Perú sufrió más de mil derrames en la costa, selva y sierra durante los últimos 25 años

El jurista Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, escuchó durante seis días a más de 100 peruanos afectados por derrames de petróleo y desechos de la minería. Le entregaron fotos, peritajes e informes para que traslade sus peticiones a instancias internacionales y al Gobierno, porque el Estado y las empresas —denunciaron— no se hacen cargo. “Los testimonios de exposición a tóxicos dan cuenta de un nivel de contaminación severo y extendido por muchas regiones del país. La pérdida de vida por enfermedades terminales, la privación de agua limpia, el abandono y la falta de asistencia médica revelan una amenaza dramática y alarmante para los derechos humanos”, dijo Orellana en entrevista con EL PAÍS tras su visita al país andino.

El relator viajó a dos zonas de “sacrificio ambiental” que define como lugares tan contaminados donde es “imposible o muy difícil una vida con dignidad” porque la cercanía de petroquímicas, grandes mineras u otras formas de industrialización contaminante comprometen la salud de las personas y derechos como la alimentación. Orellana visitó la comunidad Nuevo Andoas en Loreto —la región amazónica que más derrames de petróleo padece desde hace décadas— y en Lima recibió denuncias de pescadores de la costa norte y del centro afectados por hidrocarburos en el mar. El más reciente es el grave vertido de Repsol del 15 de enero, de 11.900 barriles que contaminaron 116 kilómetros cuadrados de mar y litoral entre la provincia del Callao y la región Lima, incluidas dos áreas naturales protegidas.

“He quedado impactado por las cifras de más de mil derrames en la costa, selva y sierra durante los últimos 25 años. Un desastre siempre impone una gran tensión a la capacidad de respuesta del Estado, pero la falta de coordinación, la demora en responder, y la falta de atención humanitaria ante estos derrames, como en el caso del derrame de Ventanilla (Callao), dejan en evidencia la debilidad institucional y normativa para la protección del medio ambiente y las personas que de él dependen”, apuntó el también catedrático de la Universidad George Washington.

El representante del Gobierno autónomo de la región Wampi, Juan Nunningo, le dijo al relator el viernes que a pesar de las reclamaciones al Gobierno “no hay ningún resultado positivo”. “Esperamos nos apoye en difundir a nivel internacional porque el Gobierno no respeta los derechos de los pueblos indígenas. Los niños tienen enfermedades desconocidas y no los atienden”, añadió Nunningo, que le explicó los daños a la pesca por contaminación de crudo en el norte de la Amazonía.

Luis Díaz, damnificado por el vertido de crudo del pasado enero en la costa, le contó a Orellana que pertenece a la tercera generación de su familia dedicada a la pesca artesanal en Aucallama, 50 kilómetros al norte del punto del derrame. “Nos están engañando: el Estado no se está haciendo responsable, no está siendo tajante con Repsol. La tecnología que están usando para limpiar no es adecuada”, cuestionó. El relator especial de Naciones Unidas llegó a Perú por invitación de organizaciones de la sociedad civil, y tiene pendiente una visita oficial, que depende de una decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Soy viuda, somos 30 mujeres que trabajábamos en el control de pequeñas embarcaciones, estamos perjudicadas y nos alimentamos de ollas comunes hace más de un mes. En marzo empiezan las clases de nuestros hijos y no tenemos de dónde aportar a la familia. Pida a las autoridades que pongan mano dura: que nos den una solución al daño del petróleo”, reclamó Fanny Tamayo, trabajadora de Chancay, la playa más al norte contaminada el mes pasado.

La noche del viernes, Orellana fue invitado a la comisión parlamentaria que investiga el vertido de Repsol para exponer y responder preguntas. Antes de su turno, uno de los dirigentes de los pescadores informó que la empresa les ofreció trabajo en la limpieza de la polución, pero para contratarlos les exigían certificados de antecedentes policiales. “Llevábamos de ocho a 10 días sin trabajo, ninguno tenía dinero para cumplir ese requisito [solicitar el certificado]. Y hasta ahora nos siguen pidiendo otros requisitos para demostrar que somos pescadores”, describió Eleazar Medina, representante de un gremio de pesca artesanal de Ventanilla.

