Un geriátrico de Málaga, condenado como responsable directo de la muerte de una anciana

La sentencia considera que el centro DomusVi Sierra de las Nieves desatendió la vigilancia a un residente con demencia, que mató a otra usuaria del centro

Sillas de ruedas y andadores en la residencia DomusVi Santa Justa, en Sevilla, de la misma cadena que la condenada.
Sillas de ruedas y andadores en la residencia DomusVi Santa Justa, en Sevilla, de la misma cadena que la condenada.José Manuel Vidal (EFE)

Cuando José Mancilla, de 89 años, mató a patadas a Carmen Rodríguez, de 86 años, en la residencia DomusVi Sierra de las Nieves de Guaro (Málaga) hace dos años y medio, sufría un episodio de demencia y no era responsable de sus actos. La Audiencia de Málaga ha exculpado al homicida y ha condenado a la residencia por desatender la vigilancia debida sobre un enfermo, y considera al centro responsable civil directo del crimen.

“El desenlace letal pudo haberse evitado si los empleados de la residencia hubieran extremado la vigilancia en el sector 4 con los medios a su alcance”, censura la sentencia del pasado 21 de diciembre. Mancilla residía en la unidad de trastornos de conducta, y el 26 de agosto de 2018 abandonó su habitación a las tres de la madrugada. En el pasillo se encontró con Rodríguez, a la que empezó a darle “patadas y golpes en la cabeza”. A consecuencia de la agresión, la víctima falleció por una hemorragia cerebral.

El anciano debía dormir sujeto a la cama debido a su demencia con trastornos de comportamiento severos, pero los tres auxiliares de enfermería del turno de noche no lo ataron o lo hicieron de manera defectuosa y el enfermo se desató. Mancilla, que también atacó esa noche a su compañero de habitación y le causó heridas leves, sufría un pronóstico de cronicidad en su enfermedad mental y tenía sus “capacidades intelectuales y volitivas anuladas”, como aclara el fallo.

Carlos Delgado, abogado que defendió a Mancilla, destaca cómo la muerte se podría haber evitado si los auxiliares de enfermería hubieran tenido acceso a las cámaras de la residencia, situadas en la sala de administración. “El personal no obró con el deber de cuidado que debía tener. A las cámaras solo tenía acceso la administración y no el personal de noche. En el juicio quedó acreditado que la hija de mi cliente les dijo a los auxiliares que le pusieran las sujeciones. O no se las pusieron o se las pusieron mal”, critica.

Ana María Mancilla, hija del anciano y auxiliar de enfermería en la residencia entre 2007 y 2018, denuncia que otras muertes se pudieron haber evitado en la última década: “Mi padre era la única persona con sujeciones psiquiátricas en los pies y manos, compradas por mí. Con las sujeciones abdominales ―cogidas a la cintura―, más de un anciano ha fallecido en la residencia colgado de la barandilla”.

Delgado añade sobre la enfermedad mental de su defendido: “Si un niño de dos años dispara una pistola, es obvio que la culpa no es del niño. Por eso la eximente fue finalmente completa. El padre tenía conductas agresivas y ella lo puso de manifiesto. La directora declaró que todo era normal y que no era necesario ver las cámaras. La sensación era de que allí no pasaba nada anómalo”.

La sentencia condena a la residencia como responsable civil directo, no subsidiario ―que solo paga en caso de declararse insolvente el acusado―, como ocurre en la inmensa mayoría de hechos penales en recintos como residencias, hospitales o colegios. Los jueces abundan: “Hubiera bastado con que desde el puesto donde se encontraba el trabajador se hubieran podido ver las imágenes que grababan las cámaras de vigilancia para haber podido intervenir cuando los residentes a altas horas de la madrugada andaban libremente por los pasillos”.

El anciano, que hoy reside en un centro psiquiátrico, ocupaba en 2018 una plaza concertada con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta andaluza. La directora de la residencia DomusVi Sierra de las Nieves, Rocío Narváez, ha rechazado opinar al respecto. Los jueces imponen al centro el pago de una indemnización de 30.000 euros para la víctima ―que recibirán sus familiares―.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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