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La Comunidad de Madrid recorta la financiación hasta un 75% a dos federaciones de mujeres contra la violencia machista

La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Federación de Mujeres Progresistas denuncian motivos "ideológicos"

Concentración de colectivos feministas el pasado enero en la Puerta del Sol contra Vox.
Concentración de colectivos feministas el pasado enero en la Puerta del Sol contra Vox.

La Comunidad de Madrid ha recortado hasta tres cuartas partes de la subvención que ya venía dando a dos organizaciones estatales de mujeres que trabajan contra la violencia machista, dos de las pioneras en atención integral a las víctimas. La Federación de Asociaciones Nacionales de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD), cuyo origen se remonta a 1973, ha recibido un 75% menos; y la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), con tres décadas de trabajo, un 33,85% menos. Ana María Pérez del Campo, la directora de FAMSD, lamenta que de repente se vean "mermados" proyectos ya asentados para los que nunca habían tenido problemas en la financiación: "El año anterior, para los mismos fines, se nos concedió la práctica totalidad de lo que habíamos pedido".

Este año, en la federación que preside Pérez del Campo, de los 237.661,29 euros pedidos en 2018 para el equipo que atiende de forma directa a las víctimas de violencia machista en el centro de recuperación integral para estas mujeres, único en España y en funcionamiento desde 1992, la Comunidad les concedió 53.557,59 euros —el año anterior fueron 212.664,49 euros para el mismo fin—, y ya han perdido cuatro personas por este recorte. En la FMP han perdido seis. La Comunidad dio 433.269,58 euros de los 1.654.734,41 millones de euros pedidos para 17 programas relacionados tanto con la atención directa a víctimas como a distintos ámbitos de la violencia machista; el año anterior habían recibido por los mismos proyectos 655.001,84 euros. . 

“Sospechoso” es la palabra que usa Yolanda Besteiro, la presidenta de la FMP, que tiene una red formada por más de 23.000 personas. Para Ana María Pérez del Campo, esto es “intolerable”. “No lo voy a consentir, cueste lo que cueste”. Y las dos hacen referencia al cambio de gestión de estas subvenciones, las que se hacen con cargo al 0,7 del IRPF de fines sociales. En enero de 2017, ese modelo cambió. La financiación dejó de depender íntegramente del Estado y se dividió: el nuevo criterio fijó que el Gobierno central repartiera el 20% de los fondos y las comunidades autónomas 80%. “Desde entonces son los gobiernos regionales los que tienen el grueso del dinero para repartir y es el que se dedica a la atención directa a las víctimas. El Gobierno central nunca ha dejado de subvencionar, ni siquiera ahora con este nuevo modelo de gestión. Siguen dando el mismo dinero [en los últimos diez años, entre 640.000 y 650.000 euros anuales a esta organización y para ese fin, la casa para la recuperación de las víctimas]”, explica Ana María Pérez del Campo.

Aunque las dos organizaciones siguen recibiendo subvención estatal, esa atención integral y los programas asociados a ella se ven mermados o desaparecen si no reciben la financiación por parte de la Comunidad. Ambas portavoces suponen que el trasfondo es “ideológico”. “Es curioso”, dice Besteiro, “que se nos retire el dinero justo cuando se está negociando el gobierno con un partido que niega la violencia machista”. Se refiere a la conformación del gobierno autonómico tras las últimas elecciones, en mayo. El pasado agosto, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, fue investida presidenta de la Comunidad con los votos de Ciudadanos y Vox. Entonces, dijo públicamente que cumpliría con los acuerdos programáticos que adquirió con Ignacio Aguado, de Cs, y con Rocío Monasterio, del partido de ultraderecha. Besteiro y Pérez del Campo comparten la “sensación” de que “algo tiene que ver”.

