La amarga batalla legal por el futuro de un niño británico en muerte cerebral

La batalla legal que la familia del niño británico Archie Battersbee, de 12 años, en coma desde su supuesta participación en un reto viral, mantiene con el hospital londinense donde está ingresado ha dado una vuelta de tuerca, justo cuando más cerca estaba de llegar a su fin. Tras una frenética jornada judicial, en la que el Tribunal Superior denegó el traslado del menor a un centro de cuidados paliativos y la Corte de Apelaciones rechazó autorizar a los padres a recurrir contra la decisión, los progenitores se lanzaron al último recurso de apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su interpelación a la corte de Estrasburgo (Francia) aspira a recabar el permiso que todas las instancias judiciales británicas les han negado en su deseo de llevar al pequeño a un hospital para enfermos terminales, para que sea allí donde se le desconecte de las máquinas que lo mantienen artificialmente con vida.

Una vez que los padres han agotado todas las vías para evitar la retirada del soporte vital, la pelea entre la familia y los médicos, que habían recabado ya el pasado junio la autorización judicial para desconectar al pequeño, se centra ahora en dónde pasará el niño sus últimas horas de vida. La familia, descontenta con las “circunstancias” del centro donde está ingresado y dada la quiebra de “confianza” que dicen sentir hacia su personal, quiere llevárselo a un hospital para enfermos terminales. La jueza del Tribunal Superior, sin embargo, amparó este viernes la postura de las autoridades sanitarias, que se oponían aduciendo el riesgo que un traslado, incluso uno corto, supondría para el ya crítico estado del niño, cuyo tallo cerebral se considera clínicamente muerto.

La magistrada ha justificado su decisión en base a “los mejores intereses” para Archie, una vez escuchadas las partes en la vista celebrada este jueves. La audiencia se prolongó durante horas, para dar amplio margen de intervención a los representantes legales de la familia, que está siendo asesorada por Christian Legal Centre (una organización legal con una marcada influencia cristiana), y del Barts NHS Trust, la entidad que gestiona el Royal London Hospital, el centro en el que Archie lleva ingresado desde el 8 de abril, un día después de haber sido encontrado inconsciente por su madre.

Los padres creen que el niño fue víctima del llamado reto del desmayo en TikTok, una iniciativa extremadamente peligrosa que circula en la red social de vídeo. En este caso, implica asfixiarse hasta perder la consciencia y ya ha provocado la muerte de dos niñas en Estados Unidos, cuyos padres han denunciado a la plataforma. Según sus familias, el algoritmo empleado por la red social ofrece contenidos letales para los menores, pero TikTok alega que muchos de estos retos virales ya existían y se defiende al asegurar que elimina cualquier contenido que incite a una conducta perjudicial.

Lo que había comenzado como una tragedia para la familia de Archie, con ramificaciones sobre la responsabilidad de las redes sociales en la protección de los más vulnerables, especialmente los niños, ha derivado en un desafortunado enfrentamiento en el que los padres han acabado percibiendo como el enemigo al personal sanitario, al hospital donde está su hijo y a la justicia británica misma. La madre, Hollie Dance, ha expresado reiteradamente su condena a un armazón legal y deontológico que, en su opinión, le ha fallado al niño, de 12 años, al no darle la oportunidad de vivir, y ha demandado una reforma integral de la legislación que amplíe el margen de maniobra de las familias.

De nada ha servido que sucesivas instancias judiciales, sin excepción, hayan amparado la visión de los médicos, que mantienen que, dada la “altamente probable” muerte del tronco encefálico, “lo mejor para los intereses” del pequeño es retirarle el protocolo que lo mantiene artificialmente con vida, incluyendo un ventilador para respirar y una combinación de fármacos.

La primera intervención de los tribunales se produjo tan solo 19 días después del incidente, cuando el gestor del hospital inició los trámites ante el Tribunal Superior para hacer pruebas en el tallo cerebral. Un juez dio su autorización, pero cuando los especialistas intentaron hacer las pruebas, el 16 de mayo, no pudieron realizarlas en el propio tronco del encéfalo porque cuando empezaron a trabajar se toparon con la falta de respuesta del denominado nervio periférico. Esta es una muy mala señal, cuando ocurre impide llegar a hacer las pruebas en el tronco del encéfalo.

