Covid-19 | Un año después

Los errores políticos ante el virus

Al principio fue la tardanza de las pruebas y la falta de material de protección. Después, la mala gestión del ocio y las Navidades. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad sigue negando que existieran deficiencias

Unidad de vigilancia intensiva respiratoria con enfermos de covid-19 del Hospital Clinic (Barcelona), el 14 de abril de 2020.
Unidad de vigilancia intensiva respiratoria con enfermos de covid-19 del Hospital Clinic (Barcelona), el 14 de abril de 2020.Albert Garcia

No está clara la fecha exacta en la que el virus entró en España. Lo hizo oficialmente a finales de enero, cuando el Gobierno comunicó el primer caso detectado en La Gomera, y se expandió por el país durante las tres primeras semanas de febrero sin que las autoridades sanitarias, ni la central ni las autonómicas, lo advirtieran. No había motivos para preocuparse, todo estaba bajo control, habría pocos casos y anecdóticos, según declaró el experto Fernando Simón, líder del Ministerio de Sanidad en la gestión de la lucha contra la pandemia. Para entonces, la epidemia de coronavirus sumaba ya 259 muertos, la mayoría en Wuhan (China), supuesto origen del brote, y 11.000 contagios. España estaba muy lejos.

Este error en el diagnóstico y en el control de la pandemia es solo uno de los cometidos en España para combatir la primera embestida del coronavirus, según los hechos conocidos y las opiniones de la mayoría de expertos y profesionales consultados. Las autoridades tardaron demasiado en dar el visto bueno a las pruebas para los casos de neumonías atípicas que ingresaban en el hospital, sufrieron una alarmante falta de material de protección para evitar nuevos contagios y gestionaron la crisis con unos datos muy deficientes que no permitían conocer la magnitud del problema.

El Ministerio de Sanidad niega a EL PAÍS un año después haber cometido errores en la gestión de la pandemia, a tr avés de un cuestionario respondido por Fernando Simón y su equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Un mes de retraso para buscar casos sospechosos

Un hombre que había viajado a Nepal murió el 13 de febrero en el hospital valenciano Vila Arnau, apenas un día después de ingresar. Pero hasta el 3 de marzo nadie supo que fue la primera víctima conocida en España del coronavirus SARS-CoV-2. Uno de los médicos que le atendió estuvo tres semanas pidiendo a Salud Pública que le hicieran las pruebas porque sospechaba que se trataba de una muerte por coronavirus. “Tras estudiar el caso y en base a los protocolos vigentes en el momento, no procedía la realización de las pruebas diagnósticas por no ajustarse a los criterios. La información disponible indicaba claramente que únicamente había estado en Nepal, a unos 1.500 kilómetros de Hubei, y entonces no se tenía noticia de casos en Nepal, no refiriendo tampoco estancia en aeropuertos en China”, explicaron las autoridades valencianas de Salud Pública.

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David Roncero, médico de Igualada (Barcelona), también pidió desde mediados de febrero hacer pruebas a los que ingresaban con neumonías atípicas. “Pero me las denegaron, por clínica parecían casos claros de coronavirus, pero no habían viajado a China”, explicó a EL PAÍS. La localidad catalana fue confinada el 12 de marzo, dos días antes de que el Gobierno cerrase España. El virus circulaba por Igualada mucho antes. La conexión de esta ciudad con Italia por su industria textil desencadenó la alta tasa de contagiados. En Sevilla o en Madrid se dieron casos sospechosos en diversos hospitales en las primeras semanas de febrero, pero tampoco se hicieron las pruebas necesarias para detectar los brotes. Lo que estalló en marzo, con el virus fuera de control, dejó cerca de 8.000 muertos y un país aterrado e inmóvil.

España reaccionó tarde porque durante varias semanas no fue capaz de aplicar medidas para conocer la magnitud del problema. El 24 de enero, el Ministerio de Sanidad aprobó la definición de caso para practicar las pruebas y tener bajo control al virus. Recomendaba investigar por infección de SARS-CoV-2 a toda persona con síntomas de infección respiratoria que hubiera estado en Wuhan (algo que luego se amplió a otras zonas de riesgo) o hubiera estado en contacto con un caso confirmado de covid-19.