Cuando Ana María Pérez del Campo se acercó a la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de la que dependen estas subvenciones, a preguntar por qué bajaba la financiación en casi tres cuartas partes teniendo el mismo proyecto y con los mismos objetivos. La respuesta fue algo parecido a un “yo no he sido”. Desde la actual Consejería se le dijo “que había sido el Gobierno anterior” y que “no se preocupara” porque iba a salir una convocatoria extraordinaria en la que podían “compensar lo cortos que se habían quedado en la ordinaria”. Aquello no sucedió. Volvieron a presentar el proyecto para esa extraordinaria y, cuenta Pérez del Campo, les concedieron “cero”. Pusieron un recurso de reposición el pasado 2 de julio al que la administración regional todavía no ha contestado. Pérez del Campo, nacida en 1935, se agarra las manos, con las uñas de un violeta pálido, y se cruza de piernas: “Llevo toda mi vida luchando y pienso seguir haciéndolo. Nadie me va a callar y no voy a parar”.

A la FMP le ha ocurrido algo similar. También presentó proyecto para la extraordinaria, el pasado marzo, porque no obtuvieron “la financiación suficiente en la ordinaria de 2018”, explica Besteiro. Solicitaron 215.985,72 euros para reforzar seis de los 17 programas que tienen en marcha. La consejería les denegó el dinero de esa extraordinaria alegando que “el certificado emitido por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en relación con la Resolución de 18 de mayo de 2016, no acredita válidamente el ámbito territorial de aplicación de los proyectos subvencionados”. Besteiro es tajante: “No es cierto. El certificado es válido y así lo hemos hecho saber con un recurso de reposición”. Lo interpusieron el pasado 9 de julio. “Contra la resolución de denegación de la subvención en base a que reúne todos los requisitos necesarios y además presenta un nuevo certificado”. Aún no han tenido respuesta.

La respuesta de la consejería

Desde dicha consejería, lo primero que dicen es lo mismo que le espetaron a Pérez del Campo, que "esto viene del anterior Gobierno". Después, que al haber más agentes sociales en el último año han tenido que "repartir el dinero entre todas ellas, por lo que se ha recortado a todas, no solo a estas". La presidenta de FAMSD asegura que eso es "imposible": "Para pedir una subvención tienes que tener un determinado tiempo de ejercicio, por lo que no tiene nada que ver que haya más, porque esas nuevas que alegan no podrían hacerlo todavía". Después, el Gobierno regional explica que no existen los certificados del Ministerio de Sanidad pertinentes que acreditan que, aún siendo de ámbito estatal, tienen acción en la Comunidad de Madrid, obligatorio para recibir la subvención. Lo desmiente Yolanda Besteiro, que muestra dicho certificado, emitido por el ministerio.

Lo siguiente que argumenta la Consejería es que "los procesos [los recursos de reposición que han presentado ambas organizaciones] aún están abiertos". Y por último añaden: "Es un problema y el consejero [Alberto Reyero] lo sabe. Está entre sus objetivos solucionarlo. Se va a reunir con todas las entidades y plataformas del Tercer Sector para, entre todos, llegar a un acuerdo por el que se haga un reparto justo y equitativo. Hay que conseguir la fórmula para hacer nuevas bases de cara a la próxima convocatoria".

La preocupación de Besteiro es, por lo pronto, lo que sucederá este año. Ocurra lo que ocurra, los programas para los que pidieron la subvención se van a ver mermados. El presupuesto de esta convocatoria extraordinaria tiene que ejecutarse en 2019. Si les dicen que sí finalmente, algo que “duda”, no tendrían tiempo para ejecutar los programas y tendrían que devolver dicha subvención. Si les dicen que no, “habrá mujeres que se queden sin atención". Para Pérez del Campo es similar. Del centro de recuperación integral han tenido que marcharse una psicopedagoga, una educadora y dos psicólogas. “Perder a esas especialistas, que son las que trabajan de forma directa con las víctimas, significa debilitar la lucha contra la violencia machista. Y a eso… A eso no estamos dispuestas”, sentencia Pérez del Campo.

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