Las órdenes religiosas admiten ya 126 casos de abusos en España

Los abusos de menores en la Iglesia católica en España siguen saliendo lentamente a la luz y, tras el paso de los jesuitas de hace dos semanas, al reconocer 81 víctimas de 65 religiosos desde 1927, y su intención de indemnizarlas, otras congregaciones ya están siguiendo el mismo camino. EL PAÍS ha consultado a 10 de las mayores y siete revelan que también han realizado investigaciones del pasado o están en marcha, e igualmente aceptan compensar a las víctimas. Son meras revisiones de archivos, no estudios rigurosos, que además no han hecho públicos, y están muy lejos de reflejar la realidad de los abusos en España si se comparan con los de referencia en otros países. Por otro lado, de esta decena de entidades, los Hermanos Maristas, La Salle y los Agustinos se siguen negando a revisar su pasado. El resto admite por el momento 61 casos de religiosos pederastas, 42 de ellos desconocidos hasta ahora. Si se suman estas cifras a las de los jesuitas —65 casos, 54 de ellos nuevos según estimaciones de este diario—, las órdenes admiten 126 casos, 96 de ellos desconocidos hasta ahora. Estos números disparan las estadísticas totales y elevan las víctimas de abusos en la Iglesia en España a más de 500, según la contabilidad que lleva EL PAÍS con información de sentencias, medios y sus propias investigaciones, ante la ausencia de datos de la Iglesia y oficiales.

Hasta este mes se conocían 125 casos desde 1986, pero de un plumazo hay que sumar 96 más. Total, 221 con al menos medio millar de víctimas desde 1927. Es decir, en unas semanas se han conocido casi los mismos casos que en 35 años. Y en octubre de 2018, cuando este periódico comenzó a investigar los abusos y abrió un correo electrónico de denuncia, solo se contaban 34 casos. Después, este diario recibió más de 200 mensajes y ha publicado una treintena de casos. La cifra ha ascendido a toda velocidad con numerosas denuncias de víctimas en los medios.

Escolapios, claretianos, corazonistas y Legionarios de Cristo ya han realizado investigaciones internas. Están en ello marianistas y salesianos, que dan cifras provisionales, 28 en el último caso, la más alta tras los jesuitas. El Opus Dei ultima su estudio interno. Estas investigaciones son solo un primer y mínimo paso hacia la verdad. Las órdenes constatan que en el pasado nunca se denunciaba, en la mayoría de las ocasiones solo se trasladaba al acusado, se lo expulsaba o dejaba la congregación, con lo que podía seguir cometiendo abusos en otros lugares y la institución se desentendía. Es solo un primer acercamiento a lo que sucedió. Otra iniciativa ha sido abrir correos electrónicos para recibir denuncias, una vía por la que han aflorado algunos de estos delitos. En otros casos la institución religiosa simplemente se entera por la prensa. A los corazonistas, por ejemplo, solo les consta un caso, el del alto comisionado del Gobierno contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco, que reveló haber sido víctima de abusos en una entrevista hace dos meses.

Los escolapios de la provincia central de la orden en España solo han podido rastrear la pista de uno de sus miembros, acusado en 1972, que dejó la orden y acabó en Estados Unidos. Relatan que llegaron a contratar un detective para averiguarlo. Los abusos que han logrado determinar se produjeron en Madrid, Salamanca, Toro y la diócesis de Cádiz-Ceuta. Afirman que del resto no han conseguido saber más, ni dónde ocurrieron.

Las investigaciones de las órdenes no eran conocidas y solo salen ahora a la luz a preguntas de este diario. Sus resultados son muy limitados y no han sido realizadas por personas externas, salvo en la provincia catalana de los claretianos. No ofrecen detalles —nombres, lugar y fecha de los hechos—, que si se divulgaran podrían hacer aparecer más víctimas. Solo arañan la superficie, pero aun así son un avance en la Iglesia española, que hasta 2018 guardaba silencio. Y, sobre todo, pone aún más en evidencia la postura de la Conferencia Episcopal Española (CEE), un caso prácticamente único en los grandes países católicos: se niega a investigar el pasado y a plantearse una indemnización de estas víctimas.