Un mes después (25 de febrero), se cambia el protocolo de detección de casos: “Se considera sospechoso de SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. A todo caso sospechoso de infección de SARS-Cov-2 se le realizará una PCR”. Desde ese momento, España comienza realmente a buscar el coronavirus, pero ya es muy tarde. Los departamentos de Salud Pública esgrimían razones parecidas: “Estábamos en febrero, en plena ola de gripe y catarros, era imposible hacer las pruebas a todas las personas con síntomas”.

La definición de caso que Sanidad mantuvo vigente desde finales de enero hasta finales de febrero hacía imposible que la estrategia de contención funcionara, porque se estaban escapando muchos infectados que contagiaban a otras personas. Fue uno de los debates que más tiempo ocupó en la reunión que mantuvo el 18 y el 19 de febrero el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Según las actas, ninguno de los 30 expertos insinúa siquiera hacer pruebas a todo el que tenga síntomas, algo que consideran prácticamente imposible por la falta de capacidad diagnóstica.

Desde la izquierda, el ministro de Sanidad, Salvador Illa; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en marzo del año pasado.
Desde la izquierda, el ministro de Sanidad, Salvador Illa; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en marzo del año pasado.Moncloa

El Ministerio de Sanidad rechaza ahora que fuera un error prohibir las pruebas de coronavirus a enfermos con neumonías atípicas si no procedían de China y habían estado en contacto con un positivo. “El problema en esos momentos no venía con la definición de caso, sino con la capacidad diagnóstica. Solo se podía diagnosticar con PCR y no había pruebas disponibles en ningún país, porque el que los fabricaba no los exportaba hasta que garantizaba que sus necesidades estaban bien cubiertas”, responde Sanidad a EL PAÍS.

Un caos de datos

El viernes 8 de marzo había oficialmente notificados 374 casos en toda España. Tanto Fernando Simón como el entonces ministro Salvador Illa han repetido que con solo unas decenas de contagios, la mayoría controlados, no se habría entendido que el Gobierno hubiera decidido cerrar el país y detener toda actividad no esencial. Si hoy se consultan los datos consolidados tiempo después de aquella fecha en las bases de datos del Instituto de Salud Carlos III, ese día la cifra real de contagiados era de 7.909. Y eso, a pesar de la estrecha definición de caso que había por entonces.

Los sistemas de notificación de España eran arcaicos; los recursos humanos, insuficientes; los sistemas de salud pública estaban muy por debajo de lo que los profesionales venían reclamando desde hacía años. Esto no se podía arreglar de un día para otro cuando llegó la pandemia. Pero sí se podría haber previsto que lo que se veía era solo la punta del iceberg. Todas las decisiones se tomaron basándose en estos datos insuficientes y sabiendo que se hacían muchas menos pruebas de las que se debían hacer. Álex Arenas, físico e investigador de la Universidad Rovira i Virgili y experto en modelos matemáticos, ya estaba por aquellas fechas haciendo simulaciones para prever lo que podía suceder. “No había nada de epidemiología seria, y los datos eran nefastos. No había manera [de trabajar con los datos], el sistema informático era inexistente y los retrasos de notificación eran clave”, señala.

Sanidad niega que se basaran solo en los datos oficiales. “Con todos los datos de los que disponíamos y con unos márgenes de confianza importantes, teníamos unas estimaciones de lo que estaba pasando. Disponíamos de información que nos permitía proponer medidas que de otra manera hubieran sido completamente injustificables. Así se pone de manifiesto en el momento en que se empezaron a tomar las decisiones más duras con restricciones como las que se tuvieron que adoptar para el decreto del estado de alarma (que se hizo el 14 de marzo y que se tuvo que preparar los tres días previos). Las medidas se tomaron basándose en los datos de los que disponíamos, pero sobre todo en cálculos sobre lo que realmente pasaba y los modelos matemáticos”.

Y para rematar su argumentación, Sanidad asegura que cuando el Gobierno cerró el país el número de casos era de “entre 30 y 60 diarios y la incidencia en los días previos era de 0,3 a 0,6 casos por cada 100.000 habitantes”, algo que no es cierto: la semana que comenzó el 9 de marzo ya se estaban reportando cientos de casos diarios, según los propios informes de Sanidad. El 13 de marzo, día que Pedro Sánchez anunció el estado de alarma, había 1.259 diagnósticos nuevos.

