Directores y gerentes de servicios sociales calculan que en España faltan más de 62.000 plazas en residencias de mayores

En España son necesarias entre 62.000 y 63.000 plazas en residencias de personas mayores para cubrir la actual demanda de quienes, con un grado dos o tres de dependencia, los dos más graves, aguardan por algún procedimiento de la ley. Es un cálculo de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, especializada en el sector, a partir de los datos de la lista de espera y las últimas cifras de plazas residenciales publicadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), correspondientes a 2020, el año en que estalló la pandemia. Son 389.677, apenas 643 más que en 2019, distribuidas en 5.529 centros, 13 menos que el año anterior. La organización habla en un comunicado del “estancamiento del sector”.

La asociación apunta que el aumento de las plazas residenciales no va acorde al incremento de la población que supera los 65 años. Así, estudia el porcentaje de plazas disponibles por cada 100 mayores de esa edad. El índice de cobertura bajó de 4,22 en 2019 a 4,19 en 2020. Y lleva disminuyendo ininterrumpidamente desde 2015, cuando se situaba en 4,4. Si se quisiera alcanzar la cifra de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años, serían necesarias más de 75.000. Pero, en lugar de acercarse a ese umbral, el país se va alejando año a año.

El Ministerio de Derechos Sociales puso en marcha el año pasado, tras un acuerdo con las comunidades autónomas, la elaboración del primer censo oficial sobre residencias en España, que no incluya solo el número de centros, plazas y residentes, sino también el número de trabajadores, por ejemplo. Los datos en servicios sociales son muy poco homogéneos, las comunidades autónomas son competentes en la materia y cada una maneja sus sistemas de información. Hasta el momento, el Imserso publica anualmente, con datos facilitados por las autonomías, cifras sobre los servicios sociales para personas mayores, en las que incluye información sobre residencias. La Asociación de Directoras y Gerentes basa en ellas su análisis.

El 26% de las residencias son públicas (1.451), son 16 más que el año anterior. El resto (4.078), privadas, 29 menos que antes de la pandemia. La mayoría de las plazas, el 63,2%, cuentan con financiación pública, es decir, que están dentro del sistema de atención a la dependencia. Esto incluye tanto las plazas en centros públicos, como las concertadas en centros privados y las que se financian con la prestación vinculada al servicio, es decir, un dinero que se da a las personas en situación de dependencia para que sufraguen parte del coste, y el resto deben ponerlo de su bolsillo. La asociación destaca que este porcentaje ha ido “aumentando ligeramente” en los últimos años. Las autonomías con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha. Las que menos, Canarias y Murcia. Madrid es la única donde las plazas exclusivamente privadas tienen mayor cobertura que las de financiación pública, destaca la asociación.

La organización también analiza el número de plazas residenciales en el sistema de atención a la dependencia. Si en febrero de 2020 eran 171.119, en noviembre de 2021 eran 169.399, es decir, que había 1.720 menos. “Resulta significativo que un año y nueve meses después del inicio de la pandemia, aún no se hayan recuperado el número de plazas residenciales en el sistema”, afea en su comunicado.

La nota se refiere especialmente a la lista de espera de personas con grado dos y tres. Con datos de noviembre de 2021, 91.729 personas con grado dos y tres reconocido aguardaban a percibir el servicio al que tenían derecho. Si a ellas se suman “otras 67.000 pendientes de valorar y que previsiblemente obtendrán uno de esos grados”, el número se eleva a más de 158.000 personas. “Aplicando los porcentajes actuales de personas atendidas, cuatro de cada 10 demandarían un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación vinculada a ese servicio. De ahí la estimación de que serían necesarias entre 62.000 y 63.000 plazas” solo para atender esa demanda, se añade en la nota.

El Ministerio de Derechos Sociales ha repetido en múltiples ocasiones que en España es preciso cambiar el modelo de cuidados de larga duración, potenciando la atención a domicilio, de tal manera que quien quiera permanecer en su casa pueda hacerlo, y quien necesite ir a una residencia pueda ser atendido en centros que tengan un funcionamiento más parecido a un hogar y menos a una institución. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes, se muestra de acuerdo con este objetivo, pero puntualiza que llevará años lograr el cambio y que por el momento, con una media de 17 a 57 horas al mes de atención domiciliaria, en función de la gravedad de la persona, la atención en los domicilios “es insuficiente”. Pide que se priorice “de manera urgente” dar atención a quienes están en lista de espera y necesitan ayuda en su vida diaria.

El ministerio está inmerso actualmente en la negociación del acuerdo marco que fije los criterios mínimos que deben cumplir los servicios de dependencia en España, entre ellos, las residencias. En un primer documento de trabajo, que probablemente sufra cambios porque aún está siendo negociado con las comunidades autónomas y los agentes sociales, plantea por ejemplo que no se puedan construir centros con más de 50 plazas. Según los datos para 2020, el tamaño medio en España es de 70,5, y en Madrid y La Rioja superan los 100. En el documento también se plantea una subida de ratios de personal, entre otras muchas. La asociación critica que no se haya incorporado “una memoria valorativa de las inversiones necesarias para la cobertura de centros ni sus costes”.