Bruselas lanza el mecanismo capaz de bloquear exportaciones de vacunas

Bruselas ha dejado claro este viernes que pretende hacer todo lo que esté en su mano para velar por el cumplimiento de los contratos con los laboratorios y garantizar el suministro de vacunas. Coincidiendo en el tiempo, de forma milimétrica, con la la luz verde de la Agencia Europa del Medicamento al fármaco de AstraZeneca concedida esta misma tarde, la Comisión Europea lanzaba el mecanismo que le permitirá meter la lupa en el contenido de las partidas de exportación y asegurarse así de que no se marchan al extranjero lotes de viales que pudieran corresponder a los Estados miembro.

“Proteger la salud de nuestros ciudadanos sigue siendo nuestra máxima prioridad y debemos poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que lo conseguimos”, ha expresado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a través de un comunicado, que ha seguido hablando de un “mecanismo de transparencia y autorización”, cuando en realidad se trata de un instrumento de mucho mayor alcance.

La medida, desarrollada de forma urgente en menos de una semana y cuya validez se prolongará hasta el 31 de marzo, otorga poderes a los autoridades nacionales para bloquear la salida de viales “cuando supongan una amenaza a la ejecución de los acuerdos de compra anticipada firmados por la UE con los laboratorios de vacunas”, y en su asesoramiento deberán contar con el acuerdo de la Comisión. También obliga a los laboratorios con los que el Ejecutivo comunitario haya suscrito acuerdos a “presentar documentación relevante sobre sus exportaciones en los últimos tres meses”, con el fin de conocer el contenido exacto de las partidas y su destino.

La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, ha explicado que el mecanismo trata de aportar “soluciones” para velar por el cumplimiento de unos acuerdos para los que la Comisión ha movilizado 2.900 millones de euros. “Dimos financiación por adelantado a las empresas para que construyeran la capacidad de producción necesaria para fabricar vacunas”, ha dicho. “Ahora necesitamos transparencia sobre el destino de las dosis que aseguramos y garantizar que lleguen a nuestros ciudadanos”.

La nueva regulación, similar a una licencia de exportación y cuyos últimos detalles se debatían aún a última hora de este viernes, exige a los Estados miembro la puesta en marcha de un nuevo régimen de autorización de los envíos a terceros países. La llamada “autorización de exportación” será obligatoria para poder realizar los envíos de las partidas de las vacunas contra “los coronavirus relacionados con el SARS”. Su concesión dependerá de las autoridades competentes “del Estado miembro donde se fabriquen los productos” y se prohíbe expresamente la exportación “sin la presentación de una autorización de exportación válida”.

El texto presentado en un inicio por la Comisión se seguía perfilando a última hora de este viernes debido a un artículo potencialmente inflamable referido al bloqueo de mercancías en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, cuyo tráfico de mercancías quedó protegido con los acuerdos del Brexit.

Para agilizar los intercambios comerciales, se establece que la decisión deberá ser tomada en el plazo de dos días hábiles, prorrogables otros dos en situaciones extraordinarias. Las autoridades nacionales deberán informar “inmediatamente” de la solicitud de exportación a la Comisión, la cual deberá evaluar “el impacto” que supone en el cumplimiento de los acuerdos firmados con los laboratorios. Finalmente, los Estados miembro deberán decidir la concesión o no “de acuerdo con la opinión de la Comisión”.

Quedan obligados a cumplir con esta normativa todas aquellas compañías con las que la Comisión Europea haya suscrito uno de sus acuerdos de compra anticipada. De momento se trata de seis laboratorios diferentes con los que el Ejecutivo comunitario ha acordado la adquisición, a cambio de un adelanto de dinero, de hasta 2.300 millones de dosis. Entre ellos se encuentran los tres cuyas vacunas ya han sido aprobadas —Pfizer/BioNTech (600 millones de dosis), Moderna (160 millones) y AstraZeneca (400 millones)— y otros tres aún a la espera de la luz verde del regulador —Johnson & Johnson (400 millones), Curevac (405 millones) y Sanofi/GSK (300 millones)—. Según una investigación de Cinco Días, estas compañías tienen fábricas en al menos una decena de países europeos (tres de ellas en España).

El instrumento nace como colofón a una intensa pugna entre Bruselas y el laboratorio AstraZeneca, tras el anuncio repentino de que reduciría sus envíos pactados con la UE para el primer trimestre en cerca de un 60%. Y ha sido creado bajo las sospechas, nunca expresadas de forma explícita por el Ejecutivo comunitario, de que parte de la producción salida de las plantas farmacéuticas ubicadas en territorio europeo podría haberse destinado hacia el extranjero. La UE defiende que AstraZeneca debería haber estado haciendo acopio de existencias para tener listas las partidas de viales en el momento en que se le concediera la autorización.

El envío hacia varias decenas de países quedan exentos del cumplimiento de la nueva regulación. Muchos pertenecen a la vecindad europea, como Serbia, Bosnia y Albania, o a la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Tampoco se pedirá la autorización cuando las vacunas se dirijan a cualquiera de los 92 países de renta baja y media que forman parte de la alianza global por las vacunas COVAX. Pero en la lista de exenciones no se encuentra, en ningún caso, el Reino Unido.

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