Los retrasos impiden el desarrollo de la eutanasia en Andalucía: “Aquí nadie sabía nada”

Alberto Guzmán no alberga duda alguna de que detrás del retraso de casi seis meses en el proceso de eutanasia que su padre solicitó iniciar el pasado 23 de febrero y que se consumó el 3 de agosto se encuentra la falta de formación y el desconocimiento absoluto de los pasos a seguir por parte de los profesionales del distrito médico al que se dirigió para ejercer su derecho a morir en Andalucía.

Esa ausencia, las dudas de a qué médicos acudir cuando llega la petición de un paciente o qué hacer en caso de una objeción de conciencia generalizada son las principales dificultades de las que advierten muchos sanitarios andaluces involucrados en este procedimiento. La Junta fue la última comunidad, junto con Madrid —tres meses de retraso respecto de lo impuesto en la ley de eutanasia—, en constituir y regular la comisión de garantías, lo que la ha obligado a acelerar la puesta en marcha de los cursos formativos y protocolos.

Una adaptación a contrarreloj que ha provocado dolorosos episodios en pacientes y familias que creían que la nueva norma iba a allanar su camino para descansar de su sufrimiento, y que también ha generado el desconcierto entre los profesionales sanitarios desconocedores del funcionamiento del sistema.

“Hay un déficit en formación y conocimiento”, reconoce Serafín Romero, recientemente nombrado presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación para la prestación la ayuda a morir en Andalucía. “La puesta en marcha de una prestación como esta ha tenido problemas relacionados con el retraso en los tiempos y las dificultades administrativas, pero la experiencia nos está marcando la forma de avanzar”, indica.

Estrella López fue la primera en alertar, en una carta póstuma enviada a la directora de este diario, de los problemas que tuvo que ir sorteando para ejercer el derecho a morir con la intención de evitar ese viacrucis a otras personas. El PAÍS ha tenido conocimiento de otros casos de supuesta mala praxis, algunos denunciados ante el Defensor del Pueblo andaluz —una decena entre particulares y organizaciones, indican desde la institución, entre ellos el de Guzmán― y otros puestos en conocimiento de la asociación Derecho a Morir Dignamente con el objetivo de asesorarse sobre la posibilidad de iniciar acciones legales.

Romero, no obstante, advierte de que en una comunidad de 8,4 millones de habitantes, no todos los supuestos pueden ir bien. Desde que entró en vigor la ley, se han recibido 70 peticiones y la comisión ha estudiado 40, explica. Pero son estos casos en los que el proceso ha sido fluido y acotado a los plazos previstos los que duelen más a los familiares, que se han topado muchas veces con un muro de dudas e incomprensión por parte del sistema.

Guzmán pide a este diario que no se dé su nombre real ni el distrito sanitario concreto de la provincia de Cádiz donde se eternizó el proceso de eutanasia de su padre ya que parte de su familia no está al tanto de que hubiera elegido esa forma para morir. Desde que presentó la solicitud el 23 de febrero hasta que le confirmaron quién iba a ser su médico responsable ―que coordina el proceso deliberativo y asiste al paciente hasta el final de la prestación―, pasaron un mes y cinco días. Ante la ausencia de conocimiento del protocolo por parte de los médicos más cercanos, la familia fue siendo derivada de departamento en departamento del hospital y luego a su centro de salud.

“Un día después de que se supiera que tenía que encargarse el distrito médico, todos sus profesionales se declararon objetores. Pero el director y la médico de cabecera de mi padre hicieron una interpretación de la ley y se avinieron a encargarse del procedimiento asumiendo que no ejecutarían el acto final”, cuenta Guzmán. Ante el desconocimiento de la forma de actuación de la médico responsable, fue él quien la ayudó a cumplimentar buena parte de los documentos públicos necesarios, llegando incluso a localizar por su cuenta a un médico consultor ―que corrobora que cumple los criterios para recibir la eutanasia― cuando le trasladaron que el que estaba previsto había fallado.

Con todo, cuando llegó el expediente a la Comisión de Garantías, lo rechazaron porque los responsables no habían rellenado los documentos internos. Era mayo. Se habían perdido casi tres meses por el camino “Volvimos a empezar desde cero. El director del distrito asumió el rol de médico responsable hasta el final por haber objetado todos los demás, pero en esta ocasión también hubo problemas para encontrar al médico consultor”, resume Guzmán. Después de culminar un proceso que se demoró casi seis meses, cuando no debería haberse prolongado más allá de 40 días, Guzmán tiene muy claras sus conclusiones: “Los protocolos son chino para ellos. Parece que los responsables de la sanidad andaluza no quieren que sea fácil”.

