España necesita 70.000 plazas más en residencias de mayores para cumplir los estándares de la OMS

En España hay 389.031 plazas en residencias de mayores distribuidas en 5.542 centros, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), publicados tras recabar información de las comunidades autónomas. Son cifras de 2019. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha analizado el informe, recuerda que serían necesarias más de 70.000 plazas para cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de disponer de cinco por cada 100 mayores de 65 años. Según la información publicada, tres de cada cuatro centros son privados y el 62% de las plazas son de financiación pública (242.206), lo cual incluye también las concertadas.

Aunque desde 2010 el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado en 1,1 millones hasta superar los nueve millones el año pasado, las plazas residenciales solo han aumentado en 20.226, destaca la asociación, experta en el sector, en un comunicado. En España hay 4,2 plazas por cada 100 mayores de 65, de las cuales 2,6 son de financiación pública, que incluye también las concertadas, y 1,6 de financiación privada. Solo cinco autonomías alcanzan la ratio recomendada por la OMS: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias, y Cantabria está cerca de hacerlo (a cinco centésimas). Y solo Castilla y León y Castilla-La Mancha alcanzan también esta ratio con plazas de financiación pública (que incluyen las propias y las concertadas).

Los directores y gerentes de servicios sociales apuntan que los principales déficits de plazas para alcanzar las recomendaciones de la OMS se encuentran en Andalucía (28.457), Comunidad Valenciana (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.472), Murcia (6.502) y País Vasco (6.074). Y que la comunidad con mayor porcentaje de plazas financiadas por la Administración es País Vasco, con el 74%, y la que menos, Galicia, con el 41%. Aragón y la Comunidad Valenciana son las dos autonomías que más han aumentado las plazas de financiación pública, en más de un 100% la primera y en un 30% la segunda. En Galicia, Canarias y Madrid existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública, recuerda la asociación.

No existe, sin embargo, un censo homogéneo en todo el país para conocer de forma completa los centros sociales residenciales (que no incluyen solo los de mayores, sino también, por ejemplo, los de discapacidad o menores). Con los datos publicados por el Imserso, se desconoce cuántas de las plazas están ocupadas, cuántas son de financiación y gestión pública; cuántas, aun siendo públicas, están gestionadas por una empresa o una entidad sin ánimo de lucro, y cuántas de las privadas están concertadas. Ante este panorama, las comunidades autónomas acordaron el pasado diciembre con el Ministerio de Derechos Sociales elaborar un censo sobre residencias que incluya no solo el número de centros, plazas y residentes, sino también con cuántos trabajadores cuentan (número de médicos, enfermeros, gerocultores, etcétera). Además, según los documentos remitidos a las comunidades, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales recabará información sobre la edad, sexo y grado de dependencia, así como de las características de la infraestructura (número de plantas, habitaciones individuales y compartidas, etcétera).

Con la información actualmente disponible respecto a residencias de mayores (hay comunidades que no han facilitado datos), el número medio de plazas por centro es de 70, con la media más alta en la Comunidad de Madrid (110) y la más baja en Extremadura (46). Ocho de cada 10 residentes superan los 80 años y el 71% son mujeres. El precio medio de una plaza pública por usuario al año es de 20.686 euros y el de concertación, de 19.324. La aportación media de los residentes es del 36% y del 40%, respectivamente.

Tras los estragos causados por la covid-19 en las residencias, la organización llama a abordar “debates pendientes”, como las ratios de plantillas y “la necesidad de incrementar” los gerocultores y su remuneración, o el propio modelo, “para superar el asistencialista y avanzar hacia los modelos que ofrezcan entornos íntimos, evitando la masificación y facilitando la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de los residentes”. O como la ubicación de los centros, “ya que su carencia se centra en las grandes urbes”, mientras que en los medios rurales en ocasiones hay excedentes y “no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios”, un factor que agudiza la despoblación. Y en grandes urbes como Madrid, “las plazas de financiación pública se están alejando de los grandes núcleos poblacionales, donde son mucho más rentables las plazas privadas”.