El Alto Tribunal del Reino Unido declara ilegal la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia

En medio de la tensión que desató la pandemia, el Gobierno de Boris Johnson llegó a tomarse como una ofensa la sugerencia de que había abandonado a su suerte las residencias de mayores en el Reino Unido. “Desde el principio hemos intentado a toda costa establecer un anillo protector en torno a los centros”, llegó a afirmar el entonces ministro de Sanidad, Matt Hancock. Lo cierto es que, entre marzo y abril de 2020, más de 12.500 personas (una cuarta parte de todas las muertes en esos establecimientos) murieron a consecuencia de la covid-19. Los hospitales sufrían un proceso de saturación insoportable y el Ejecutivo británico propició el retorno de hasta 25.000 pacientes a las residencias, a través de unas guías oficiales de conducta en las que se descartaba la necesidad de hacer un test previo al regreso a los centros. “Las decisiones del ministro de Sanidad de mantener las medidas incluidas en los documentos publicados el 17 y 19 de marzo, y el 2 de abril de 2020, fueron ilegales, porque los redactores de esos textos fueron incapaces de tener en cuenta el riesgo que suponía para los residentes más ancianos y vulnerables el contagio de personas no sintomáticas”, han escrito en una sentencia conjunta los magistrados del Alto Tribunal del Reino Unido, David Bean y Stephen Garnham.

Han sido casi dos años de dura batalla legal para dos mujeres que aliaron sus fuerzas, Cathy Gardner y Fay Harris. Ambas perdieron a sus padres, de 88 y 89 años, respectivamente, cuando se produjo en sus residencias un estallido de coronavirus, en la primavera de 2020. Gracias al crowdfunding (colecta financiera a través de la red), lograron los recursos necesarios para montar un desafío legal contra el Gobierno británico.

Los abogados que han representado al Ejecutivo de Johnson durante el largo proceso insistieron desde el principio en que el colapso en los hospitales públicos fue una realidad con la que las autoridades tuvieron que lidiar en los momentos más graves de la pandemia. No existían entonces, afirmaron, pruebas firmes de que pudiera producirse un contagio asintomático del virus, algo que no empezó a constatarse hasta mediados de abril de 2020. Sin embargo, los propios jueces señalan en su sentencia que Patrick Vallance, uno de los máximos asesores científicos de Johnson durante la crisis, ya sugirió la posibilidad de ese tipo de contagio en una entrevista radiofónica a mediados de marzo. “El contagio no sintomático suponía que un paciente mayor que fuera trasladado del hospital a la residencia podía comenzar a contagiar al resto de inquilinos antes de mostrar algún síntoma, o incluso sin que nunca llegara a mostrarlos”, han señalado los jueces.

“La sentencia conocida este miércoles es un terrible recordatorio del cruel desprecio mostrado por este Gobierno hacia las residencias de mayores y hacia sus trabajadores”, ha dicho Rachel Harrison, la portavoz para asuntos sanitarios del sindicato GMB. “Trasladar a pacientes a residencias sin hacerles un test apropiado, en el momento en que ni siquiera se daba a los trabajadores de esos centros el material apropiado de protección, estaba condenado a consecuencias trágicas”, ha lamentado Harrison.

Atendidos los argumentos de las partes, ambos magistrados hacen gala en su sentencia del sentido común que faltó en los días más trágicos: “No era una cuestión binaria, una elección entre no hacer nada o someter a estricta cuarentena a los recién llegados”, dicen. Ante la posibilidad, simplemente, de mantener separados del resto durante 14 días a los nuevos ingresos, “no tenemos ninguna prueba de que el ministro considerara esta opción”. Y concluyen ironizando que “no es un buen ejemplo de fino y equilibrado buen juicio político”.

Petición de dimisión de Johnson

Las dos demandantes han reclamado de inmediato la dimisión de Johnson, después de conocer la sentencia, y han vuelto a acusar al exministro Hancock de mentiroso. “Cuando le oí hablar en televisión de un anillo protector en las residencias casi me desmayo, porque todos los que habíamos sufrido la tragedia de esos centros sabíamos que no era cierto”, ha dicho Gardner a Sky News.

Hancock acabó dimitiendo en junio de 2021, después de que el diario tabloide The Sun publicara unas tórridas fotos de su relación extramarital con su amiga y asistente, Gina Coladangelo. La excusa fue que el ministro se había saltado, durante esos contactos esporádicos, las normas de restricción social. Una acusación que palidece a la luz del escándalo de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento, y que refleja una realidad más prosaica: Hancock fue el chivo expiatorio de unos primeros meses de gestión desastrosa del coronavirus.

Su sustituto, Sajid Javid, ha tomado la decisión de recurrir una sentencia que, de mantenerse firme, puede ofrecer un serio sustento legal a multitud de demandas de familiares de las víctimas. “La legalidad o ilegalidad de aquellas decisiones debía haberse apreciado dentro del contexto de un desafío sanitario sin precedentes”, ha defendido en nombre del Gobierno británico el abogado James Eadie. “Se trabajó incansablemente para proteger a los ciudadanos de la amenaza de muerte que supuso la pandemia más grave de la que tenemos memoria, y especialmente para proteger a las residencias de mayores”, ha sostenido Eadie.