En todo ese periplo, Guzmán contó con el apoyo de María José, que rehúsa dar su apellido, una de las enfermeras del centro de salud y la única, junto con la trabajadora social, que hizo el curso sobre eutanasia impartido por la Escuela Andaluza de Salud Pública (ESAP). “Las enfermeras no tenemos mucho protagonismo en este proceso, pero al final somos los que acompañamos al paciente en todo momento”, explica. Sobre el hecho de que su curso de formación, impartido de manera virtual, estuviera prácticamente vacío, opina: “Creo que hay una falta de motivación entre los compañeros médicos”.

María José advierte además de que “a los profesionales que intervienen se les dan pocas facilidades”, en alusión a la carga de trabajo que los médicos de atención primaria ya soportan en su día a día. “El procedimiento no es fácil ni intuitivo, hay que cumplimentar hasta 21 documentos y se necesita tiempo, y eso hace complicado cumplir con los plazos”, explica. “También es difícil coordinarse con el resto de facultativos que tienen que estar presentes en el momento de la muerte”, dice. Ella misma estaba de vacaciones cuando la Comisión de Garantías autorizó la eutanasia del padre de Guzmán, por ejemplo.

“Si volviera a plantearse otro caso, pasaría lo mismo”

María José es crítica sobre lo que pasó en su centro de salud. “Todo el mundo debería tener conocimiento de este procedimiento porque, aunque un médico se declare objetor, sí está obligado a informar del proceso al paciente y sus familiares”. “Aquí nadie sabía nada”, abunda, y lanza una advertencia: “Si volviera a plantearse otro caso, pasaría lo mismo”. Ella, con todo, está satisfecha con su experiencia con el padre de Guzmán. “Acompañarlo me ha enseñado un montón. Creo que, en el fondo, puede haber una especie de miedo a relacionarse con la muerte entre los médicos, pero es que eso forma parte del acompañamiento”.

Romero no tiene constancia de que sean muchos los casos de centros de salud donde todos los médicos sean objetores, pero es claro al respecto. “Los cargos intermedios deben estar preparando estos supuestos y aprendiendo de cada caso concreto para diseñar los circuitos, pero siempre de manera preventiva, no cuando llega el supuesto. Estamos ya trabajando en esa línea”, sostiene. “En el momento en que aparece una petición, el médico responsable debería estar ya viendo quién puede ser el médico consultor”.

Mar, médico de atención primaria en un centro de salud de Málaga —que también pide que no se publique su apellido―, no ha llegado ni siquiera a plantearse ese problema. Ella, cuenta, fue la primera sorprendida cuando el pasado mes de agosto le trasladaron la petición de una paciente ―que había derivado al hospital por su grave estado de salud y a la que apenas conocía porque había cambiado de médico de cabecera hacía poco― de iniciar los trámites para la eutanasia. “Me dijeron que yo era la médico responsable y me quedé en shock, porque a mí nadie me había hablado de esa posibilidad, ni habíamos tenido en el centro ninguna comunicación ni formación sobre la ley de eutanasia, siendo este un tema tan sensible”.

Fue ese miedo, ese desconocimiento de cómo proceder, lo que la determinó a objetar. “Siempre pensamos que ya había unos compañeros designados para eso, nunca creímos que nos fuera a poder tocar a cualquiera de nosotros. La situación fue muy caótica. La mayoría de los compañeros del centro de salud nos declaramos objetores no tanto por ideología, sino porque las cosas no pueden implementarse sin formación”, señala para confirmar que, ante la preocupación manifestada, esperan la visita de la responsable del distrito para que les explique los circuitos y procedimientos.

Con la perspectiva que dan los pocos meses transcurridos desde que su padre ―que llevaba cuatro años ciego y en los últimos meses de vida sufría tremendos dolores por la insuficiencia renal que padecía― pudo cumplir su deseo de morir en paz, Guzmán se reafirma en que la voluntad, manifestada públicamente por la Junta de Andalucía, de incentivar los cuidados paliativos, “ha jugado en contra de incentivar la formación y la información de sus profesionales”. “La ley es muy garantista, pero deben ponerse los medios para aplicarla y aquí por una cuestión ideológica no se ha querido hacer”, sostiene, y recuerda que desde marzo de 2021 en que entró en vigor la ley, “han tenido tiempo y han podido aplicar los modelos de otras comunidades donde sí están funcionando los protocolos”.