Los expertos que detectan las mascarillas falsificadas

“Ha sido un año excepcional y la carga de trabajo en 2020 se ha multiplicado por 13, con la misma plantilla. Se han verificado 980 modelos distintos, el 80% de ellos mascarillas, algunos ensayados varias veces y siempre más de una muestra”. La física Pilar Cáceres, que dirige el Centro Nacional de Medios de Protección, resume la mella tras los turnos sin reloj durante la pandemia en su sede sevillana, un edificio añejo con equipos punteros: “Estamos agotados”. Un ramillete de 12 físicos, ingenieros, químicos y farmacéuticos se dejó la piel para dar luz verde o pedir la retirada del mercado del millar corto de tipos de mascarillas, ropa, guantes y pantallas de protección importadas para el personal sanitario. En 2019 se verificaron 74 modelos.

El coronavirus cogió en pañales a Europa hace un año para proteger a sus sanitarios que atendían en primera línea a los enfermos. No había material tras la huida de las fábricas a Asia en busca de mano de obra barata, y el virus corría disparado por los pasillos de los hospitales y los centros de salud. Los países, incluidos los Gobiernos autonómicos españoles, se lanzaron entonces al zoco chino —que acaparaba el 85% de la producción mundial, según Morgan Stanley— para comprar material fungible, entre comisionistas y precios inflados.

Y cuando los millones de mascarillas llegaban a los aeropuertos españoles, las muestras se enviaban a toda mecha al único centro habilitado para testarlas, en la capital andaluza, donde en cuestión de días se daba una respuesta sobre su eficacia de filtrado de partículas. “Vimos de todo. Desde mascarillas autofiltrantes con resultados muy aceptables a otras que llegaron al 70% u 80% de penetración [el tope en las FFP1, las de menor exigencia, está en el 20%]”, explica Antonia Hernández, química y jefa de la unidad técnica de protección respiratoria del centro, un laboratorio donde se trabaja con pulmones artificiales, cabezas de maniquíes que transpiran y complejas máquinas que miden partículas de 0,6 micras de diámetro.

El 55% de las mascarillas verificadas cumplía con los estándares de filtrado frente a la covid, el 25% eran equipos “malos o muy malos”, en palabras de Cáceres, y un 20% daban protección, pero menor a la exigida por las normas europeas frente a virus respiratorios. Ante la escasez de material, Bruselas decidió conceder autorizaciones temporales para el material que carecía de la certificación habitual con base en los resultados emitidos por los 11 laboratorios europeos habilitados para ensayos, este entre ellos.

En el laboratorio de protección respiratoria, el ensayo estrella para mascarillas ha sido y es el de penetración de cloruro de sodio. Un aerosol de partículas sólidas que podrían asemejarse a microorganismos como el coronavirus, para así conocer la eficacia del material. La mascarilla se coloca de forma hermética en una cámara de ensayos para comprobar qué cantidad de aerosol penetraría hacia los pulmones. “El ensayo consiste en pasar un caudal de aire con una concentración conocida de cloruro de sodio a través de la mascarilla. El caudal es de 95 litros por minuto, se hace pasar en el sentido de la inhalación, de delante hacia atrás y recogemos la concentración de partículas de sodio que respiraríamos”, ilustra Hernández.

Para facilitar los resultados a la mayor brevedad posible y dada la urgencia en pandemia, los responsables del laboratorio decidieron realizar a cada modelo de mascarilla tres ensayos de penetración con cloruro de sodio, en el estado en que las recibían tras aterrizar en España desde el extranjero.

Muchos de los profesionales sanitarios se infectaron en primavera, cuando los hospitales y centros de salud les facilitaban una mascarilla quirúrgica por semana, pese a que su uso recomendado ronda las cuatro horas. A medida que se testaba el material de protección y se distribuía durante el verano, bajaba la curva de contagios entre médicos, enfermeras y auxiliares. Sin embargo, los profesionales sanitarios contagiados por el patógeno en España son hoy 118.000 del total de 646.000 (el 18%), según el Ministerio de Sanidad.

“Era deprimente ver que la gente pensaba que estaba protegida y no lo estaba. Entraba muchísima falsificación y había falta de trazabilidad, guantes con agujeros, trajes que se rompían…”, recuerda Cáceres. Hoy los hospitales y los centros de salud tienen mascarillas de sobra para sus plantillas y el ritmo de verificación ha bajado.

Al margen de protectores faciales, guantes y batas para el personal esencial, el centro analiza solo la penetración en mascarillas autofiltrantes FFP1, 2 y 3 —considerados equipos de protección individual— y no en las quirúrgicas o higiénicas, estas últimas con una norma diferente sobre materiales y confección exigidos para que la población en general pueda reutilizarlas, y de precio más reducido. Los requisitos para comercializar las higiénicas han sido endurecidos justo esta semana por parte del Ministerio de Consumo.

La pandemia puso las mascarillas y los EPI para sanitarios y personal esencial arriba de la lista de prioridades, lo que obligó al centro a relegar otro tipo de actividades habituales. “Ha sido inaudito, pero hemos sido muy resilientes, el personal vino domingos y de noche, perdías los horarios”, resume Sara Sierra, directora del departamento de equipos de protección individual. Entre los 50 trabajadores del centro, las siete responsables de departamento de equipos de protección individual son mujeres. La situación ha dado un vuelco desde que hace 30 años Cáceres entró como becaria. “No ha sido nada forzado, sencillamente se ha dado así, es un trabajo de mucha dedicación y estudio”, apunta.

La sede, con 13.000 metros cuadrados y que depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es un edificio levantado en 1974 con aire demodé y funcionarios entregados para sobrevivir al vendaval de la pandemia. Por los pasillos se mezclan laboratorios con máquinas enormes, miras telescópicas sobre raíles de tren y una espectacular cámara anecoica para probar los protectores auditivos. En breve el Gobierno destinará cuatro millones para modernizar y ampliar sus laboratorios, que ocupan 3.000 metros cuadrados. “Esta inversión forma parte de la apuesta decidida para avanzar en la protección de las personas trabajadoras en el ámbito laboral, algo que se ha demostrado de extraordinaria importancia durante la pandemia”, precisan fuentes del Ministerio. La plantilla sigue al límite y este jueves Manuel Gómez era el único ingeniero presente en la unidad técnica de ropa y guantes. Sus compañeros estaban de baja, aislados o habían dado positivo por el virus.