VIOLENCIA MACHISTA

La policía y la UME refuerzan la búsqueda del cuerpo de una mujer desaparecida en 2016 en Gran Canaria

El único sospechoso por la desaparición de Juana Ramos sigue siendo su expareja, Miguel Ángel Ramos

Efectivos durante la búsqueda este lunes en varios enclaves de los municipios de Santa María de Guía y Arucas, en el norte de Gran Canaria.
Efectivos durante la búsqueda este lunes en varios enclaves de los municipios de Santa María de Guía y Arucas, en el norte de Gran Canaria.Quique Curbelo / EFE
Las Palmas de Gran Canaria - 22 feb 2021 - 16:01 UTC

Un contingente de efectivos de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha retomado este lunes en Gran Canaria la búsqueda el cuerpo de Juana Ramos, la mujer desaparecida el 20 de agosto de 2016. Las tareas de búsqueda se centran en los municipios de Arucas, Moya y Guía (en el norte de la isla), en un dispositivo supervisado por la magistrada Auxiliadora Díaz, que dirige el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Entre el equipo, compuesto por 150 efectivos, se encuentran escaladores especializados y drones traídos de Madrid, dado lo escarpado de los barrancos de la zona. Este operativo de búsqueda se lleva a cabo tras los nuevos indicios en el caso, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Ramos tenía 56 años en el momento de su desaparición, era madre de dos hijos y vecina de un barrio popular de Las Palmas de Gran Canaria. El día en que se perdió su rastro había quedado para dar un paseo con la que era su expareja, Miguel Ángel Ramos, para tratar asuntos económicos. Ambos habían mantenido una relación durante 14 años y se separaron tres meses antes de la desaparición.

Tras las primeras pesquisas, el investigado, propietario de una pizzería, fue detenido el 7 de septiembre de 2016 como principal sospechoso de la muerte de su expareja. Las autoridades habían logrado verificar varias mentiras en las que había incurrido en sus declaraciones ante la policía y ante la magistrada que instruye el caso. En un primer momento, Ramos había asegurado que había ido a dar un paseo con la mujer y que luego la dejó a las 00.00 de la noche en su domicilio de La Paterna. Los agentes, sin embargo, comprobaron con posterioridad que las señales de ambos móviles los ubicaron por la zona norte de la isla (Moya y Arucas) hasta altas horas de la madrugada, cuando desapareció la señal del dispositivo de Juana.

Juana Ramos, en una foto de archivo.
Juana Ramos, en una foto de archivo.

A juicio de la magistrada, el acusado ha ofrecido durante la instrucción una versión de los hechos “totalmente inverosímil” y ha dado declaraciones “contradictorias y muy poco creíbles”, mostrando una “nula colaboración” desde el mismo momento de la desaparición, la cual ha llegado a ser “obstativa, extremo totalmente incompatible con una persona que ha perdido a su pareja y con la cual mantenía una relación de afectividad y tal como él dijo en sede judicial que la quería”. El inculpado se encuentra actualmente en libertad, dado que la instructora ha reconocido en sus últimos autos que no tiene suficientes razones legales para ordenar su ingreso en prisión preventiva. En opinión de Díaz, no cabe “ninguna duda de que la señora Juana Ramos no desapareció de forma voluntaria”, ni tampoco de que su expareja “conoce todos los detalles de esa noche en la que desapareció y dónde se encuentra actualmente su cuerpo”. En diciembre de 2018 fue condenado a pagar 930 euros por amenazar y agredir a un periodista.

Tras la desaparición de Ramos se fueron conociendo detalles de la relación con su expareja. Según afirmaron sus amigas a la prensa en aquel entonces, ella sufría malos tratos físicos y violencia verbal y psicológica, además de seguimiento y acoso. El acusado pidió a la víctima poner su negocio a su nombre porque él se iba a divorciar de su mujer y temía que perdiera este negocio en la separación.

En un primer momento no hubo problemas. Sin embargo, según declararon los dos hijos, él dejó de pagar a la Seguridad Social y no pagó la indemnización de un despido improcedente. No tenía dinero para afrontar 24.000 euros. La administración se los reclamó a ella, al ser la titular de la pizzería. Ella pidió un crédito al banco y cada mes pagaba 500 euros a la entidad bancaria, y luego él se los abonaba a ella. En las dos o tres veces que barajaron cortar la relación, él le amenazaba con no pagarle los 500 euros mensuales. Hasta que finalmente dio el paso y cortó la relación.

Miembros del operativo de búsqueda este lunes en Gran Canaria.
Miembros del operativo de búsqueda este lunes en Gran Canaria.Quique Curbelo / EFE

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