Cuando la España rural abre sus puertas a los refugiados para salir adelante

Monleras, en el noroeste de Salamanca, es uno de esos municipios en los que la inscripción de un nuevo vecino en el padrón se celebra por todo lo alto en el Ayuntamiento. En el caso de la llegada de los venezolanos Yohalet V. y Edgar P. y sus dos hijos, la alegría se extendió al pueblo entero: “Nos trataron como si nos conocieran de toda la vida. Durante los dos primeros meses tocaban a la puerta para darnos enseres, comida, ropa, mantas... La gente se volcó”, reconoce este matrimonio que huyó en 2018 de su natal Anzoátegui, en el noreste de Venezuela, tras ser perseguidos. Aterrizaron en Madrid y se asentaron hace dos años en este pueblo de 226 habitantes que lucha contra la despoblación. Ella, cuidadora de mayores, y él, repartidor de comida a personas dependientes, desempeñan una labor social relevante en una región envejecida. Menos evidente, pero también fundamental, resulta el hecho de que tengan dos niños, lo que contribuye a que el colegio siga abierto, y a que la panadería cuente con más clientes a los que vender pan o la farmacia, más personas a los que entregar medicamentos.

El asentamiento de personas desplazadas como Yohalet y Edgar en Monleras y en otras zonas rurales de España que pierden habitantes no se produce de forma espontánea. Los Ayuntamientos cuentan con programas para atraer nuevos pobladores y se apoyan en entidades como Convive Fundación Cepaim, que ayuda a los desplazados en los trámites legales e imparte cursos en colaboración con asociaciones locales. Yohalet asistió a varias capacitaciones para formarse en la atención a personas dependientes, al igual que Edgar. Aunque ya vuelan solos, la técnica de Cepaim en Salamanca, Rosa Martín, llama una vez al mes a la familia para asegurarse de que todo va bien. El seguimiento es constante y el esfuerzo por facilitar nuevas vidas a familias de refugiados y migrantes en la España despoblada no cesa.

Los que llegan y los que retornan

El Ayuntamiento de Monleras cuenta con seis viviendas municipales para nuevos moradores, a los que cobra una renta módica. El alcalde del pueblo, Ángel Miguel Delgado, y sus concejales se afanan en la búsqueda de casas vacías, hablan con los propietarios y ejercen de avalistas para que las pongan en alquiler y esto impulse la llegada de más pobladores: “La gente de Monleras tiene una hospitalidad inmensa. Nosotros llevamos de la mano a los que llegan”, afirma el regidor de este pueblo limítrofe con Zamora. Otras dos familias de venezolanos residen en él. Entre las tres aportan cuatro niños al colegio y un adolescente al instituto, en Ledesma, la cabecera de la comarca de Tierra de Ledesma, que comprende 35 municipios: “No solo resulta importante que llegue gente nueva de fuera, sino que no se vayan o que retornen algunos”, explica Delgado. Uno de los matrimonios venezolanos tenía familiares oriundos del pueblo, una forma de retorno.

Edgar, de 41 años, está en plenitud. Conoce la comarca de maravilla. Su día laboral arranca a las 9, cuando carga la furgoneta con bandejas herméticas de comida caliente hecha en el día. Recorre 230 kilómetros para repartir 42 menús a otras tantas personas dependientes en una docena de pueblos. A las 15.30 termina su jornada ordinaria, pero aún dedica dos horas al traslado de mayores en el centro de día y le queda un rato para cuidar del huerto que le ha cedido el Ayuntamiento dentro del programa Huertos Vivos. Su mujer, Yohalet, de 42 años, se mueve solo dentro del pueblo. Atiende a una persona mayor en su casa ocho horas al día. Como cualquier padre, llevan a los niños al colegio, lo que les sirve para relacionarse con el resto de vecinos: “Asan castañas y nos invitan. Queremos aprender sus tradiciones”, afirma Yohalet, que destaca la seguridad de Monleras y que sus hijos reciban educación gratuita de calidad.

