Cómo debería ser la agencia que gestione la próxima pandemia

Cuando el 27 de diciembre de 2019 los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) recibieron las primeras noticias no oficiales de que una extraña neumonía parecía propagarse por China, este departamento no sumaba más de media docena de funcionarios. En una exigua oficina de la cuarta planta del Ministerio de Sanidad, este pequeño grupo, con refuerzos en las peores épocas de la covid, ha sido el encargado de reunir y homogeneizar todos los datos que se han ido haciendo públicos desde el comienzo de la epidemia, además de liderar la respuesta a la crisis sanitaria y ser su voz: en concreto, la de Fernando Simón, su director. El clamor por un centro nacional de salud pública con más medios y recursos, que hasta entonces se restringía a los profesionales de este mundillo, se hizo entonces evidente para toda la población. Un año y medio después, todavía no hay noticias sobre cómo será este organismo, más allá de los cinco millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado para ponerlo en marcha este año.

Esta carencia no pilló a nadie por sorpresa. La Ley General de Salud Pública de 2011 ya contemplaba la creación de un organismo que centralizase las competencias de salud pública, que diera a esta disciplina un músculo del que carecía (y carece). José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad cuando se redactó la ley, explica que la idea era “crear un centro, o una agencia, con la máxima autonomía posible”. “Sería una suma de lo que hoy es el CCAES y todos los centros de salud pública de las comunidades, una conexión con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales que pueda hacer análisis de las enfermedades importantes y de políticas que puedan ser válidas”, detalla. Es un proyecto que, según este experto, “durmió el sueño de los justos con los gobiernos del PP”.

No solo no se creó la agencia, sino que el Ministerio de Sanidad fue perdiendo cada vez más músculo en los años posteriores a la crisis financiera. Según Martínez Olmos, desde entonces el departamento cuenta con 1.500 funcionarios menos. Las oposiciones para cubrir el cuerpo de médicos del Estado dejan en cada convocatoria plazas desiertas. Y son estos profesionales, entre otros, los que deberían gestionar crisis como la pandemia que vivimos o las que vengan.

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Para la siguiente crisis, en teoría, ya debería existir esa agencia o centro estatal. Sanidad no aporta detalles de cómo avanza su gestación. En sendas entrevistas con EL PAÍS, la ministra, Carolina Darias, y la secretaria de Estado, Silvia Calzón, aseguraron que su departamento está trabajando en ello. “Era un mandato legal. Por desgracia no se había hecho todavía realidad. En el proyecto de Presupuestos hay ya una partida para la puesta en marcha del centro estatal y desde el ministerio estamos diseñando la estrategia participativa que nos ayude a crearlo. Tenemos que escuchar a todos: profesionales, comunidades, sociedades científicas…”, dijo Calzón en noviembre de 2020, cuando todavía era ministro Salvador Illa. Su sustituta, Darias, añadió en marzo: “Estamos trabajando para tenerlo cuanto antes. Tenemos que fortalecer todo aquello que incida en la mejora de la salud pública, hacer un sistema nacional de salud que sea más fuerte, más resiliente y más proactivo, y contribuir a esa UE de la salud”.

Un grupo de expertos está elaborando un documento de propuestas que va a presentar al ministerio y que publicará en la Escuela de Salud Pública de Menorca, que se celebra esta semana. Uno de sus miembros es Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, quien adelanta a EL PAÍS, algunas de las características que dibuja este informe: “Hay bastante consenso en que tenga la forma jurídica de agencia. Debe coordinar toda la inteligencia en salud pública que aporta el CCAES, el Centro Nacional de Epidemiología y tener flexibilidad y capacidad para reunir las mejores capacidades de las comunidades autónomas, pero también de centros científicos o técnicos. Por ejemplo, si tenemos un centro de gripe buenísimo, se podría establecer redes con ellos”.

En lo que están de acuerdo todos los consultados es en que debe ser una agencia independiente. “No tendría sentido que fuera una especie de dirección general que dependa del ministerio. Debe poder dar recomendaciones y luego los gobernantes decidir si las siguen o no. Pero lo más importante es que sepa hablar al poder”, asegura Rafael Bengoa, codirector del Instituto de Salud y Estrategia y exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, quien propone que no necesariamente esté físicamente en Madrid, algo que comparte Hernández.

En la comisión de reconstrucción del Congreso, en verano de 2020, una de las conclusiones fue que había que crear una agencia con características parecidas a las descritas. Ana Pastor, miembro del PP en esta comisión y ministra de Sanidad en los Gobiernos de Aznar, explica que lo que hay que crear es algo distinto a lo que proponía la ley de 2011, “que se limitaba a coordinar lo que hace el CCAES con otros centros nacionales”. “Debe ser independiente del Gobierno, elegida por el Parlamento y tiene que encargarse de todos los temas que tienen que ver con la salud de los ciudadanos, no solo con las enfermedades infecciosas: ha de llevar adelante todos los planes nacionales de prevención, de screening, desde enfermedades raras, neurológicas, de salud mental, de cáncer, basado en un gran centro de información. Sería una agencia de salud integral y de calidad asistencial”, expone.

En el mundo hay modelos que pueden servir de ejemplo y en los que se inspiran algunas de las propuestas. Pero oficialmente no se sabe ni siquiera qué forma jurídica tendrá. Institutos como el Robert Koch de Alemania o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, son organismos independientes que dan recomendaciones a los gobiernos de forma semejante a lo que los expertos piden en España.

Uno de los problemas que muchos analistas han señalado durante la pandemia es la falta de agilidad del Gobierno, en parte por sus propias estructuras, para contar en cada momento con los mejores profesionales que asesorasen o trabajasen directamente para resolver la crisis. El Ejecutivo fue formando grupos de expertos que hacían estas labores, pero sin una estructura ni funciones claras. Una agencia de salud pública debería tener más capacidades para aunar esfuerzos, más allá de que, de por sí, debería contar con un sistema de recogida de datos que evitase uno de los grandes problemas de España durante la crisis sanitaria: la falta de capacidad para recolectar y unificar cifras en tiempo y forma que pudieran llevar a decisiones rápidas y basadas en la realidad.

La creación de esta agencia fue uno de los temas de conversación en la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología, que se reunió a principios de este mes en León. En la charla inaugural, Miguel Hernán, catedrático de Epidemiología de la Universidad de Harvard, reclamó una “institución líder dirigida por científicos respetados” que pueda hacer recomendaciones. “Si un gobierno no las sigue, bien, pero tendrá que explicar por qué”.