En riesgo la continuidad de la casa para mujeres víctimas de violencia machista más antigua de España

Se llama Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas, ese es su nombre oficial, pero para entender lo que es, y lo que significa, hay que ir a finales de 1991. Desde ese momento, y hasta ahora, es la única casa con estas características en España: 3.000 metros cuadrados repartidos en 28 habitaciones y zonas comunes como guardería, biblioteca, comedor, cocina, lavandería y aulas de apoyo infantil con un programa de entre 9 y 18 meses de duración en el que trabajan psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y administrativas para que las mujeres, y sus hijas e hijos, si los tienen, no solo vivan en este centro madrileño durante ese tiempo, sino que puedan marcharse con las herramientas necesarias para recuperar una vida que solo sea suya, independiente, autónoma y alejada de la violencia. La continuidad de ese recurso, dice ahora su fundadora, Ana María Pérez del Campo, “está en peligro” por el retraso de la financiación pública que reciben anualmente y “los recortes que se vienen dando” desde hace unos años.

Pérez del Campo, a punto de cumplir 86 años y 31 al frente de esa casa, la más antigua de España, asegura que profesionales y proveedores están sin cobrar: “Somos 23 trabajadoras, no se ha pagado la nómina de febrero ni marzo. Y proveedores y servicios de mantenimiento del centro no se han pagado desde el 1 de enero”. La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que es la creadora de esa casa y que ella preside, otorga la responsabilidad de la situación al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El ministerio, que reconoce el retraso en el ingreso de las subvenciones este año —no solo con este recurso, sino con todas las entidades que han solicitado subvenciones para este año—, alega, sin embargo que el grueso de la financiación ya no es su competencia, sino de las comunidades autónomas correspondientes.

Un pequeño rebobinado para entender qué ha ocurrido. Esa casa fue creada por la Federación con presupuesto del entonces Ministerio de Asuntos Sociales —que se hizo cargo del desembolso total de su construcción, unos 300 millones de pesetas, algo más de 1,8 millones de euros—, y desde entonces la práctica totalidad de su mantenimiento es con recursos públicos, sobre todo de ese ministerio, el que se encargó de su construcción.

En los últimos años, dice Pérez del Campo, “esa cantidad ha ido menguando”, a pesar de que desde el principio se estimó que un funcionamiento “óptimo, correcto” de ese proyecto necesitaría unos 900.000 euros anuales. ¿Donativos? De vez en cuando, a veces de empresas que quieren colaborar; Ikea, por ejemplo, ha renovado recientemente el mobiliario de parte de la casa. Pero, en general, las cantidades son pequeñas: “La percepción por donativos en este último año ascendió a 5.000 euros. Y la cantidad más elevada recibida a lo largo de los 30 años de funcionamiento del centro fue en 2017, de 50.000 euros, concedidos por Avon, que se destinaron al cambio de ascensor, y a habilitar una habitación sanitaria para aquellas mujeres que pueden llegar con alguna minusvalía o lesión que lo precise. Todo ello documentado año por año, cantidad por cantidad, justificado ante la Administración”.

Según los datos disponibles en Hacienda, la federación tiene tres ingresos. La mayor parte es de Derechos Sociales, la correspondiente a las subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas; otra del Ministerio de Igualdad a través del Instituto de las Mujeres, por las que destinan a apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal y que supone la menor parte; y una tercera de la Comunidad de Madrid, de las entregadas a entidades del Tercer Sector y a Cruz Roja Española para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Según esas cifras, la federación recibió de Derechos Sociales, para 2019, 779.375,11 euros; para 2020, 734.000; y para 2021, 660.600. Del Instituto de las Mujeres recibe cada año alrededor de 30.000 euros. Y de la Comunidad de Madrid, para 2019 obtuvo 73.389,93 euros; para 2020, 184.103,70 euros; y para 2021, 73.143,61 euros.

La sentencia del Tribunal Constitucional, el origen

El problema llega en 2022. A 29 de marzo, tienen ya la subvención de la Comunidad de Madrid (66.117,35 euros) y la del Instituto de las Mujeres (29.206,09 euros), pero no la del ministerio. Es en ese retraso donde está el fondo de la cuestión, porque se debe a un cambio de normativa por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), de hace cinco años, que todavía no se había llevado a la práctica y que supone una reducción de la cantidad que el ministerio entregará a esta y al resto de organizaciones que han presentado solicitudes. En el caso de esta federación, previsiblemente menos de la mitad (la resolución aún no es definitiva), 260.641,27 euros.

