La cadena de errores que abrió la puerta de la celda al supuesto descuartizador de Lanzarote

Con una televisión Telefunken bajo el brazo y oculto bajo una capucha, unas gafas y una mascarilla, Raúl Díaz Cachón salió el viernes caminando de la prisión de Tahiche de Lanzarote, se dirigió al aeropuerto y poco después tomó un vuelo para Madrid. Es el principal sospechoso de la muerte, el descuartizamiento y la incineración de Romina Celeste, pero había cumplido cuatro años en prisión preventiva, el máximo que permite la ley, aún no hay juicio a la vista, y la Audiencia Provincial de Las Palmas tuvo que autorizar su salida de la cárcel. Menos de una hora después estaba ya en un avión.

De nada sirvió que la investigación policial fuera impecable ni que la primera parte de la instrucción judicial se hiciera en un tiempo récord. La pandemia, las maniobras dilatorias de la defensa y un juzgado poco diligente fueron la mano que abrió la celda pasadas las nueve de la mañana al principal sospechoso de uno de los asesinatos más salvajes y crueles que se recuerdan. El supuesto asesino esperará en libertad un juicio ante un jurado popular para el que todavía no hay fecha debido a que sigue la instrucción del sumario. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha abierto una investigación y ha enviado un juez especial para averiguar las causas del retraso.

Romina Celeste Núñez, de 28 años y paraguaya de nacimiento, fue asesinada el 1 de enero de 2019 en su casa de Costa Teguise, en Lanzarote. El principal sospechoso, su marido, Raúl Díaz, un ingeniero madrileño de 46 años, negó haberla matado y sostiene que se la encontró muerta, pero confesó a la policía que quemó su cuerpo, lo descuartizó y lo arrojó en diferentes puntos de la costa de Lanzarote. De ella solo se encontró un pulmón que apareció en la orilla. Su versión es que temía que le culpasen de su muerte debido a sus antecedentes de malos tratos, pero la fiscalía y la acusación popular piden su procesamiento por homicidio y profanación de cadáver entre otros delitos.

Sin embargo, el asesinato de Romina es el de una cadena de fracasos de las instituciones del Estado, primero para proteger su vida y después para juzgar al principal sospechoso. Antes, porque su muerte viene precedida de varias denuncias de malos tratos desde que eran novios que nunca fueron atendidas. Y después, porque la indiferencia judicial ha permitido que el presunto culpable espere el juicio en libertad, lo que ha indignado a la familia, que sigue perpleja la noticia desde Paraguay.

Entre las medidas de vigilancia impuestas, Raúl Díaz tendrá que firmar todas las semanas en un juzgado, se le ha prohibido salir de España y le han quitado el pasaporte. La abogada de la familia de la mujer, Emilia Zaballos, sin embargo, denuncia que debido a la gravedad de las penas que enfrenta —de 25 a 30 años de cárcel— “el riesgo de fuga es altísimo, ya que para salir de España hacia un país de la Unión Europea ni siquiera te piden el DNI”, se queja. Zaballos pide que el sospechoso comparezca diariamente y no cada semana en el juzgado, que le instalen una pulsera de geolocalización y que se impida el contacto del sospechoso con testigos y amigos que podrían intervenir en el futuro juicio con jurado que se celebrará. “En un tribunal compuesto por un jurado no vale lo que se declare con anterioridad, sino lo que se diga durante el plenario”, explica. “O sea, hay muchos testigos que eran amigos comunes que ahí pueden cambiar sus versiones y podemos llevarnos sorpresas en el juicio”.

La ley de enjuiciamiento criminal recoge claramente que nadie puede pasar en prisión preventiva más de dos años sin que se celebre el juicio. Solo en algunos procesos puede prorrogarse dos años más, como fue este caso, pero cumplido ese plazo debe quedar en libertad. “Hasta el 1 de septiembre de 2020 puedo entender el retraso debido a la pandemia”, señala la abogada de la familia de la víctima, “pero a partir de ahí lo que hay es un cambio de juez y una multitud de pruebas periciales que todas son desestimadas, pero que se demoran muchísimo”. Para Zaballos no se trata de retrasos intencionales “sino fruto de la dejadez o falta de medios”, explica. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidió abrir una investigación y designó como instructor del expediente al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés. “De nada sirve crear leyes para proteger a la mujer si no se inyecta más dinero en la justicia para poder hacer su trabajo”, protesta la abogada.

Según la penalista Ana Madera, “que liberen a alguien después de cuatro años sin juicio es algo bastante más habitual de lo que se cree y puede ser debido a muchísimas cosas: un fiscal de baja, un cambio de juez o retrasos en las pruebas periciales, que es un mal endémico en la administración”, explica. “No es culpa de jueces ni de funcionarios, sino de que los peritos no dan para más y trabajan desbordados. Los peritos de la Guardia Civil son de los mejores del mundo, pero están atiborrados de casos. Una prueba de drogas puede tardar cuatro meses y una caligráfica más de un año”.

“Todo en bolsas, todo en bolsas”

Según la investigación policial y la transcripción de las llamadas interceptadas, la Nochevieja de 2018 el chalet que compartía la pareja en Costa Teguise, uno de los paraísos frente al mar de Lanzarote, se convirtió en la casa de los horrores. Aquella noche la pareja estuvo consumiendo drogas y alcohol en grandes cantidades y después tuvieron una discusión. Según su marido, él se fue de casa durante unas horas y al volver se la encontró muerta. Un día después, el 1 de enero de 2019, Raúl la descuartizó, la quemó y metió los restos de su cuerpo en bolsas y las arrojó al mar.

El día 7 de enero la familia de Romina, desde Paraguay, se puso en contacto con su pareja porque estaban preocupados debido a que no sabían nada de ella. Un día después, su marido denunció su desaparición en comisaría. Ante las sospechas, la Guardia Civil pinchó su teléfono y seis días más tarde escuchó una conversación que pone los pelos de punta y que activó su detención. En ella reconoció que pasó todo el día en la barbacoa quemando partes de su pareja: “Me tiro todo el día quemando a todo trapo y la barbacoa se pone a 350 grados porque la chapa es una especie de horno. Yo no podía estar delante porque no aguanto la situación (....) pero entre la borrachera que llevaba y todo me llego a quedar dormido. El día 2 por la tarde alquilo un coche y el día 3 por la noche tiro una parte en el mar, lo que podía tirar por peso”, recoge la macabra conversación interceptada.