Cuatro comunidades todavía no han constituido las comisiones que tienen la última palabra en la eutanasia

La ley de la eutanasia cumple un mes en vigor con tropiezos en su puesta en marcha y una implantación desigual en España. Para empezar, Asturias, Navarra, La Rioja y Andalucía todavía no han constituido sus respectivas comisiones de garantías y evaluación, un órgano imprescindible para desplegar la norma y que tiene la última palabra para avalar o rechazar la concesión de la prestación. Además, las entidades sociales denuncian retrasos administrativos y desconocimiento de los profesionales sobre el proceso, una situación que se agrava por el contexto en el que ha nacido la ley: en plena quinta ola de coronavirus, con los centros sanitarios volcados en atender la covid y buena parte de las plantillas de vacaciones de verano. Las comunidades no reportan datos de cuántas peticiones se están tramitando, pero no es un aluvión de casos: las entidades apenas constatan un goteo que será, según sus cálculos, menos de un centenar de peticiones en toda España.

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La norma que regula la prestación de ayuda para morir entraba en vigor el pasado 25 de junio con la operativa aún a medio gas y su puesta en marcha ha avanzado también a varias velocidades. Javier Velasco, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) señala que el despliegue de la ley “está yendo peor de lo que se esperaba”. “Es un derecho cuyo ejercicio efectivo está siendo complicadísimo en la mayoría de las comunidades”, resume. Por su parte, Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial, minimiza las anomalías y asegura que entran “dentro de lo previsible”: “Es un cambio muy importante que ha convulsionado al sector y eso precisa de un asentamiento y un ajuste. La gente está en un compás de espera”.

Las peticiones de eutanasia en trámite no son muchas, aseguran las entidades sociales. A varias de las comunidades consultadas, de hecho, no les consta ningún caso en proceso y algunas, como Aragón, apuntan que hasta que no llegue a la comisión de garantía no pueden saber si ha habido alguna petición y “no ha pasado el tiempo suficiente para que pueda haber llegado alguna”, apostilla una portavoz. De hecho, el plazo desde que se hace la solicitud hasta que se concede la prestación puede superar el mes de demora.

Con todo, a DMD en Cataluña le consta que tres personas han comenzado o están a punto de empezar a tramitar la solicitud. En Andalucía hay, al menos, otros ocho casos; en Madrid, seis; y en la Comunidad Valenciana, dos más, según los cálculos de las entidades. Pilar Garzón, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Ourense, también asegura que al menos dos pacientes han empezado el proceso formal en la comunidad, aunque todavía sus casos no han llegado a la comisión.

Durante las primeras semanas con la ley en marcha, el Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado un Código de Buenas Prácticas, que pule inconcreciones de la ley, y el protocolo de actuación para que el médico responsable —el facultativo elegido por el paciente para llevar su caso— dictamine si el enfermo está en plenas capacidades para tomar la decisión de solicitar la eutanasia. Pero, en la práctica, aterrizar la norma es tarea de las comunidades y este cometido avanza a distintos ritmos.

Para empezar, hay cuatro autonomías que ni siquiera cuentan con la infraestructura más elemental, que son las comisiones de garantía y evaluación, unos órganos que, según la ley, debían estar operativos desde el pasado 25 de junio. Estos comités son el tercer filtro para dar el visto bueno a una solicitud y si no existen, la prestación de ayuda a morir es, de facto, imposible de aplicar. Asturias justifica su demora aduciendo que “hay unos tiempos administrativos que tienen que cumplirse” y Navarra, por su parte, señala que su puesta en marcha es inminente: “Si hubiera habido una petición, se hubiese activado por un procedimiento legal de urgencia”, matiza un portavoz.

En La Rioja también van con retraso respecto a los plazos previstos y en Andalucía están aún “pendientes del informe de la asesoría jurídica”, asegura un portavoz. Para la responsable de DMD Andalucía, Eva Camp, “es una cuestión de voluntad política”. Madrid, por su parte, asegura que su comisión ya está creada y constituida, pero el responsable de DMD Madrid, Fernando Marín, insiste en que no se ha publicado el decreto de creación y, por tanto, oficialmente no existe.

