El provincial de los jesuitas de Bolivia declara ante la Fiscalía por el caso del diario del cura pederasta

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El provincial de los jesuitas bolivianos, Bernardo Mercado, ha declarado en condición de testigo ante la Fiscalía del país andino por el caso de pederastia de Alfonso Pedrajas, el jesuita española que admitió en un diario secreto que abusó de decenas de menores y de cómo la órden lo encubrió durante cuatro décadas. “Estamos en el firme propósito de colaborar con la justicia y muestra de ello es que estoy acá para presentar los requerimientos que han hecho llegar a mi despacho”, ha dicho Mercado antes de entrar para declarar ante la fiscal que lleva el proceso, Patricia Zenteno.

El caso del diario de este cura, conocido como Pica, ha sacudido a Bolivia durante la última semana. Tras la publicación de la historia por EL PAÍS, los jesuitas bolivianos han apartado a ocho ex altos cargos, la Conferencia Episcopal Boliviana ha pedido perdón y el Ministerio Público ha abierto una investigación. Esta última, para revelar quiénes, dentro de la orden religiosa, encubrieron a Pedrajas, fallecido en 2009. Este viernes, la policía boliviana ha informado de que acudirá a la Interpol para conocer el paradero de los superiores jesuitas apartados, con nacionalidad española y boliviana, y para asegurarse de que no han huido de Bolivia.

El “sacerdote pederasta” como lo llama la prensa boliviana, confesó que había atacado sexualmente a sus alumnos y que había relatado estos crímenes a sus superiores y colegas jesuitas en un diario personal que, tras su muerte, fue encontrado por su sobrino Fernando Pedrajas en Madrid, donde enviaron las pertenencias del religioso tras su muerte. El relato del cura fue confirmado por los testimonios de cinco víctimas. Pese a que las actividades criminales de Pedrajas eran conocidas por las cúpulas católicas bolivianas, nunca se le detuvo ni se le procesó.

La orden, además de suspender a ocho provinciales -cinco ejercieron el cargo mientras vivía Pica, y otros tres lo ocuparon tras su muerte- también presentó el miércoles ante la policía una “denuncia genérica”, basada en el reportaje de EL PAÍS. En cuento a la iniciativa de la policía de solicitar información a la Interpol, la abogada de los jesuitas, Audalia Zurita, ha descartado que eso haya ocurrido y ha asegurado que todos estarán a disposición de las autoridades cuando estas lo requiriesen. La mayor parte de estos sacerdotes ya son octogenarios.

La asociación de exalumnos del colegio Juan XXIII, que fue el principal escenario de los delitos de Pica, reveló que estos eran conocidos por los jesuitas desde hace mucho tiempo y que varios estudiantes y sacerdotes que los denunciaron terminaron siendo expulsados, sancionados o sobornados para evitar que se produjera un escándalo.

Lo mismo ocurrió con la denuncia de Fernando Pedrajas de 2022, que no fue tomada en cuenta por los responsables de la orden hasta que el reportaje sobre Pica apareció en EL PAÍS. La prensa boliviana ha publicado la ruta que siguió la denuncia e identificado a algunos de los sacerdotes que la desestimaron, pese a la instrucción del papa Francisco de actuar de manera proactiva en estos casos.

Las víctimas de Pedrajas se están organizando para exigir una “reparación integral” por lo que sufrieron a temprana edad y marcó definitivamente sus vidas. Trascendió que, sin embargo, temen que la notoriedad del caso termine por revictimizarlos.

El alcalde de la capital administrativa de Bolivia, La Paz, Iván Arias, que estudió en el Colegio Juan XXIII, declaró que Pedrajas es un “Judas” que traicionó la obra de esta institución, la cual “salvó la vida” de muchas personas, entre ellas, a él mismo. Por su parte, el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, tuiteó que “los crímenes cometidos por el sacerdote pederasta, protegido por sus superiores, deben ser castigados. Las víctimas deben recibir una reparación integral. El Estado debe garantizar protección a los menores en todos los centros de formación, más allá de quien los administre”.

El internado estaba dedicado a educar a los niños más brillantes de la educación pública, que provenían de familias pobres. Pasó a manos de la Compañía de Jesús en los años 70 y se cerró en 2008. Pedrajas, que asumió como subdirector del Colegio en 1972, aprovechó la vulnerabilidad económica de estos estudiantes para convertirlos en víctimas de lo que llamaba su “enfermedad”.