El Defensor del Pueblo ha recogido ya testimonios de 445 víctimas de abuso de menores en la Iglesia española

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La comisión de investigación sobre los abusos de menores en la Iglesia que el Congreso encargó al Defensor del Pueblo el pasado mes de marzo ha recogido en nueve meses de trabajo “445 testimonios de víctimas”, según revela el informe anual de la institución, presentado esta mañana en la Cámara baja. Hasta ahora la Conferencia Episcopal (CEE), que ha negado durante años que conociera casos en España, solo ha admitido 220 denuncias en 2021 y 506 en 2022. La contabilidad que lleva este periódico sobre todos los abusos conocidos en la Iglesia a través de los medios y sentencias judiciales, la única existente en España en una base de datos abierta, señala en este momento 910 acusados y 1741 víctimas.

Es la primera vez que el Defensor, Ángel Gabilondo, informa al Congreso del ritmo de los trabajos, pues su primera comparecencia fue en junio, antes de que arrancaran los trabajos en julio, y en esa ocasión se limitó a explicar sus planes. En el informe, Gabilondo confirma que la investigación va para largo, sin plazos fijados y, de hecho, no terminará en esta legislatura. Continuará en la siguiente, bajo el nuevo Gobierno que salga de las urnas, aunque este año entregará un informe del estado de los trabajos, antes de las elecciones.

El Defensor también anuncia que ha comenzado ya a solicitar “la colaboración de distintos estamentos de la Iglesia católica y esperamos poder contar con ella en breve”. Esta es una de las claves de la cuestión, pues se desconoce hasta dónde compartirán órdenes y diócesis la información de los casos que conocen, que nunca han querido revelar. El pasado mes de septiembre Gabilondo explicó que aún no había empezado a pedirles datos, pero adelantaba que no veía “mucho entusiasmo” por parte de la Iglesia.

“La información que tengamos la daremos y la que no tengamos también. Diremos también quién no nos ha dado información. Si de las 70 diócesis nos contestan 32, diremos ‘estas 32 nos han respondido y estas 38 no’”, ha precisado Gabilondo, este lunes, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, tras entregar el informe anual de la institución.

Gabilondo ha explicado que se han dirigido a las 70 diócesis pidiéndoles su colaboración y explicándoles, en un par de folios, “en qué sentido podría ser eficaz su colaboración” y están “empezando a contestar” aunque por ahora son “pocos”.

Colaboración de EL PAÍS

En cuanto a la cooperación externa en la investigación, el Defensor añade en su informe: “Quiero agradecer, en este punto, la valiosísima colaboración que el diario EL PAÍS nos está prestando en este trabajo”. La investigación del Congreso se puso en marcha tras la publicación en diciembre de 2021 de un informe de este diario con acusaciones contra 271 clérigos y seglares, que fue entregado al Papa y al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Durante el año siguiente, otros dos informes han elevado esta cifra a 500 acusados.

El informe anual del Defensor del Pueblo, que recoge la labor de la entidad en muchos ámbitos, no da muchos más detalles sobre la investigación de los abusos y le dedica unas pocas páginas. Simplemente constata que en el equipo están “satisfechos con el ritmo de llegada de los testimonios y con la cantidad de víctimas que se han dirigido a nosotros”. “Pero lo que realmente nos importa y preocupa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, con seriedad, con discreción y con confidencialidad”, añade.

La investigación oficial aprobada por el Congreso -con el único voto negativo de Vox y la abstención de UPN- nació de forma simultánea a la que encargó en febrero la Conferencia Episcopal Española (CEE) al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. Un año después, emergen las diferencias entre ambas. Solo 150 personas se han puesto en contacto con la de la Iglesia, que ya ha aclarado que su prioridad no es la atención a la víctimas y no tendrá una investigación propia de casos y cifras del fenómeno, aunque ya ha anunciado que habrá “varios miles de víctimas”. Se centrará en el análisis de lo ocurrido y proponer recomendaciones, que no son vinculantes. Un equipo de cuatro abogados entrevista a los afectados, la mayoría de las veces por teléfono. Su objetivo era concluir el trabajo en un año, aunque el bufete lo ha ampliado seis meses más, a septiembre o incluso octubre.

Por su parte, el Defensor del Pueblo ha creado una unidad de atención a las víctimas, formada por siete profesionales especializados en la escucha de víctimas de abusos (psicólogos, juristas, criminólogos y trabajadores sociales), y dos administrativos. Sus objetivos son tanto atender a las víctimas como recoger datos para la investigación. Se han ido desplazando por España para recoger los testimonios en persona y hasta ahora han viajado a Barcelona, Sevilla, Pamplona, Zaragoza, Vigo, Toledo, Mataró y Valencia.

Los canales de contacto que ofrece el Defensor del Pueblo a las víctimas que quieran colaborar en la investigación con sus testimonios son los siguientes: el correo electrónico atencionvictimas@defensordelpueblo.es y el teléfono gratuito 900 111 025. También dan cita presencialmente en un local que la entidad ha alquilado en Madrid para este cometido —su ubicación no es pública para proteger la intimidad de los supervivientes—. Del mismo modo, se puede escribir a la dirección postal de la institución: calle Zurbano, 42, 28010, Madrid.

La investigación del Defensor se apoya en otras dos patas para la elaboración del informe final, una comisión asesora de veinte expertos, que se ha reunido en seis ocasiones, y un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas, donde aportan sus puntos de vista y que ha mantenido dos encuentros.