El Tribunal de Cuentas halla deficiencias en múltiples contratos de 2020 sobre la pandemia

El informe de fiscalización critica la abundancia de contrataciones sin concurso ni garantía de solvencia de los adjudicatarios

Edificio del Tribunal de Cuentas en Madrid.
Edificio del Tribunal de Cuentas en Madrid.Óscar Cañas / Europa Press

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves un informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la crisis sanitaria por la covid-19 que concluye que en la mayoría de ellos “no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa”, lo que el organismo considera que habría sido una buena práctica porque habría adecuado la “tramitación excepcional de emergencia” con los “principios de libre competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

El documento, que audita un total de 134 contratos que fueron tramitados por el procedimiento de emergencia amparado por la pandemia por un importe aproximado de 11 millones de euros, estima que las entidades y organismos fiscalizados actuaron dentro del marco legal que les amparaba para realizar contratos de emergencia, si bien en un número significativo de casos no se comprobó la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, ni su solvencia económica, financiera y técnica. El informe sostiene que las entidades debieron comprobar estos extremos salvo que tales comprobaciones fueran incompatibles con la urgencia que se quisiera atender en cada contrato; incompatibilidad que, en su caso, debería quedar acreditada.

En materia de recomendaciones, el órgano fiscalizador aconseja que, salvo en los supuestos en que la emergencia fuera tal que la finalidad del contrato pudiera verse comprometida, los órganos de contratación comprueben exigencias de derecho material tales como la capacidad y solvencia del contratista y la compatibilidad del objeto social de este con las prestaciones objeto del contrato, y que soliciten ofertas de diferentes licitadores, y, en su caso, negocien los términos del contrato susceptibles de ello.

El tribunal ha fiscalizado los contratos realizados por las siguientes 13 entidades: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, Corporación RTVE, Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Imprenta de Billetes, Instituto de Crédito Oficial, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional del Prado y el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid.


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