Les va tan bien, están tan integrados y contentos de volver a llevar la vida rural a la que estaban acostumbrados en Venezuela, que se han comprado una casa y la están reformando. Cuentan con la ayuda de la madre de Edgar, que vive con ellos. La familia de Yohalet aún está en Venezuela. “Hay muchos pensionistas pero también hay niños, por lo que tenemos futuro por delante”, comenta el alcalde. Nadie deja que muera el pueblo, descrito como dinámico y con iniciativas de emprendimiento y proyecto sociales. La panadería iba a cerrar y han conseguido que se mantenga abierta: “Hemos garantizado un servicio básico, hay pan caliente recién hecho cada día”, afirma el regidor.

Una fábrica de embutidos, centro de empleo

Otro pueblo que se ha beneficiado de la llegada de migrantes es San Pedro Manrique, en el noreste de Soria. En el mismo casco urbano se ubica la empresa de productos derivados del cerdo La Hoguera, que cuenta con 122 trabajadores. Su incesante expansión desde que cuatro amigos la fundaran en 1984 demanda constantemente mano de obra, que se ha cubierto con lugareños y con migrantes del este de Europa, del Magreb, de Sudamérica y del África subsahariana, como Moussa K. y Madiogue D., que proceden de Malí. Aún no tienen el estatus de refugiado, pues implica un largo proceso, pero sí cuentan con la documentación temporal como solicitantes de asilo (la conocida como tarjeta roja) que les permite residir y trabajar en España. Viven junto con otros dos amigos y compañeros de trabajo (uno maliense y otro senegalés) en un piso que les ha facilitado La Hoguera y por el que pagan 100 euros al mes cada uno (algo más cuando llegan las facturas de la luz y el agua). Su nómina asciende a 1.100 euros.

Alba Abelleira, la responsable de Recursos Humanos en la fábrica, reconoce que han crecido gracias a la incorporación de trabajadores extranjeros. Estos nuevos pobladores traen a sus familiares o a amigos, lo que favorece que aguanten más en este pueblo de 655 habitantes. “Tenemos problemas para encontrar personal”, asegura. “He recurrido a entidades como Cruz Roja o Cepaim y nos han presentado a gente con ganas de trabajar”, explica esta madrileña de 34 años, que destaca la guardería gratuita, una escuela para verano, las clases de gimnasia o una asociación de mujeres muy activa como algunos servicios que no todos los pueblos del tamaño de San Pedro ofrecen.

Cómo favorecer el arraigo

María Zabala, oficial de Soluciones Duraderas de Acnur en España, señala la importancia de acompañar a los refugiados y a los pueblos para que experiencias como las de Monleras y San Pedro Manrique prosperen: “Hay que implicar a los alcaldes, los vecinos, las empresas y las propias personas que se trasladan a vivir a estos pueblos”, afirma Zabala. “La vivienda y el trabajo son la clave para que estas iniciativas tengan éxito”, añade.

Abelleira insiste en la importancia de que los trabajadores llegados de fuera vivan con su familia o traben amistad con otros para que no abandonen el pueblo prematuramente. Moussa, que huyó por los conflictos bélicos existentes en Malí, pretende traer a su madre: “Me da igual si el pueblo es grande o no lo es. Lo que me importa es que tengo trabajo y que puedo ganar dinero”, cuenta este maliense de 22 años al que le gusta salir a tomar café con sus compañeros de piso.

Julián Martínez es el alcalde de San Pedro Manrique. Tiene una empresa pequeña de reformas, que cuenta en nómina con tres trabajadores. Lamenta que la ganadería, como actividad económica local, haya caído en los últimos años y algunos comercios hayan cerrado. “Están cambiando los pueblos. La gente prefiere vivir con algo seguro y sin preocupaciones”, afirma, en alusión a los empleos con un salario fijo que ofrece La Hoguera en contraposición a emprender o asumir la gestión de un negocio.

Ambos alcaldes señalan que la falta de vivienda de alquiler en estas zonas rurales que pierden población dificulta la llegada de nuevos vecinos. Sus ayuntamientos llevan ya un tiempo trabajando en facilitar el principio de todo. Las puertas de las casas, y de los pueblos, están cada vez más abiertas.