Las mascarillas llegan tarde

La recomendación de llevar mascarillas llegó tarde en Occidente. En parte porque no estaba claro hasta qué punto eran eficaces y en parte porque, literalmente, no había ni siquiera suficientes para los sanitarios que atendían a los enfermos. Esta es la versión de Sanidad: “Las mascarillas se recomiendan desde el primer momento a todos los grupos que tienen un requisito claro de recomendación, siempre dependiendo de la información disponible en ese momento respecto a la enfermedad. Es cierto que en el momento en el que se pudo plantear el uso comunitario de mascarillas (ante su falta debido al bloqueo de las exportaciones del único país en el mundo que las producía, que era China) había que priorizar los grupos de interés. Siempre se han recomendado las mascarillas para todas las personas sintomáticas y se ha tratado de priorizar los lugares donde había riesgo de transmisión en esos periodos de tiempo en los que había falta de mascarillas. Lo que no se podía hacer en el momento en el que no existían mascarillas en el mercado era recomendar su uso de forma amplia para toda la comunidad. Al principio de la epidemia no había evidencia de transmisión a partir de personas asintomáticas y por tanto la recomendación tenía que ir dirigida a controlar la transmisión, no al uso generalizado de mascarillas”.

Mensajes tranquilizadores

Desde el principio, las autoridades sanitarias tuvieron más miedo a que se colapsaran los centros de salud por síntomas leves que a una pandemia. Por eso, los mensajes tendieron siempre a quitar importancia al virus, hasta prácticamente la semana en que se declaró el estado de alarma. “Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y controlada. Pero España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles”, dijo Simón a finales de enero. Y los mensajes continuaron durante días en esa línea: “Es una enfermedad que vamos conociendo poco a poco y no es tan grave como otras que hemos visto en el pasado. La ansiedad que se percibe en la población no es razonable con los datos que tenemos”, aseguró el 13 de febrero. Varios expertos en salud pública críticos con la gestión de Sanidad aseguran que aunque por esas fechas era muy difícil predecir exactamente lo que iba a pasar, los mensajes, entonces y en los días sucesivos, podrían haber concienciado a la población para que actuase de forma más cauta. “Desde principios de febrero”, replica el Ministerio de Sanidad, “cuando todavía en España no había habido más que un caso, se estaba dando mucha información sobre cómo prevenir la enfermedad y la importancia de las medidas de cuidado y prevención personal. Progresivamente, a medida que se tenía más información, se iban incrementando este tipo de medidas”.

Los equipos de protección individual

China canceló la exportación de mascarillas con el cierre de Wuhan, en enero, así que habría que haber sido muy previsor para aprovisionarse antes. Pero tampoco hubo búsqueda de alternativas ni se puso en marcha la industria nacional hasta mucho más tarde. Cuando España llegó al mercado internacional era tarde.

Trabajadores voluntarios fabrican trajes de protección para hospitales en Arnedo, en La Rioja, el 30 de marzo del año pasado.
Trabajadores voluntarios fabrican trajes de protección para hospitales en Arnedo, en La Rioja, el 30 de marzo del año pasado. Alvaro Barrientos

Reacción lenta a lo que sucede en Italia

Algunos epidemiólogos críticos con la gestión de Simón pueden incluso entender que hasta finales de febrero no se hiciera más. Pero cuando la epidemia había estallado en Italia, España tardó en reaccionar. Tan solo se aconsejó (el ministerio no tenía competencias para prohibir sin declarar el estado de alarma) no jugar partidos con público, y eso no fue hasta el 3 de marzo. El Gobierno italiano había confinado a 50.000 personas el 23 de febrero. Cada día, 200 vuelos comunicaban España con Italia. El 26 de febrero, Sanidad se limitó a aconsejar que no se viajara a zonas de riesgo, que por entonces eran cuatro regiones italianas —Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña y Véneto—, Japón, Irán, Corea del Sur, Singapur y China. “No hay prohibición, pero a una zona de riesgo, si no es imprescindible, no vaya. Es de sentido común”, dijo entonces Illa. Los vuelos con Italia no se suspendieron hasta el 10 de marzo.