Se cumplen dos años de la cumbre en el Vaticano sobre pederastia, celebrada en febrero de 2019, y la Iglesia española apenas ha dado pasos. Solo se han abierto oficinas de atención a las víctimas en cada diócesis, por orden del Papa. En octubre de 2018 creó una comisión contra la pederastia para actualizar los anacrónicos protocolos vigentes desde 2010, pero más de dos años después nada se sabe de su trabajo. En su web siguen apareciendo los antiguos. La CEE ha optado por no contestar a las preguntas de este diario y se remite a notas y ruedas de prensa de 2020. En noviembre, el portavoz de los obispos, Luis Argüello, solo declaró que las denuncias recibidas eran “cero o muy pocas”.

En cuanto a investigar, la consigna es que cada obispo haga lo que quiera, al contrario que las conferencias episcopales de Estados Unidos, Alemania, Holanda o Francia, que han liderado amplias investigaciones en sus países. En Alemania, los obispos encargaron una auditoría externa. Llevó cuatro años y en 2018 se hizo pública: desde 1946 sufrieron abusos 3.677 menores a manos de 1.670 religiosos. La propia Santa Sede publicó hace dos meses el demoledor informe McCarrick, que señalaba cómo Juan Pablo II y Benedicto XVI habían ignorado denuncias de abusos.

La respuesta de las 70 diócesis españolas ha sido lenta y poco transparente. Salvo algunos casos, en Cartagena, Madrid, Barcelona y Bilbao, los obispados se resisten a hacer públicos los números de casos que llegan a sus oficinas. La gran mayoría se niega a indagar en sus registros y a indemnizar a las víctimas. Lo cierto es que en todos los países la realidad de los abusos del pasado solo ha salido a la luz con auténticas comisiones de la verdad ―de los Gobiernos, de la Iglesia, o de ambos—, que daban la suficiente confianza de seriedad a las víctimas para dar el paso de contar su caso. Si no, siguen ocultas.

“El balance es muy pobre”, opina Juan Ignacio Cortés, autor de uno de los pocos libros sobre el tema publicados en España, Lobos con piel de pastor (San Pablo). “Sigue vigente un protocolo bastante infame, han abierto oficinas en las diócesis, pero se ha hecho muy poco. En España nadie hace nada, no interesa, ni a la Iglesia ni al Estado, que en el pasado debía vigilar porque muchas instituciones, de internados a orfanatos, eran parte del sistema de beneficencia estatal. Incluso ahora en los pocos casos que llegan a los tribunales a las víctimas no dejan de darles palos, como en el caso Gaztelueta, donde el Supremo rebajó la pena de 11 años de cárcel a dos. Hay una falta de sensibilidad total por parte de todos. Todo el mundo dice: qué barbaridad. Pero luego miran para otro lado”.

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Infancia Robada, primera asociación nacional de víctimas, cree que pese a las órdenes explícitas del Papa, algunas conferencias episcopales “han avanzado muy poco y otras, como la CEE, nada”. Duda de la efectividad de las oficinas de las diócesis y las definen como “una estrategia de marketing” para lavar el pasado de la Iglesia. De momento, advierten, ninguna se ha puesto en contacto con las víctimas que han acudido a asociación en los dos últimos años, casi un centenar. “Dicen que ayudan a víctimas, pero todavía no han hecho público ningún informe. Tampoco se han puesto en contacto con nosotros”, subraya Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación y padre de la víctima del caso Gaztelueta. “Volvemos a repetir que nos abrimos a colaborar con la Iglesia como intermediarios”, dice.

Gemma Varona, criminóloga de la Universidad del País Vasco y que hizo un estudio pionero en 2015 sobre los casos registrados en España, alaba la decisión de las órdenes de investigar, pero ante el único informe conocido, el de los jesuitas, es muy crítica. Opina que el resumen que han divulgado “es incompleto y metodológicamente muy dudoso”. “No explican cómo lo han hecho ni hacen público el estudio completo”, señala. Sobre todo, como han subrayado las víctimas, cree que el número de casos que registra es “ridículo”. “No es creíble, es más, es increíble que se atrevan a ponerlo, hace unos años, como inicio, se podía aceptar, pero llevamos mucho retraso”, apunta.

