Un estudio revela que el 97% de la inversión para desarrollar la vacuna de AstraZeneca fue pública

El estudio más ambicioso realizado hasta la fecha sobre la financiación que ha permitido desarrollar una vacuna frente al coronavirus, en este caso la de AstraZeneca, revela que la industria farmacéutica soportó menos del 3% de los costes de investigación que la han hecho posible. La mayor parte de los 120 millones de euros invertidos llegaron desde el Gobierno del Reino Unido (45 millones) y la Comisión Europea (30 millones), mientras el resto procedía de entidades también financiadas con fondos públicos (centros de investigación) y fundaciones que apoyan la investigación científIca.

Esta prueba de lo relevante que ha sido la financiación pública en los fármacos contra el coronavirus vuelve a poner sobre la mesa el tema de la liberación de patentes, extremo por el que 170 personalidades mundiales enviaron este jueves una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedir la suspensión temporal de estas licencias.

“Han sido la inversión pública y la colaboración internacional las que han traído las vacunas frente al virus”, resumen en un comunicado los autores del estudio, investigadores de la organización independiente Alianza de Universidades por las Medicinas Esenciales en el Reino Unido. El trabajo, avanzado este jueves por el diario británico The Guardian y pendiente de ser revisado por pares antes de su publicación en una revista científica, rastrea cientos de millones de ayudas públicas destinadas a la investigación en las últimas dos décadas y localiza aquellas que han hecho posible el desarrollo de la vacuna, en el que también ha participado la Universidad de Oxford.

Los resultados del trabajo son mucho más detallados, pero coinciden en lo esencial con la información publicada sobre otras vacunas frente al coronavirus, como la de Moderna. Un comunicado del Gobierno de Estados Unidos pone de manifiesto que ha destinado más de 3.400 millones de euros para el “desarrollo, ensayos clínicos y producción” del fármaco, basado en una novedosa tecnología denominada ARN mensajero. Como referencia, esta cantidad es más de cuatro veces superior a todo el presupuesto en I+D de Moderna en el año 2020, año en el que su vacuna fue desarrollada.

Estas nuevas informaciones avivan el debate sobre la posibilidad de dejar sin efecto el sistema de patentes que impide fabricar vacunas a otros productores que no sean los titulares de las licencias. Esto, apuntan los críticos con el sistema, está retrasando la administración de los sueros a la totalidad de la población mundial y cuestiona uno de los argumentos utilizados por la industria: la necesidad de patentes (que pueden durar de 10 a 20 años, según el caso) para recuperar las fuertes inversiones y riesgos que asumen en el desarrollo de los fármacos.

Nueve de cada 10 dosis pinchadas hasta la fecha lo ha sido en los países ricos, mientras los más pobres tendrán que esperar aún bastantes meses o incluso años. Este escenario, más allá de consideraciones éticas y sociales, incrementa el riesgo de que surjan nuevas variantes del virus que hagan ineficaces las vacunas ya administradas, alertan todos los expertos.

La suspensión temporal de las patentes mientras dure la pandemia ha ganado adeptos en los últimos tiempos, como evidencia la carta pública remitida al presidente de EE UU, Joe Biden, por 170 exdirigentes mundiales y premios Nobel. Entre ellos están los expresidentes del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, el expresidente francés, François Hollande o el ex primer ministro británico Gordon Brown. Esta suspensión, recoge el texto, conformaría “una etapa vital y necesaria para acabar con la pandemia”. “Estamos esperanzados por las informaciones según las cuales vuestra Administración está examinando una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual de la OMC [Organización Mundial del Comercio] durante la pandemia, como propusieron Sudáfrica y la India” el pasado otoño, continúa.

La OMC ha sido tradicionalmente el foro en el que los países ricos —en los que tienen su sede las grandes farmacéuticas— han defendido los intereses del sector. “De hecho, la exención de las patentes la están paralizando en este organismo un grupo muy reducido de gobiernos, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Japón. Sin este veto, y liberando el conocimiento para producir las vacunas, nuevos actores podrían incrementar la producción mundial”, explica Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho, entidad que aboga por el acceso universal a los fármacos y el fin de las patentes.

Pese a las duras críticas contra empresas del sector como AstraZeneca pronunciadas por algunos líderes europeos en la actual crisis —y que algunas voces como el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se han sumado a la petición de suspender las patentes—, la Unión Europea no considera que la escasez de vacunas se deba a las licencias. “Los problemas no se resolverán suspendiendo las patentes. Están relacionados con una insuficiente capacidad de producción”, defendió hace 10 días la Comisión Europea.

Fabricar más vacunas

José Félix Lobo, catedrático emérito en Economía de la Universidad Carlos III (Madrid), coincide en que “a corto plazo, la suspensión de las patentes no resolvería el problema más urgente, que es de fabricar y hacer llegar suficientes vacunas a todo el mundo en los próximos meses”. “Para lograr que lleguen también a los países más vulnerables, es necesario dotar de más recursos a Covax [coalición participada por la Organización Mundial de la Salud] y establecer mecanismos para que las vacunas encargadas de más por los países ricos sean reenviadas a aquellos que no tienen. Reformar el sistema de patentes es algo necesario, cierto, pero ahora no es lo más prioritario”, defiende Lobo.

Guillem López-Casasnovas, director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), recuerda que “la OMC ha tenido siempre un mecanismo muy bien definido para la exención temporal de las patentes”. ”Ejecutarlo solo requiere la voluntad política de los gobiernos. Es algo que pueden hacer, pero antes deben ponerse de acuerdo, asumir la cuantía de la indemnización a la farmacéutica y también aceptar el precedente que esto genera”, añade.

En el seno de la OMC ha surgido la llamada tercera vía, propuesta a principios de marzo por una decena de países, entre ellos Australia, Canadá, Chile y Colombia. “Esta iniciativa aboga por impulsar las llamadas licencias voluntarias”, acuerdos entre farmacéuticas para que las titulares de las patentes puedan ceder la producción de más dosis a otras compañías.

Esta es, también para la UE, la mejor fórmula para incrementar la producción durante los próximos meses. Salud por Derecho, en cambio, ve esta fórmula como un “movimiento defensivo del sector ante sus fallos de los últimos meses y una solución que no ataca el problema de raíz, que es el obstáculo que las patentes suponen para que vacunas y otros medicamentos lleguen a todos los que los necesitan”.

La patronal farmacéutica Farmaindustria, por su parte, explica que “las proyecciones hechas por agencias independientes apuntan a que los acuerdos entre compañías, 263 actualmente, deben permitir el suministro necesario de dosis en lo queda de año”. “Según los datos disponibles, la producción en 2021 ascenderá a entre 9.000 y 12.000 millones de dosis, lo que debe ser suficiente para inmunizar al menos al 70% de la población mundial antes de fin de año”.