El Parlamento británico describe como “un fracaso sanitario” histórico la primera reacción de Johnson ante la pandemia

Los 12 diputados conservadores, 8 laboristas y 2 nacionalistas escoceses que componen la Comisión de Salud, Cuidados Sociales, Ciencia y Tecnología del Parlamento británico “no perseguían con su informe atribuir ninguna culpa ni responsabilidad”, según han explicado desde las primeras líneas. Bastaba sin embargo con hacer un repaso exhaustivo a los hechos para que fuera inevitable concluir que la respuesta inicial del Gobierno de Boris Johnson a la pandemia fue “uno de los más importantes fracasos sanitarios que el Reino Unido ha experimentado en su historia”.

Downing Street no decidió imponer un confinamiento estricto en todo el país hasta el 23 de marzo de 2020, cuando muchos otros países europeos ya se hallaban bajo regímenes draconianos de cuarentena. “La respuesta política del Reino Unido iba a cambiar abruptamente”, describe el informe. “Durante los días anteriores al 23 de marzo, muchos miembros del Gobierno y muchos de sus asesores científicos experimentaron epifanías simultáneas que les dejaron claro que el Reino Unido había tomado la senda equivocada y las consecuencias podían ser catastróficas”.

El Reino Unido ha registrado más de 150.000 muertes por la covid-19. Se trata de la cifra europea más elevada, aunque si se tiene en cuenta que con sus 68 millones de habitantes es el tercer país europeo más poblado, detrás de Rusia y Alemania, la mortalidad por 100.000 habitantes es la novena mayor, detrás de países como Hungría, Bélgica e Italia. El informe parlamentario culpa al Gobierno de Johnson de haber adoptado frente al virus una “respuesta lenta y gradual” que se tradujo en más fallecimientos de los necesarios. Los diputados señalan varios motivos que explican la catastrófica respuesta inicial de Downing Street. “A pesar de contar con algunos de los mejores expertos del mundo”, los fallos en la realización de las primeras operaciones de localización y rastreo del virus fueron notables. Se produjo además un exceso de confianza en modelos matemáticos de proyección de los contagios que resultaron fallidos. Los expertos en psicología del comportamiento a los que consultó el Gobierno erraron al presuponer que la ciudadanía británica no toleraría la imposición prolongada en el tiempo de restricciones sociales muy duras. Y, finalmente, las deliberaciones y debates llevadas a cabo en el SAGE (Grupo Científico Asesor para Emergencias, en sus siglas en inglés) tuvieron excesivo secretismo, y cercenaron la posibilidad de que la comunidad científica pudiera haber puesto en cuestión la validez o sensatez de algunas primeras decisiones.

Hasta ese 23 de marzo, la convicción de los expertos que asesoraban al Gobierno de Johnson, liderados por los científicos Chris Whitty y Patrick Vallance, era que el ritmo de contagios del virus podía controlarse, pero no contenerse. Era incluso deseable que la transmisión se acelerara para adquirir cierta “inmunidad de grupo”. Describe el informe este planteamiento como el resultado de un “fatalismo” en el seno del Gobierno, y de un “pensamiento grupal” que nadie se atrevió a poner en entredicho durante las primeras semanas de la pandemia. “En la práctica, esto llevó a la conclusión de que la inmunidad de grupo era un resultado inevitable, dado entre otras cosas que el Reino Unido no tenía ante sí la perspectiva cercana de una vacuna, su capacidad para realizar pruebas era muy limitada, y existía una convicción generalizada de que la ciudadanía no aceptaría un confinamiento estricto por un periodo largo de tiempo”, asegura el texto parlamentario.

A todo eso hay que añadir un “anglocentrismo” y un “excepcionalismo británico”, promovido por el Gobierno de Johnson, que llevó a considerar que el Reino Unido asumiría un curso diferente al del resto del mundo en su viaje a través de la pandemia.

“A lo largo de toda la pandemia, nos hemos dejado guiar por los expertos médicos y científicos. Nunca hemos dudado a la hora de adoptar medidas rápidas y decisivas, para salvar vidas y proteger al Servicio Nacional de Salud. Y eso incluyó restricciones sociales y confinamientos”, ha respondido este lunes un portavoz del Gobierno de Johnson al informe parlamentario. La comisión está presidida por Jeremy Hunt, un político conservador que se enfrentó a Johnson en la última ronda de las elecciones primarias del partido. Había sido previamente ministro de Exteriores y de Sanidad, y ha sido uno de los principales críticos de la gestión de la pandemia, aunque siempre desde planteamientos respetuosos y constructivos.

Johnson se comprometió a poner en marcha una comisión independiente de investigación para mediados de 2022. Bajo la ley británica, sería probablemente un juez quien dirigiera ese organismo, con capacidad para recabar cualquier tipo de documento oficial y de forzar la comparecencia de testigos. Downing Street era consciente de la excesiva duración que suelen tener estas comisiones -como la que investigó, por ejemplo, las inexistentes armas de destrucción masivas que llevaron a la guerra de Irak-, y confiaba en que las conclusiones no se hicieran públicas hasta después de las próximas elecciones generales, previstas para 2023. El informe parlamentario, sin embargo, fruto de la comparecencia de más de cincuenta testigos -entre ellos, el exministro de Sanidad, Matt Hancock; el polémico ex asesor estrella de Johnson, Dominc Cummings; o los profesores Whittty y Vallance- ha acelerado los plazos y puesto contra las cuerdas al Gobierno conservador. Johnson aún confía, sin embargo, en que la segunda fase de la gestión de la pandemia -elogiada por el informe- haya hecho que muchos ciudadanos perdonen al Gobierno. El programa de vacunación fue de los más rápidos de Europa, y hay un consenso general, al que se incorporan los diputados de la comisión, de que fue un éxito indiscutible del Gobierno.