La única alternativa que les quedaba entonces era un escáner de resonancia magnética, algo que el hospital consideró necesario y para lo que pidió también el beneplácito judicial, ya que los padres se negaban, alegando que mover a Archie podría hacerle daño. El 31 de mayo se confirmaron los peores temores: no había actividad en el tallo encefálico, lo cual, según los médicos, indica que es “altamente probable” que el tronco esté muerto. Ese día está considerado, de hecho, el de la muerte clínica del pequeño. Como consecuencia, y siguiendo el protocolo habitual, el debate se centró en si el soporte vital debía continuar, y el 13 de junio, un juez dictaminó, atendiendo a los resultados del escáner, que Archie había fallecido y, por tanto, era hora de retirar el tratamiento.

Ese fue, también, el día en que todo cambió para los padres, puesto que ahí comenzó de verdad su batalla legal. Tras recurrir ante la Corte de Apelaciones, lograron una nueva vista para establecer los “mejores intereses” del niño, pero el 15 de julio otro juez del Tribunal Superior determinó que mantenerlo conectado era “en vano”, por lo que los médicos tenían luz verde para desconectarlo.

Pedir amparo a la ONU

A partir de ahí, empezó una partida de ping-pong judicial, de apelaciones y refutaciones, en la que la Justicia siempre ha dado la razón a los médicos. Instancias como el Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial del país, rechazó incluso intervenir, por lo que, con fecha y hora ya marcadas para la desconexión, el pasado lunes a las dos de la tarde, y sin más puertas a las que llamar en el Reino Unido, la familia pidió el amparo de la ONU, concretamente de la Comisión de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El organismo de Naciones Unidas, que se encarga de velar por el colectivo de discapacitados, escribió al Gobierno británico para pedirle que retrasase la retirada del soporte vital, con el objetivo de poder estudiar el caso. El Ejecutivo, reacio a intervenir directamente, pidió una vista urgente que fue, nuevamente, infructuosa para la familia: la Corte de Apelaciones rechazó el lunes decretar una espera, al concluir que ni la comisión de la ONU, ni sus convenciones, son vinculantes en el Reino Unido, el mismo motivo por el que el Supremo desechó idéntica petición de la familia el martes.

El último cartucho que le quedaba a los padres era, por tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el miércoles se mosró reacio a “intervenir” en decisiones judiciales domésticas. En el umbral del hospital donde ha pasado prácticamente cada día de los últimos cuatro meses, la madre dirigió públicamente hacia los gestores del centro, la sanidad en su conjunto y el sistema judicial la recriminación más grave dedicada hasta entonces, fruto de la desesperación de un callejón legal sin salida, que significaba que el momento que habían logrado demorar cada día de esta semana era ahora inminente. Los padres siempre han defendido que, si mantienen los apoyos médicos al niño, este podría seguir viviendo.

Los expertos en Ética del Derecho apuntan que es precisamente la fórmula cuestionada por el entorno de Archie la salvaguarda que en el Reino Unido garantiza la protección inviolable del paciente y la prioridad de sus derechos, por encima de todo, incluso de los intereses y deseos de las familias. Pero junto al delicado traslado a un centro de paliativos, algo que, según el Barts NHS Trust, “probablemente acelerará el deterioro prematuro que la familia quiere evitar”, los padres también han solicitado para el niño oxígeno paliativo, una vez retirado el soporte vital. La jueza ha considerado este viernes que esta decisión compete al equipo médico, así que lo que ocurra depende de ellos.

De no obtenerlo, la madre ha avanzado que recurrirá a la respiración boca a boca, para, según ella, permitir a su hijo morir “con dignidad”. Algo que recuerda al caso de Alfie Evans, un pequeño de dos años con una enfermedad neurodegenerativa, cuyo cuerpo reaccionó con intentos desesperados de respirar cuando, en 2018, fue desconectado de las máquinas que lo mantenían artificialmente con vida.