Vitoria rechaza un centro para 350 refugiados

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido rehabilitar una antigua clínica de Vitoria, en desuso desde hace 10 años, y transformarla en un centro de acogida de refugiados con 350 plazas. Esta semana se ha conocido que el plan del Gobierno de España está muy avanzado. Ya ha licitado las obras de remodelación por 14,1 millones de euros y espera que el nuevo centro esté en funcionamiento en julio de 2024. Todo iba en calma hasta que los responsables de las principales instituciones vascas concernidas, todos ellos del PNV, han puesto el grito en el cielo. El Ayuntamiento de la capital vasca, la Diputación alavesa y el Gobierno vasco han rechazado el proyecto. “No casa” con el modelo vasco de integración; va a favorecer la “guetización”; se va a convertir en “un repositorio de personas”, critican desde las filas nacionalistas. Los socialistas vascos, asociados con aquellos, defienden las intenciones del ministerio. La polémica está servida y toma visos de trasladarse a la pugna electoral.

La clínica Arana se abrió en 1957. Este antiguo hospital en el que nacieron miles de vitorianos se reconvirtió 20 años después en un geriátrico y desde 2013 se encuentra sin uso. Presenta un mal estado de conservación, la maleza se ha adueñado de las instalaciones, los grafitis decoran sus paredes... El edificio (13.000 metros cuadrados construidos) pertenece ahora al patrimonio inmobiliario de la Tesorería de la Seguridad Social. El ministerio que dirige José Luis Escrivá quiere restaurarlo y habilitarlo como un centro de acogida de protección internacional (CAPI). Esta vieja residencia de Vitoria se incluye en el plan ministerial de creación de 17 centros propios con una capacidad total de 6.100 plazas de acogida (5.700 más que las actuales) tras una inversión global de 215 millones de euros del plan de recuperación, transformación y resiliencia que impulsa el Ejecutivo de Sánchez.

“Repositorios de personas”

En cuanto se ha conocido el nuevo destino elegido por la Secretaría de Estado de Migraciones para la residencia Arana, las instituciones vascas controladas por el PNV han abierto un frente contra el proyecto de acogida de refugiados. El primero en oponerse ha sido el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran: “Este tipo de centros parecen más repositorios de personas que no favorecen el objetivo último de integrarles en la sociedad”. El portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, mantiene la misma línea crítica: “El centro de Vitoria no casa bien con la política de integración” vasca. Con argumentos parecidos, la titular de la cartera de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, incide en que “el modelo vasco que apuesta por la integración huye de macrocentros que pueden propiciar la guetización”.

El Gobierno vasco viene reclamando desde hace varios años la cesión de la competencia de inmigración y asilo. El lehendakari Urkullu recibió a mediados de octubre pasado en su residencia oficial al ministro Escrivá, a quien trasladó, entre otras cuestiones, el traspaso de la gestión de las políticas de migración. Este asunto estuvo sobre la mesa en sendos encuentros mantenidos a finales del año pasado por las consejeras Olatz Garamendi (Gobernanza Pública y Autogobierno) y Artolazabal. “Lo importante es la transferencia. El proyecto del centro de refugiados de Vitoria es secundario”, opina el portavoz Zupiria. Esta polémica se suscita cuando las solicitudes de protección internacional han batido su récord en 2022 en España, según la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

Artolazabal, que en próximas fechas dejará su responsabilidad en el Gobierno vasco para presentarse como cabeza de lista del PNV a la alcaldía de Vitoria, ha enviado una carta esta semana al ministro para pedirle información sobre el controvertido proyecto. El regidor Urtaran ha reconocido que en julio pasado fue informado de los planes previstos para la clínica Arana. La Delegación del Gobierno en el País Vasco asegura que la construcción del centro de refugiados seguirá adelante, pese al malestar y las críticas de los nacionalistas: “Las competencias en materia migratoria son estatales, como corresponde con un fenómeno en el que las políticas han de alinearse con otros Estados de la UE”, afirma el socialista Denis Itxaso, quien agrega: “El proyecto de Vitoria ha venido precedido de un diálogo con las administraciones vascas”.

El centro de acogida proyectado en Vitoria nace marcado por la polémica. Es uno de los ocho de similares características que la Secretaría de Estado de Migraciones contempla en el territorio nacional, además de otros centros de primeras llegadas previstos en Canarias y otros dos en la península. El que se creará en la capital vasca está concebido para que las personas acogidas permanezcan un periodo de entre seis meses y un año, y reciban alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente, asesoramiento jurídico, orientación para encontrar un empleo...

El Gobierno central ofreció este inmueble en 2018 a la Administración vasca para crear un recurso destinado a personas migrantes en tránsito. Aquella propuesta fue rechazada, según Artolazabal, porque “el centro es demasiado grande” para esos fines y porque el edificio “está afectado por aluminosis”. Cuando el ministerio ha dado ahora el paso de destinarlo a atender a personas que buscan refugio y asilo en España, el Gobierno vasco argumenta que está fuera de lugar y “no conjuga”, dice la consejera, con el modelo de atención individualizada que quiere dar a este colectivo. Euskadi dispone de tres albergues con 170 plazas en total, ubicadas en Tolosa, Oñati y Berriz. Las asociaciones Cáritas y Zehar Errefuxiatuak, que trabajan en este ámbito, desconocían que se iba a erigir un centro con 350 plazas en Vitoria y se muestran contrarios a su apertura.

El delegado del Gobierno socialista en Euskadi lamenta el lenguaje empleado por dirigentes institucionales para referirse al proyecto. Itxaso afirma que términos como “macrocentro”, “guetización” o “repositorio de personas”, empleados por los nacionalistas para oponerse al proyecto del ministerio, “solo contribuyen a deteriorar la convivencia, no responden a la realidad del sistema de acogida y ensombrecen la modélica solidaridad desplegada por la sociedad española y vasca” ante la llegada de refugiados que huyen de Siria, Afganistán y Ucrania, entre otros lugares.

La polémica traspasa la pelea institucional y alcanza al ámbito político y a las relaciones que mantienen el PNV y el PSE-EE, socios en el Gobierno autónomo y en las principales instituciones vascas. Diputados del PNV han pedido explicaciones en el Congreso sobre este asunto. El PP y EH Bildu de Vitoria también se han colocado en contra del proyecto del ministerio. El líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha reaccionado este jueves con dureza a las críticas de los nacionalistas. En declaraciones a Radio Euskadi, acusa a estos de utilizar “un discurso xenófobo y peligroso, muy cercano al de la rancia derecha”. En su opinión, el rechazo del PNV es “claramente electoralista”: “Conocían el proyecto hace meses y no han abierto la boca hasta que nos encontramos a las puertas de las elecciones” municipales y forales.