La justicia autoriza a Baleares a exigir a los sanitarios tres pruebas semanales de covid si no demuestran que están vacunados

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha autorizado al Gobierno regional a exigir tres pruebas diagnósticas semanales a los trabajadores sanitarios de la comunidad que no estén vacunados contra el coronavirus. Esto implicará que los sanitarios que estén inmunizados tengan que demostrar mediante un certificado vacunal —el pasaporte covid u otro documento oficial— que han recibido la vacuna para poder desempeñar su trabajo, tanto en el ámbito público como en el privado. La medida se extiende a los trabajadores de hospitales y centros de salud, clínicas dentales, centros de interrupción voluntaria del embarazo, de cirugía mayor ambulatoria, de diálisis y los centros de salud mental.

En un auto dictado este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que obligar a que el personal sanitario no vacunado se realice pruebas diagnósticas comporta una “tenue limitación” de los derechos fundamentales a quienes por ley les corresponde la obligación de participar “activamente” en la prevención de enfermedades. Los jueces sostienen que el de los sanitarios es un colectivo profesional que ejerce una función “esencial” en la sociedad y su situación les sitúa en primera línea frente a la pandemia. “Es un colectivo especialmente amenazado por la enfermedad. Los informes epidemiológicos que nos aporta la administración sanitaria señalan que el riesgo de padecer la enfermedad en un grado mayor de intensidad se da en personas no vacunadas frente a las vacunadas”.

A pesar de que los jueces destacan que las vacunas no eximen ni protegen “con absoluta rotundidad” frente al virus, sí se han mostrado como una herramienta “sumamente eficaz”. “Eso es un dato estadístico que no es discutible”, resaltan. El auto subraya que la decisión de no vacunarse pertenece a la libertad de cada individuo, una libertad se tiene que conjugar con el derecho a la vida y a la salud de los demás. Por eso, consideran que la molestia que puedan acarrear las analíticas es “escasa y prácticamente insignificante” para el personal que se reincorpora de las vacaciones o de nuevo ingreso, mientras que para los no vacunados la incomodidad de someterse reiteradamente a estas pruebas “se justifica por la gravedad de la situación pandémica”.

“Concurre así una causa de justificación objetiva y razonable, pues se trata de la protección de la salud y la vida de las personas. Y el Tribunal Supremo resalta la no prevalencia del derecho a la intimidad y del derecho a la protección de datos personales cuando ello es necesario para la prevención de un riesgo”, reza el auto. Eso sí, la resolución indica que la práctica de estas pruebas no puede conllevar ningún tipo de coste económico para los profesionales sanitarios y la Administración tampoco puede crear ficheros de datos ni tener esos resultados con ningún otro destino o utilidad. Los sanitarios que se incorporen de vacaciones, permisos o por nueva contratación tendrán que someterse a una prueba con una antelación superior a las 72 horas a su incorporación laboral.

La medida fue aprobada el pasado lunes por el Ejecutivo balear y estaba pendiente de su ratificación por la justicia. “Pedimos en el sector sociosanitario la exigencia de presentar la vacunación completa certificada o tres pruebas semanales”, afirmó el portavoz autonómico, Iago Negueruela. Los trabajadores que rechacen someterse a cualquiera de las dos medidas se pueden enfrentar a las sanciones recogidas en el decreto ley de julio de 2021 o a un expediente disciplinario laboral. En Baleares hay alrededor de 45.000 personas trabajando en el sector sanitario y cerca de 2.000 personas, un 4,5%, están sin vacunar.