En su intervención en el Congreso, el relator ONU mostró su preocupación por la vulnerabilidad de las personas afectadas, especialmente quienes dependen del mar. “Cuando alguien no tiene ingresos y no tiene qué comer, ¿en qué posición se encuentra para negociar indemnizaciones? Aquí hay responsabilidades de la empresa, sin lugar a dudas, pero la primera responsabilidad del Estado es la de garantizar el goce efectivo de derechos”, anotó.

Orellana sostuvo ante la comisión investigadora que si bien están en curso las evaluaciones ambientales sobre el derrame, no hay estudios sobre la afectación social, y el marco normativo en torno al desastre ambiental es deficiente. “Ahora Repsol exige que el reclamante pruebe que ha sufrido daño, y de acuerdo al ordenamiento jurídico en muchos países debe probar la negligencia de la empresa. Estas cargas probatorias son casi imposibles de cumplir. Cuando suceden daños, una persona que lo sufre tiene derecho a recibir compensaciones”, precisó.

Afectados por tóxicos en Cusco

El otro punto de sacrificio ambiental que recorrió Orellana fue Huisa, una comunidad campesina a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Espinar (Cusco). En 2019, 150 personas de esa localidad fueron muestreadas y el 78% tenía mercurio, arsénico, plomo y manganeso en el cuerpo, producto de la contaminación causada por mineras.

La comunera Melchora Surco encabezó una demanda contra el Estado que terminó en 2020 con una sentencia judicial a favor de la población de Huisa. El juez ordenó al Gobierno regional de Cusco aplicar una estrategia de salud pública de emergencia para los afectados por metales pesados, pero aún siguen esperando. En Huisa, una faja transportadora de mineral de la empresa Antapaccay ha partido en tres a la comunidad, y los vertidos de la operación al río y la tierra han contaminado a las personas y sus animales. Cerca, hay dos montañas de desechos de otra mina que ya cerró.

“La empresa nos mira como paquetes feos. Aquí no tenemos agua ni electricidad”, cuenta uno de los comuneros mientras espera la reunión con el relator y señala el contraste con la infraestructura moderna de la mina. Durante el diálogo, los testimonios coinciden en la muerte de los familiares por cáncer y el daño a la tierra. “De niña tomaba agua del río y no sabíamos que estaba contaminado. Tengo 30 años, pero me siento como de 50. ¿Qué desarrollo puede haber si no hay salud? Queremos nuestras aguas limpias como antes, esa vida quiero. En el hospital no nos curan, solo nos dan pastillas. No voy a morir postrada, hasta el último día voy a reclamar: si no es para mí, será para otros. Soy Esmeralda Larota de Huancané Bajo”, dijo una ciudadana.

Melchora Surco lleva una especie de mantilla que cubre su cabeza, y relata que casi ya no tiene cabello, que constantemente le duele la cabeza y el cuerpo, y que sus hijos también tienen problemas en el cerebro que les impiden estudiar. “Gracias a la autorización del Estado a esa planta minera, tomamos agua envenenada. Queremos un seguro de vida y que nos pongan agua, tendrían que repartirnos agua que no tenga metales pesados. Se me han muerto dos vacas, cada una costó seis mil soles (1.600 dólares). Hemos sembrado quinoa y papa y crece chiquito. ¿Cómo vamos a vivir?”, pregunta Surco.

Otra campesina de Huisa, Francisca Choquehuanca, habla en quechua sobre sus síntomas en el corazón y en la piel, y las medicinas que necesita. Mostró al relator fotos de los daños en los animales que criaba para producir lana, y le entregó la imagen de una ovejita que nació con cinco patas y no sobrevivió. “El desarrollo, para ser verdaderamente desarrollo, debe respetar los derechos humanos: si genera tóxicos no lo es”, concluyó Orellana tras escuchar a la comunidad contaminada en Espinar.

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