La UE obliga a Madrid a aflorar más de 900 millones de deuda acumulada hasta 2019 con los hospitales privados

La Comisión Europea y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar más de 900 millones de euros de deuda acumulada hasta 2019 con los hospitales públicos de gestión privada de la región, según los documentos e informaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

Esta deuda, sobre la que hasta ahora se ha negado a informar el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), corresponde a los gastos de la asistencia médica prestada a pacientes de la sanidad pública en los llamados hospitales concertados hasta el 31 de diciembre de 2019. En su gran mayoría, cerca del 90% del total, estas obligaciones de pago son con cuatro hospitales del grupo Quirónsalud —Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro y General de Villalba—, aunque hay una pequeña parte que corresponde al Hospital de Torrejón (del Grupo Ribera Salud).

Fue la Cámara de Cuentas de Madrid la que destapó por primera vez una deuda que la Comunidad había mantenido oculta hasta entonces y de la que se ha negado a ofrecer más detalles. Lo hizo en diciembre de 2019 en un informe correspondiente al ejercicio 2018 en el que alertaba de que la Consejería de Sanidad no había aflorado 722,3 millones de euros que debía a estos cinco hospitales.

El informe sorprendió a la IGAE, el máximo órgano de control del gasto público y el déficit a nivel nacional, que forzó a los responsables de la sanidad madrileña a aflorar las obligaciones de pago pendientes. La IGAE también elevó una consulta a las autoridades europeas sobre si esta deuda, que transcurrido un año ya superaba los 900 millones de euros, debía ser imputada en su totalidad al ejercicio 2020 o lo correcto era hacerlo en los años anteriores en los que se hubiera realizado la asistencia médica a pagar. La respuesta de Eurostat —la oficina que valida y certifica las cuentas de los Estados miembros— fue que todos los importes debían incluirse en el ejercicio de 2020.

El resultado de estos movimientos puede verse en el último informe trimestral de las administraciones públicas de 2020, que publica la IGAE. En el documento, por un error, figuran dos cantidades ligeramente distintas atribuidas a los hospitales concertados de Madrid, en todo caso superiores a los 900 millones de euros. La primera hace referencia a “944 millones por liquidaciones de hospitales de Madrid (903) y Valencia (41) de ejercicios anteriores”, mientras que en el epígrafe de la Comunidad de Madrid recoge “944 millones [que] corresponden a liquidaciones pendientes de ejercicios anteriores de concesiones sanitarias”.

“El asunto del gasto sanitario no liquidado en la Comunidad de Madrid se discutió con las autoridades españolas en el contexto de las notificaciones del procedimiento de déficit excesivo” el año pasado, confirma una fuente oficial de Eurostat. Las notificaciones se realizan dos veces al año (en abril y octubre) y los datos definitivos son cruciales para la aplicación del Pacto de Estabilidad, el marco disciplinario de la UE que puede traducirse en sanciones para los países que superan el límite del déficit (3%), el de deuda (60%) o que manipulan las estadísticas.

“Las cantidades en cuestión se contabilizaron como gasto principalmente en 2020, lo que ha afectado negativamente” al déficit público español, señalan desde Eurostat. Los casi mil millones de la deuda aflorada por Madrid supone apenas el 0,8% del déficit total del país, que en el peor año de la pandemia ascendió a 122.900 millones euros. Pero adquiere mucha mayor relevancia si se tiene en cuenta que las comunidades autónomas cerraron el ejercicio con un déficit de 2.427 millones, por lo que la deuda de Ayuso con los hospitales supone el 36% (o el 39%, según el dato del informe de la IGAE que se tenga en cuenta) del total atribuible a las autonomías.

Aún más: la Comunidad de Madrid cerró 2020 con un déficit de 117 millones de euros, según los datos de la IGAE, por lo que la administración de Ayuso podría haber logrado un superávit de más de 800 millones de euros sin esta deuda con los hospitales concertados.

La intervención de la IGAE y la UE, cuyas instrucciones son de obligado cumplimiento, tumba las explicaciones dadas hasta la fecha por los responsables de la Comunidad de Madrid, que tras el informe de la Cámara de Cuentas aseguraron que “no puede hablarse de deuda cierta, sino de previsiones internas que realiza el Servicio Madrileño de Salud”. El pasado 14 de octubre, en la Asamblea de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insistió en el argumento al afirmar que “las cantidades que se encuentran pendientes de liquidación no tienen la consideración de deuda”.