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La investigación de los jesuitas señala que un 1% de sus miembros desde 1927 ha cometido abusos. Los estudios más rigurosos que se han presentado, por ejemplo en Estados Unidos, Alemania, Francia o Irlanda, coinciden en que la cifra media está entre el 4% y el 5% del clero. Por otro lado, informes como el de Pennsylvania en 2018 (300 sacerdotes acusados, 1.000 víctimas) o el más reciente de Francia (1.500 curas, 3.000 víctimas) muestran que frecuentemente un agresor abusa de más de un menor. Varona cree que “los informes deben ser para las víctimas, que son quienes lo necesitan, y por eso deben ser transparentes y bien realizados”. “Hay que contestar estas preguntas: ¿por qué las víctimas no denuncian? ¿por qué no se atreven? A eso se debe un número tan bajo”. Esta especialista trabaja en los últimos años en otro estudio sobre las víctimas, que presentará este año, y en todas las que ha entrevistado “la victimización secundaria es muy clara”: se refiere al nuevo sufrimiento que supone denunciar y no ser escuchado e incluso maltratado por la Iglesia.

“Me han robado nueve años más”

El caso de Javier Paz, víctima de abusos en Salamanca, y una de las primeras en aparecer en televisión en 2014, contando su caso, es significativo: “Me han robado nueve años más, desde que denuncié en 2011, porque confié en ellos, denunciando en el obispado, pero el proceso canónico que hicieron fue un teatro para tenerme engañado y en silencio, hasta que me acusaron de querer solo dinero, me humillaron y decidí salir en la tele. Te machacan otra vez y la herida no se cierra”. Añade, en todo caso, para señalar que otra parte de la Iglesia hace bien su trabajo, que en el actual obispo de Barbastro-Monzón (Huesca), Ángel Pérez Pueyo, sí ha encontrado todo el apoyo. Su último revés: ha pedido al Vaticano la documentación de su proceso canónico y se la han denegado.

Varias órdenes han pagado indemnizaciones o están dispuestas a hacerlo si llega el caso pero, al margen de la compensación económica, Josep Tamarit, catedrático de derecho penal en la Universitat Oberta de Catalunya y especializado en victimología, valora los procesos de justicia restaurativa: “Es un diálogo entre las partes involucradas, y tienen sentido porque muchos son delitos prescritos, no pueden acudir a la justicia penal, y es casi más satisfactorio para las víctimas”. Los escolapios catalanes, que se asesoraron con la Fundación Vicki Bernadet, recurrieron en algún caso a la mediación del defensor del pueblo, el Síndic de Greuges. “Era una víctima que localizamos y no quería saber nada de nosotros, y gracias a la mediación hablamos con él. Fue muy positivo, cayeron muchos fantasmas. Supongo que creyó que encontraría el colegio de los años cincuenta y al tratarnos cambió su percepción. En Navidad me llamó para felicitarme las fiestas”, relata el provincial de esta orden en Cataluña, Eduardo Pini. “Si el Parlament hace una comisión de investigación, que cuenten con nosotros, la Iglesia tiene que afrontar esto e investigarlo”.

“Para las víctimas es muy importante que haya una institución laica e independiente, porque no se fían”, explica una portavoz. del Síndic. “En las reuniones se hizo una escucha activa importante, que alguien les escuche ya es un paso, y luego se hicieron tareas de mediación con las congregaciones”. Los salesianos, por ejemplo, no contemplan indemnizaciones y se han centrado un proyecto de justicia restaurativa en el que, a través de un equipo de trabajo externo de la orden, ofrecen terapias de larga duración, de unos 20 meses. Ya han puesto en marcha nueve de estos procesos donde, subrayan, intentan “además de mejorar la salud de las víctimas, ser reconocidos en el daño sufrido”.

