Arizona reactiva la pena de muerte y ejecuta a su primer recluso desde 2014

Arizona ha ejecutado la mañana de este miércoles al primer recluso desde 2014. Las autoridades del Departamento de Correccionales del Estado informaron que suministraron a Clarence Dixon, de 66 años, el cóctel mortal de fármacos a las 10.30 de la mañana. El presidiario había sido condenado por la violación de una mujer y por el asesinato de una estudiante universitaria en 1978. “Siempre he proclamado mi inocencia y lo seguiré haciendo... Ahora acabemos con esta mierda”, fueron las últimas palabras de Dixon, quien recibió el torrente de medicamentos mortales a través de una sonda en la ingle.

Esta es la primera ejecución en casi ocho años en el Estado. En 2014, Arizona se vio obligada a suspender las inyecciones letales después del fiasco sufrido por Joseph Wood. El presidiario estuvo acostado sobre la camilla, boqueando y tragando saliva durante interminables minutos. Las autoridades debieron emplear en él 750 miligramos de midazolam e hidromorfona, una cantidad 15 veces mayor a la dosis normal del cóctel mortal. Wood tardó casi dos horas en morir. Fue la tercera ejecución que presentó problemas en Estados Unidos aquel año.

Dixon, un indio navajo, se desvaneció pocos minutos después de recibir la inyección letal. De acuerdo a la prensa local, evitó cualquier contacto visual con los presentes. Una reportera que fue testigo de la ejecución describió que el prisionero soltó una larga exhalación y después pareció quedarse dormido.

El fallecido creció en una de las reservas de la etnia en el suroeste de Estados Unidos. Sus abogados aseguraron que su infancia estuvo llena de abusos y problemas de salud. Su padre creció en uno de los polémicos internados creados por los gobiernos norteamericanos para despojar a los indios de su cultura y adaptarlos a la vida estadounidense. Su relación con sus hijos y esposa estuvo marcada por el abuso de sustancias y las agresiones.

Dixon, a su vez, creció con varios problemas de adicciones y de salud mental. Entró a la universidad en 1976, pero su trayectoria como estudiante pronto descarriló. Poco después, dos siquiatras le diagnosticaron esquizofrenia en un proceso judicial iniciado después de que el sujeto golpeara a una mujer con una pipa en la cabeza.

Deana Lynne Bowdoin, de 21 años, fue encontrada muerta en su apartamento en enero de 1978, en la ciudad de Tempe. El cuerpo, hallado por su novio a las dos de la madrugada, tenía un cinturón alrededor del cuello y marcas de dientes en la muñeca derecha. La joven estudiaba en la universidad de Arizona la carrera de Marketing. Su asesinato cimbró a la comunidad universitaria, pero se sumó pronto a una larga lista de casos sin resolver después de que los detectives eliminaran al novio de la lista de sospechosos.

Tomó más de 20 años conectar el caso de Bowdoin con Dixon. En 2001, el teléfono sonó en el Departamento de policía de Tempe, parte de la zona metropolitana de Phoenix. Un análisis de laboratorio encontró el ADN de Dixon en las evidencias recogidas en la escena del crimen dos décadas antes. Los adelantos tecnológicos y la creación de una base de datos con información genética de la población carcelaria pudieron resolver finalmente un homicidio que muchos en Arizona creyeron que quedaría impune.

El laboratorio tenía el ADN de Dixon entre sus registros porque este había violado a una mujer de 20 años en 1985. El hombre recibió un año después siete cadenas perpetuas por el delito. En enero de 2003, Dixon se declaró no culpable en el juicio por el homicidio de Bowdoin. Había pasado un cuarto de siglo desde la muerte de la joven.

Una encuesta del Centro Pew del año pasado revela que la pena de muerte tiene un respaldo del 60% entre los estadounidenses para aquellos criminales que hayan sido declarados culpables de un homicidio. En el país, 27 Estados (de 50) siguen usando la pena capital, además del Gobierno federal. El número de ejecuciones, sin embargo, ha ido en descenso. Trece de las entidades que aún la tiene vigenten no han asesinado a ningún recluso en una década o más. Hasta finales de 2019, más de 2.500 reclusos esperaban en el pabellón de la muerte. El 98% de estos son hombres.

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