Italia autoriza por primera vez un suicidio asistido

Mario, el nombre ficticio de un tetrapléjico de 43 años que lleva una década inmovilizado en una cama, es el primer enfermo que ha obtenido la autorización para ser sometido al suicidio médicamente asistido en Italia. Su caso llega después de que una sentencia del Tribunal Constitucional estableciese ese derecho en 2019 y marca un punto de inflexión histórico. En ausencia de una ley ad hoc, la familia ha batallado por el camino de la jurisprudencia. Una lucha en la que ha sido decisiva la Asociación Luca Coscioni, que lleva décadas pidiendo que se establezca una regulación similar a la que tienen hoy países como España. “El comité de ética [del servicio sanitario público] constató que el hombre se encuentra dentro de las condiciones establecidas por el consejo para acceder al suicidio asistido, por primera vez en Italia”, anunció dicha asociación.

Italia tiene un largo historial de casos que terminaron penosamente sin una solución clara. El más reciente, el de Fabiano Antoniani, fue el detonante para la resolución del Tribunal Constitucional que ahora permitirá a Mario acceder al suicidio asistido. Marco Cappato, exeurodiputado y miembro de dicha asociación, ayudó a morir a Antoniani, conocido como DJ Fabo. Le acompañó hasta Suiza en 2017, donde se puso en manos de expertos de una clínica especializada. El caso se convirtió en un fenómeno mediático que reabrió un debate latente en Italia. Pero también provocó que se iniciase un proceso contra Cappato, que se exponía a 12 años de cárcel por ayudar al suicidio, pero que terminó en la histórica sentencia del Constitucional.

La resolución de aquella corte señalaba que en determinados casos no se sancionaría ayudar a morir a “un paciente mantenido vivo mediante tratamientos de soporte vital y que sufra de una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que considere intolerable, pero que sea totalmente capaz de tomar decisiones libres y conscientes”. Y ese es el criterio que ha tenido en cuenta el comité de ética del centro sanitario donde estaba siendo tratado Mario, que llevaba más de un año solicitando al hospital de la región de Las Marcas (centro-este) la medida.

El camino, sin embargo, ha sido largo. Tras la primera negativa del servicio regional de Las Marcas (ASUR), un laudo de mediación y la decisión final del Tribunal de Ancona, además de dos advertencias legales a la ASUR, Mario finalmente obtuvo la opinión favorable del comité de ética, después de que un grupo de médicos especialistas confirmara que tiene derecho al acceso legal al suicidio asistido. “Me siento más ligero, me he liberado de toda la tensión acumulada en los últimos años”, señaló al conocer la decisión, según un comunicado de la asociación Coscioni.

Marco Cappato celebra el nuevo paso dado. Pero él y la asociación de la que es tesorero lamentan las dificultades que encuentran todavía los enfermos cuando quieren acceder a este derecho reconocido legalmente. “Las sentencias del Constitucional tienen valor de ley. El problema es que en dos años ni un solo enfermo ha recibido la autorización para morir. El servicio nacional de salud rechaza aceptar la sentencia porque no hay una regulación clara y solo queda el camino de los tribunales, como ha hecho Mario. Pero ha necesitado 14 meses desde su primera petición para verificar su condición y que están los cuatro requisitos del constitucional”, explica a este periódico poco después de conocer la decisión del hospital.

La ley que termine con la indeterminación a la que se agarran los centros sanitarios no llega de momento a Italia. “Y en el Parlamento está bloqueado porque todavía se examina el texto en comisión parlamentaria”, señala Cappato. Por eso, su asociación entregó el mes pasado al Tribunal Supremo una petición firmada por 1,2 millones de personas para pedir un referéndum sobre la eutanasia. La idea es tener una ley similar a la que ya aprobaron países como España, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.

Italia ya tuvo que afrontar la cuestión en 2009 con el caso de Eluana Englaro, una mujer que llevaba 17 años en coma hasta que su familia logró que la justicia interrumpiese su alimentación artificial. Todo ello a pesar de una intensa campaña del Vaticano y de Gobierno de Silvio Berlusconi en sentido opuesto. Pero nada cambió legalmente. El caso de Mario empuja todavía más hacia la necesidad de legislar.