Ruiz Escudero hizo estas declaraciones tras las preguntas de los partidos de la oposición, después de que EL PAÍS publicara que la multinacional Fresenius, propietaria de Quirónsalud, recogía en su informe anual del ejercicio 2020 que la Comunidad de Madrid le debía casi 1.250 millones por la asistencia médica prestada a pacientes de la sanidad pública en los ejercicios anteriores.

En respuesta a este diario, la Consejería de Sanidad reitera que los importes aflorados por la IAGE y Eurostat “no se tratan de deuda”, sino “una estimación pendiente de discusión y liquidación con el proveedor que no puede confirmarse hasta que toda la actividad esté auditada”. Sanidad también defiende que actúa con “transparencia, ya que la Cámara de Cuentas elabora sus informes con los datos aportados por la Comunidad”. La Consejería admite que tras las gestiones de la Intervención y la UE, estos “importes ya han sido computados como gasto en 2020 a efectos de déficit, pero es necesario finalizar las liquidaciones para efectuar los pagos”.

Toda la información disponible —informes de la Cámara de Cuentas, la IGAE, proveedores...— muestra que la deuda de la Consejería de Sanidad con los hospitales concertados está creciendo a un ritmo superior a 200 millones de euros anuales y apunta a que la Comunidad está teniendo dificultades para controlar y tramitar adecuadamente el gasto de estos centros sanitarios integrados en la red pública sanitaria.

“El problema se arrastra desde hace años y se ha visto agravado tras el cese del viceconsejero Juan González Armengol” el pasado mes de julio, explican fuentes de la Consejería de Sanidad, que piden el anonimato. “La tramitación de las liquidaciones se llevaba más o menos al día hasta 2015, cuando el PP perdió mucho poder en las elecciones autonómicas y las personas que lideraban estas gestiones fueron sustituidas por otras llegadas de otras comunidades. Hubo un parón muy importante y las últimas liquidaciones hechas se quedaron frenadas en las de 2013. Cuando llegó Armengol [octubre de 2020], dio un nuevo impulso y se actualizaron las liquidaciones pendientes hasta los ejercicios 2015 o 2016, pero con su marcha ha habido un nuevo frenazo. Además, ha habido jubilaciones y técnicos que se han ido, así que la estructura administrativa que debe auditar y controlar estos gastos está muy debilitada”, añaden estas fuentes.

Más Madrid y el PSOE, principales partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid, han mostrado a este diario su sorpresa y malestar por los nuevos datos conocidos. “Sabemos que la tramitación administrativa de estas liquidaciones está siendo conflictiva y que acumula grandes retrasos, y es algo que estamos investigando, pero hemos preguntado repetidamente sobre ello al Gobierno de Ayuso sin que nos haya ofrecido ninguna respuesta. Desconocíamos que el caso hubiera llegado a la UE”, lamenta Javier Padilla, portavoz de Sanidad del grupo de Más Madrid.

Matilde Díaz Ojeda, del PSOE, denuncia la opacidad y falta de transparencia de la Consejería de Sanidad. “Llevamos tiempo denunciándolo y ahora ha quedado en evidencia. Por mucho que se empeñen en negarlo y le llamen como le llamen, lo que tienen con estos hospitales es una gigantesca deuda que no para de crecer. Y es realmente preocupante la falta de control que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre sus propios gastos con estos hospitales”, denuncia.

La Comunidad de Madrid reconoce que “las auditorías que se tienen que realizar son muy laboriosas” y asegura que ha puesto en marcha “un plan para reforzar los recursos humanos destinados a la finalización de las pendientes”, que asegura que se han visto “ralentizadas” por la pandemia y que espera “poder liquidar los pagos pendientes lo antes posible”.

Madrid ha sido la Comunidad española que más ha apostado por la privatización de la sanidad pública. Esperanza Aguirre impulsó a partir de 2003 con un modelo que le llevó a inaugurar nueve hospitales en su mandato, unos centros cuya financiación y gestión dejó en manos del sector privado con contratos a 30 años. Siete de ellos ensayaban un modelo mixto en el que el personal era público, pero el edificio y los equipamientos quedaban en manos de las compañías inversoras. A ellos, hay que sumar la Fundación Jiménez Díaz, inicialmente una entidad privada sin afán de lucro, que sufrió una grave crisis económica que Aguirre decidió solucionar poniendo el hospital bajo el control de una empresa privada que, tras varios cambios de titularidad, ha acabado integrada en Quirónsalud.