¿Por qué? Un portavoz de ese ministerio explica que se “firmó en 2021 un acuerdo con las comunidades autónomas y la Plataforma del Tercer Sector para dar cumplimiento a la sentencia del TC, que en el año 2017 resolvió que el Estado no tiene competencias para financiar atención social directa en el reparto del 0,7″, es decir, las subvenciones que venía dando Derechos Sociales, y sí para asuntos como “investigación o internacionalización de entidades”. Además, se aprobó que a las autonomías, que son las administraciones que tienen la competencia ejecutiva y, por lo tanto, la de repartir los fondos de esas subvenciones, “les corresponde un 80% de estos fondos, y al Estado un 20%”.

Llegar a ese acuerdo fue lo que “prolongó los plazos con respecto a años anteriores”, añade. La convocatoria salió en octubre y las solicitudes podían presentarse hasta el 12 de noviembre del año pasado. De ahí que esté acabando marzo y el dinero no haya llegado, aunque lo hará, según ese mismo portavoz, “seguramente en la primera quincena de abril”.

En esa situación, la del retraso —y la de la reducción de la financiación, cuando les corresponda según los proyectos que hayan presentado—, se encuentran todas las entidades que han solicitado subvención para este año, desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos a la Fundación Aula Dental, pero no en todas puede tener la misma repercusión. “Para este recurso”, dice Ana María Pérez del Campo, “significa ya no solo que todas las trabajadoras y proveedores están sin cobrar, sino que las mujeres y sus hijos tendrían que irse a la calle, la gravedad, obviamente, no es la misma para todas las organizaciones”.

Una solución complicada

Con ese contexto, la solución no parece fácil. Según el ministerio, “todas las organizaciones saben desde hace tiempo que iban a recibir un importe menor porque había que solucionar esta imposibilidad jurídica que existía” y que “deberían ser las comunidades las que subvencionen directamente a las entidades en lo que se refiere a la atención social directa”. Según Pérez del Campo, esa anotación sobre el nuevo reparto de fondos llevaba apareciendo en las bases desde 2018 “pero nunca se había aplicado”.

El portavoz de Derechos Sociales asegura que, por ese motivo, “se han mantenido muchas reuniones”, que “todo se ha publicado en la web, con circulares aclaratorias”, que “incluso se han habilitado teléfonos informativos”, que “se realizó una reunión abierta por streaming para informar sobre los cambios, en la que participaron todas las entidades que quisieron, porque no había límite de asistencia” y que “el Ministerio de Igualdad propuso en noviembre de 2021, en la renovación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, que las entidades feministas con atención a víctimas reciban un porcentaje de los fondos del Pacto” y por eso, en la última conferencia sectorial de Igualdad, “se aprobó que las autonomías deberán financiar con los fondos del Pacto a esas entidades” y “también desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se destinarán fondos para las entidades que trabajan enfocadas a la sensibilización”.

Pérez del Campo insiste, sin embargo, en que de “forma oficial” a la federación no se le ha comunicado nada y que, por ese motivo, ellas solicitaron la mayor parte del importe que necesitan para funcionar al ministerio, “como siempre”; e igualmente a la Comunidad de Madrid, que ya le ha ingresado lo que solicitó. En 2021, el total de gasto “para el desarrollo del programa y sostenimiento del propio centro ascendió a la cantidad de 872.000″, cifra. Lejos de los alrededor de 330.000 euros con los que, por el momento, cuentan para este año.

“Eso puede durar dos, tres meses, ¿luego qué? ¿Tenemos que cerrar el centro? Haré lo imposible porque eso no pase, pero podría ocurrir”, dice ella, que muestra impresos y cuenta los “numerosos emails y llamadas telefónicas” para intentar reunirse con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra: “Ninguna de las dos me ha recibido”.

La cuestión, ahora, es qué va a suceder con ese centro, pionero en España, declarado de utilidad pública el 26 de mayo de 2011 por el Ministerio del Interior, por el que han pasado delegaciones de medio mundo —las ministras de Igualdad de Portugal y Austria, Naciones Unidas, universidades, el Instituto Europeo de Igualdad de Género, la Comisión de Igualdad de la Unión Europea, gobiernos de África, Latinoamérica, Estados Unidos y Asia, entre otras—, para conocer su funcionamiento y su programa.

Hasta diciembre de 2021, han atendido a 727 mujeres y 817 niños con una tasa de recuperación del 71%, según los datos estadísticos de la federación. “Mujeres que salieron del centro tras pasar meses recuperándose emocional y psicológicamente, con sus hijos, formadas y con recursos para comenzar otra vida y que pudieron hacerlo. Y eso podría dejar de ocurrir”.