Al menos la mitad de los contratos de emergencia de 2020 se publicaron con retraso

La tramitación de emergencia encaja como anillo al dedo en una situación de pandemia: permite comprar algo, contratar un servicio o encargar una obra solo con hablarlo, y que se ponga en marcha de forma inmediata, sin perder ni un segundo. Sin papeleos previos y sin tener que cumplir todos los trámites habituales. Pero hay reglas de la contratación pública que, ya a posteriori, sí son de obligado cumplimiento. Y la más importante es la de la transparencia: la adjudicación se tiene que publicar en 15 días. Sin embargo, en los contratos de emergencia adjudicados durante 2020 y publicados hasta febrero de 2021 esa transparencia llegó tarde: la media fue de 43 días, casi el triple de tiempo.

Un ejemplo: el 23 de marzo de 2020, Sanidad adjudicó un contrato de emergencia por 271.000 euros para reforzar la gestión informática y de videoconferencias del ministerio. Convertidos en el epicentro de la gestión, necesitaban más manos. Telefónica se llevó el lote grande, unos 243.000 euros. Pero esta información no se publicó en el Portal de Contratos del Sector Público hasta el 30 de diciembre, nueve meses después.

Y este no es un caso aislado. Durante 2020 se adjudicaron miles de contratos de emergencia usando este sistema. De entre los publicados hasta febrero de 2021, incluido, más de la mitad de esas adjudicaciones superan ese límite de los 15 días. Y eso descontando los casi dos meses en los que se suspendieron los plazos administrativos y, esto es lo más importante, sin incluir los que puede que lleven más retraso porque, simplemente, no se habían publicado aún en febrero de 2021. Estos podrían hacer crecer —y mucho— la cifra de incumplidores.

Otro ejemplo: a principios de marzo de 2021 se publicaron dos contratos que no entran en la base de datos de este reportaje, pero que habían sido adjudicados casi un año antes. Ambos estaban destinados a fletar vuelos para repatriar a españoles en el extranjero. Uno de ellos, con la compañía Wamos Air, para un único vuelo a Centroamérica el 27 de marzo, costó más de medio millón. El otro, con Iberia, acabó sumando casi siete millones, pero incluía decenas de vuelos a países como Perú, Argentina, Polonia o Marruecos. Ambos fueron firmados en marzo de 2020, pero se acabaron publicando en marzo… de 2021.

El tiempo que las Administraciones públicas han tardado en documentar y publicar estos contratos de emergencia no ha sido igual durante todo el año, claro. Las primeras semanas de estado de alarma, el caos y la saturación de trabajo en algunos organismos podían justificar el retraso en trámites como este, pero según pasaron los meses, sobre todo en entidades con pocos contratos, este aplazamiento de la transparencia tiene menos justificación. Los contratos firmados en marzo, primer mes de estado de alarma, tardaron de media dos meses en ver la luz. Los de abril, mes y medio; el mismo tiempo que tuvimos que esperar para ver lo que se contrató en junio, julio y agosto.

Cantabria, Navarra, Ceuta y el Ministerio de Educación, los más lentos

El Ayuntamiento de Pinto (Madrid) aparece como el organismo más lento de la lista: tardó nueve meses y medio en publicar un único contrato. La entidad pública Mercazaragoza necesitó ocho meses de media para que sus cinco contratos de emergencia llegarán al Portal de Contratos del Sector Público. Y el Ayuntamiento de Teguise (Las Palmas), ocho meses y medio (en 40 contratos). Pero las entidades locales no fueron las únicas en retrasar la transparencia.

Entre las comunidades autónomas, Cantabria se lleva la palma: una media de casi cuatro meses, muy por encima de los 15 días que marca la ley. Navarra, Ceuta y Canarias superan los dos y medio. Baleares, por su parte, fue la más rápida: tardó 13 días de media entre la adjudicación y su publicación.

En la Administración General del Estado la cosa no mejora mucho: 38 días entre la adjudicación y su publicación. Pero aquí también hay diferencias, y notables, entre ministerios. Cultura y Deporte, con más de cuatro meses, Educación e Interior, superando los dos, o Transportes y Política Territorial tardaron más tiempo que el ministerio con más peso en esta crisis: Sanidad tardó 51 días de media. El Ministerio de Derechos Sociales fue el más rápido: su media estuvo en solo dos días y ninguno de los seis contratos que adjudicó llegaron al Portal de Contratos del Sector Público después de los 15 días. Eso sí, el retraso real era mayor, porque para todos estos cálculos se ha parado el contador durante el estado de alarma.

No es la primera vez que la transparencia de los contratos de emergencia llega tarde. De hecho, a principios de 2020 el Gobierno publicó el contrato de unas reparaciones en el Consulado de Hamburgo que se habían firmado en abril de 2018, casi dos años antes. Y los contratos más lentos de 2020, firmados a principios de año y no publicados hasta 2021, eran aún precovid (un TAC para el Hospital de Elda y obras en la sede del Ministerio de Cultura, por ejemplo). Pero el uso masivo de la tramitación de emergencia para la gestión de la pandemia ha traído consigo, en paralelo, un retraso masivo en la publicación de estos miles de contratos.

Reglas de transparencia iguales para todos

La transparencia de los contratos de emergencia no solo es importante porque es la única información que tenemos de esos contratos, aunque suele ser escasa —a quién se ha adjudicado qué, por cuánto y por qué se ha usado esa tramitación—, sino porque, como todos los contratos públicos, pueden recurrirse. Y si no se publica, ni se conoce ni arranca el plazo para presentar ese recurso. Por eso, incluso aunque el contrato haya sido oral, es obligatorio documentarlo y publicarlo.

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado lo recordó en una nota informativa, donde admitía que no es necesario abrir expediente, ni anunciar que se quiere contratar algo, pero que la ley “no recoge, en cambio, especialidades para estos contratos en relación a la publicidad de los actos de adjudicación y formalización en el perfil de contratante”. Esto es: en cuanto a transparencia tienen las mismas reglas que el resto, las que marca la ley en sus artículos 151.1 y 154.1: la adjudicación y la formalización se tienen que publicar en 15 días en los perfiles del contratante.

También insistió en esta idea la Oficina Independiente de Supervisión de la Contratación (Oirescon). Lo hizo en sus varios informes sobre transparencia en los contratos de emergencia, donde también denunció la falta de datos y su incoherencia y los problemas de acceso público en muchos de ellos. Y puso sobre la mesa un problema mayor: analizamos lo que se ha publicado, pero no podemos analizar lo que no existe, lo que aún no se ha hecho público. Y, teniendo en cuenta los retrasos que sí conocemos, es más que probable que haya hay muchos contratos de emergencia adjudicados en 2020 que aún no hayan visto la luz.

Esteban Umerez, abogado especializado en contratos públicos, coincide: el uso de la tramitación de emergencia no evita que se tengan que cumplir las reglas de publicidad como en el resto de los contratos públicos. ¿Qué pasa con los casi dos meses que pasaron desde la suspensión de plazos administrativos que promulgó el estado de alarma el 14 de marzo hasta que se reanudaron el 7 de mayo? Desde su punto de vista, aquellos contratos que se firmaron durante ese tiempo —pese a la suspensión de los plazos, porque eran de emergencia— tenían que haberse publicado en 15 días: “Si es posible la contratación, tiene que ser posible la publicidad”.

Aun así, para este reportaje no hemos contabilizado ese tiempo en el que todo se paró a la hora de hacer los cálculos. Y aún con esa prórroga extra, los retrasos son más que considerables.