Pero la indignación de las víctimas no es solo con la Iglesia: “Es una vergüenza que el Gobierno no haga nada. Es un tema muy peliagudo y nadie quiere afrontarlo. Basta un grupo de expertos, una dotación económica y abrir un correo, investigar. No cuesta nada y le daríamos la vuelta a esto”, lamenta Manuel Barbero, presidente de Mans Petits y padre de una víctima. Es la asociación que abrió una causa contra los maristas en Barcelona y ha logrado una indemnización de 400.000 euros para 21 familias. “Falta implicación de las instituciones, que deberían haber asumido el protagonismo, como en otros países. En 2010 en Bélgica fue el Parlamento el que intervino, y se creó un órgano especial de reparación en colaboración con la Iglesia”, recuerda Josep Tamarit, catedrático en Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya y experto en víctimas. Fue uno de los miembros de la comisión que formó el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, para investigar el fenómeno en Cataluña. El Síndic es una de las pocas instituciones que ha intervenido en el problema: en 2019 creó este equipo para escuchar a las víctimas y presentó un informe el año pasado para el Parlament. Pidió una comisión de investigación de los casos prescritos. También el Gobierno de Navarra ha sido sensible con las víctimas en la comunidad foral: fueron invitadas al parlamento regional, organizó un congreso sobre el problema y les ha financiado terapias psicológicas. En el resto de España, silencio.

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El Estado tampoco ha actuado ante el problema en dos años

La Conferencia Episcopal Española (CEE) y los obispos no son los únicos que no se mueve en la lucha contra los abusos de menores en la Iglesia, el Estado tampoco lo hace. El ministerio de Justicia, cuando estaba al frente Dolores Delgado (en la foto), hizo un primer movimiento en febrero de 2019, como reacción a la alarma social en un momento en que salían a la luz decenas de casos. Pidió a la CEE que le informara de los casos que conocía, un gesto que sentó mal en la jerarquía eclesiástica. Tanto que ni le contestaron. Lo siguiente que hizo Justicia fue pedir un informe a la Fiscalía General del Estado sobre el problema. Ese informe llegó en junio de 2019 y también fue polémico, porque señalaba la “opacidad” de la Iglesia. No obstante, no tenía datos, porque las estadísticas de la Fiscalía recogen los delitos, no la condición o profesión del acusado. En todo caso, el informe instaba a las autoridades a actuar porque “el panorama es deficiente” y se requerían “mecanismos de persecución y reparación en este tipo de conductas”. Es más, señalaba el compromiso de la Fiscalía para “colaborar e implicarse en las iniciativas que pudieran desarrollarse en nuestro país para obtener un conocimiento histórico” del problema. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Muy poco.

El sistema estadístico sigue siendo el mismo y no da ninguna información. Un portavoz de la Fiscalía admite que “persiste esa dificultad de recabar los datos”, debido a las aplicaciones informáticas establecidas, y eso no depende de la Fiscalía. La unidad especializada de menores mantuvo contactos con la Conferencia Episcopal y otras instituciones religiosas, para reforzar la detección temprana del delito y la protección de la víctima. También abrió un expediente para recopilar todas las actuaciones en este ámbito, pero reconocen que con la pandemia todo se paró. “Este tema preocupa mucho en la Fiscalía y nos lo tomamos muy en serio, pero dentro de nuestro campo de acción y las herramientas que tenemos, nuestro ámbito de actuación es la investigación procesal”. El problema es que la inmensa mayoría de los casos del pasado han prescrito. En Chile, por ejemplo, la Fiscalía asumió la investigación de los casos y llegó a registrar varios obispados en busca de documentación, pero aquí no sería posible, sostiene el ministerio público.

Portavoces de Justicia también reconocen que después no se ha hecho nada. En parte debido a que el cambio de Gobierno en enero de 2020 conllevó el traslado de la competencia de Asuntos Religiosos a la Vicepresidencia Primera, de Carmen Calvo, y allí no han retomado este asunto. El único avance ha sido el anteproyecto de la ley de protección del menor, que amplía los plazos de prescripción. Es una de las principales reclamaciones de las víctimas, pero por otro lado critican que el texto no hace ninguna referencia concreta al problema específico de los abusos de menores en la Iglesia. La ley, en todo caso, está aún a la espera de tramitación parlamentaria.