei rumanos (17.444 euros), 52.650 euros, 17.430 dólares (15.971 euros) y 10.370 libras esterlinas (1.151 euros) y la cantidad de 21.080.508 bitcoins, existentes en monederos de criptomonedas (aproximadamente 352.688 euros); además de obligar a los demandados a pagar algunos gastos legales adelantados por el Estado, que ascienden a 300.000 lei (60.445 euros).
Arresto domiciliario
Los fiscales propusieron mantener la medida cautelar de arresto domiciliario de los cuatro imputados, que fueron detenidos a finales de diciembre, y que serán ahora enjuiciados en el Tribunal de Bucarest. Se desconoce cuándo se iniciará el proceso, que puede llevar años. Un juez ahora tiene 60 días para examinar el expediente del caso antes de que sea enviado a juicio de manera definitiva. Precisamente este martes, los jueces y fiscales de todo el país, incluido el Tribunal de Apelación de Bucarest y la Fiscalía Anticorrupción, han anunciado que a partir del miércoles suspenderán su actividad y darán comienzo a una de las mayores protestas de los últimos años por su desconformidad con los cambios a la legislación especial de pensiones.