Falta de formación

Con todo, además de los retrasos en la infraestructura básica de la norma, las entidades sociales denuncian la falta de formación de los profesionales. “Hay mucho desconocimiento por parte de los médicos y muchos están saturados de trabajo. A ello se suma que no reciben información de la Administración y pasan”, tercia Velasco. Marín y Camp coinciden también en la situación de “desconcierto” que viven los profesionales ante la falta de directrices de la Administración.

Josep Arimany, presidente de la Comisión Consultiva sobre la Ley de la Eutanasia del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, defiende que, al menos en su comunidad, “se ha hecho mucha formación”: “Siempre puede haber zonas donde haya disfunciones, pero aquí se ha hecho una buena tarea de formación por parte del Colegio de Médicos de Barcelona y de la Administración”, señala el médico. De hecho, el órgano colegial ha creado cápsulas informativas sobre la norma y el Departamento de Salud ha desplegado un plan formativo con un curso de sensibilización para los sanitarios. Rodríguez Sendín señala que los profesionales tienen que leerse la ley y el Código de Buenas Prácticas y no “complicarlo todo en exceso”: “La falta de formación o la ignorancia no pueden ser razón para no hacer las cosas bien”, zanja.

En cualquier caso, el azote de la quinta ola de coronavirus, que ha vuelto a poner al sistema sanitario contra las cuerdas, tampoco ayuda al despliegue de la norma. Ni que la ley haya entrado en vigor en pleno verano, con las plantillas sanitarias menguadas por las vacaciones del personal. Otra de las quejas de las entidades es que algunos profesionales “están dando largas” y le dicen a los enfermos “que se esperen hasta septiembre” porque no saben cómo proceder o no encuentran a los profesionales necesarios a los que recurrir para cumplir los protocolos. “Es un momento muy complicado”, asume Gloria Cantarell, portavoz de DMD Catalunya. “Hay muchos médicos que están sobrepasados”, admite.

Marín sostiene que, hasta ahora, los tropiezos son más administrativos que ideológicos. Pero el activista también reporta un caso de un paciente que tenía el aval de su doctora y luego esta se echó atrás y denuncia objeciones en bloque en algún centro, algo que no está permitido por la ley porque la objeción de conciencia se considera un derecho individual. La portavoz de DMD Andalucía añade, además, que se están produciendo anomalías como que algunos registradores de la Consejería de Salud no admiten el testamento vital con la inclusión de la petición de eutanasia en los casos que la ley establece, mientras que otros sí lo hacen.

Objeción de conciencia a debate

A propósito de la objeción, el Comité de Bioética de España ha publicado un documento en el que contempla que pueda haber una objeción institucional por parte de un centro religioso. El Código de Buenas Prácticas, sin embargo, defiende que la objeción es “un derecho individual, no colectivo” y, por tanto, “no podrá ejercerse por una institución, un centro, un servicio o una unidad”. Rodríguez Sendín insiste: “La capacidad que otorga el Estado para objetar aplica al individuo, no lo puede suplantar una institución”.

La ley contempla que haya un registro de objetores en cada comunidad en el que inscribirse de forma individual, un dispositivo que algunas autonomías ya han puesto en marcha. El Comité de Bioética defiende, no obstante, que sería más efectivo, en lugar del registro de objetores, “contar con personas o equipos dispuestos a participar en las distintas fases del procedimiento o, en su defecto, con un registro de profesionales dispuesto a aplicar la eutanasia”. Marín denuncia que ese “no es el sentido ni el espíritu de la ley”.

Con información de Margot Molina, Juan Navarro, Mikel Ormazábal, Ferran Bono, Isabel Valdés, Silvia R. Pontevedra y Caridad Bermeo.