La Fiscalía del Estado se compromete a investigar una denuncia por 58 posibles casos de robo de bebés

La Fiscalía General del Estado ha enviado una carta a María Mercedes Bueno Morales, coordinadora de la plataforma foro internacional de víctimas por desapariciones forzadas infantiles, en la que se compromete a analizar los 58 casos denunciados “para determinar el alcance penal” de los hechos. La denuncia, presentada el pasado noviembre, con el asesoramiento de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, representa a 56 personas —madres que buscan a sus hijos, hijos que buscan a sus madres y hermanos que buscan a sus hermanos, nacidos entre 1954 y 1994 en centros de Canarias, Navarra, la Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja, País Vasco, Cataluña y Andalucía—.

La denuncia pide que se investiguen las desapariciones por posibles delitos continuados de falsedad documental, suposición de parto, delito de alteración de la filiación, y violencia de género, al entender que “la violencia sufrida por las madres en el momento de su parto formaba parte de la subordinación a la que estaban sometidas de manera cotidiana y normalizada en todas las estructuras de la sociedad del franquismo, el tardofranquismo y la transición”. Los demandantes también argumentan que los hechos denunciados son constitutivos de sendos delitos internacionales de desaparición forzada infantil y crímenes de lesa humanidad y que, por tanto, no prescriben.

En su carta a la portavoz de los denunciantes, el fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, asegura que “la Fiscalía ha asumido con especial compromiso la obligación de dar respuesta a todas aquellas madres, hijos y familias que sospechan haber sido víctimas de un supuesto de sustracción de menores recién nacidos, pese a las dificultades evidentes que presentan las investigaciones, debiendo desarrollarse en cada caso una investigación completa, efectiva y eficaz”. La Fiscalía recuerda que algunos de los casos ahora denunciados fueron archivados con anterioridad, pero insiste en que analizará “individualmente” las diligencias practicadas “sin perjuicio de la posibilidad de reapertura en caso de aportación o descubrimiento de nuevos indicios”.

Asimismo, el fiscal jefe de sala señala que la denuncia pone de manifiesto “la posible existencia de elementos de conexión entre los distintos supuestos por la coincidencia, en algunos de los casos, de los hospitales en que tuvieron lugar los nacimientos, el personal médico que asistió al parto o firmó el certificado de defunción y las órdenes religiosas vinculadas a la gestión del hospital”, aunque hasta ahora no ha sido posible demostrar la existencia de una trama conjunta, por lo que propone la investigación individualizada de los casos denunciados. La Fiscalía ha iniciado un expediente de coordinación para el seguimiento centralizado de todas las actuaciones practicadas y el análisis conjunto de la información para determinar el alcance penal de los hechos denunciados.