Sanidad rechaza que hubiera falta de previsión y tardanza en tomar medidas de prevención y cree que esas limitaciones eran suficientes: “Las medidas vinieron en el momento oportuno. Lo cierto es que la entrada importante de los casos de Italia a nuestro país se produjo al mismo tiempo que Italia detectaba el incremento de transmisión en el norte del país, es decir durante la última semana de febrero”. Los médicos que atendieron neumonías atípicas en Igualada creen que los contagios desde Italia se produjeron mucho antes.

Abrir pronto (en algunos sitios)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió este pasado febrero que la desescalada de la primera ola del coronavirus fue “demasiado rápida” y animó a que esto sirviera de lección para evitar una cuarta ola. En realidad, España fue uno de los países más cautos de su entorno a la hora de retomar actividades, pero las comunidades autónomas llegaron a la denominada “nueva normalidad” con situaciones muy distintas. Mientras Madrid contaba con una incidencia de 18 casos por 100.000 habitantes, la de Andalucía era de uno. En Asturias, ni eso: 0,5. El plan inicial contemplaba dos semanas más de estado de alarma para que las autonomías más rezagadas siguieran desescalando poco a poco, pero la falta de apoyos parlamentarios precipitaron el fin de esta situación y Madrid, la que tenía peor situación, pasó de la fase 2 a la nueva normalidad sin transición.

No se reforzaron bastante los sistemas de salud pública

Todo el periodo de desescalada se suponía que debía servir para reforzar los sistemas de salud pública de forma que pudieran localizar brotes y aislarlos en cuanto se produjeran. Pero en julio España solo tenía la mitad de los rastreadores que recomendaban los estándares internacionales. Por entonces, cada comunidad tenía ya las riendas de sus sistemas y tan solo la Comunidad Valenciana se acercó a un número que los expertos consideran adecuado. Esto produjo que por cada contacto en España apenas se identificasen tres contactos por caso, tres veces menos que en otros países. En Canarias, sin ir más lejos, conseguían hallar nueve contactos.

Ocio nocturno

Cuando terminó el estado de alarma, las comunidades fueron poco a poco abriendo el ocio nocturno. Duró poco. Ya para finales de julio seis comunidades lo estaban cerrando ante los brotes que se sucedían en este ámbito. El 14 de agosto las comunidades y el ministerio llegaron al acuerdo de cerrarlo, algo que dura hasta hoy. La noche sirvió para propagar el virus, algo previsible en opinión de los expertos, y que otros países evitaron manteniéndolo cerrado.

Olvido de los temporeros

Ni el Gobierno ni las comunidades autónomas tuvieron en cuenta que las precarias condiciones de vida y el hacinamiento de los temporeros se podían convertir en una bomba de relojería. Ahí nació la segunda ola, que comenzó en Aragón y se expandió hacia Cataluña.

Falta de criterios claros para medidas

Aunque Sanidad manejaba unos datos de trabajo sobre lo que eran niveles altos y extremos, estos no eran públicos ni suponían a efectos prácticos medidas concretas. Así que las comunidades en la segunda ola hicieron restricciones en ocasiones con demasiada incidencia y sin seguir un criterio común, que no se aprobó hasta octubre.

Navidades

Las Navidades fueron un desastre anunciado. Todos los expertos venían advirtiendo de los riesgos, justo cuando se acababa de descubrir la cepa británica, y a pesar de todo se permitió el movimiento entre comunidades para visitar a familiares y allegados y se abrió la mano en toques de queda y número máximo de personas que se podían reunir. Esto desembocó en una ola más complicada para los hospitales incluso que la primera en algunas comunidades. Se podía haber evitado. Las autoridades de Canarias decidieron poner limitaciones estrictas y cerrar Tenerife, que llegó a las fiestas navideñas en ascenso. Unas semanas después, la incidencia allí estaba cayendo mientras se disparaba en el resto de España. Pero cuando se habla del coronavirus no hay ciencias exactas ni recetas infalibles: la Comunidad Valenciana no fue tan estricta como la isla canaria, pero sí impuso medidas más duras que el resto de España y cerró sus territorios y fue una de las comunidades con peores datos de casos y muertes en la tercera ola.


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