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Padres, docentes y sindicatos coinciden: “El Gobierno murciano intenta blanquear el veto parental”

La Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de Murcia critica la medida impuesta por la extrema derecha

La consejera de Educación de Murcia, Esperanza Moreno, este miércoles.
La consejera de Educación de Murcia, Esperanza Moreno, este miércoles.

Nuria Montiel y Adelaida Campillo están casadas y son madres de dos hijas. Son maestra y profesora de secundaria, respectivamente, y miembros de la Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia (Asfagalem). Esta asociación imparte desde 2010 imparte charlas de orientación afectivo-sexual y contra la LGTBIfobia en colegios e institutos murcianos. “El veto parental nos afecta en lo profesional y en lo personal y el anuncio de la consejería no cambia nada, seguimos en el punto de inicio”, explican. “Lo que se está haciendo es contentar a unos -Vox- y blanquear la medida a la vez”, lamentan, porque el fondo del problema sigue siendo el mismo: los colectivos y asociaciones LGTBI que impartían charlas siguen estando vetados.

Se refieren a las declaraciones que la consejera murciana de Educación, Esperanza Moreno, hizo este miércoles, asegurando que modificará los decretos curriculares de primaria y secundaria para introducir en ellos la obligación de que las actividades complementarias sean autorizadas por los padres, con dos matices: no será necesario autorizar las charlas que impartan funcionarios (policías, bomberos, médicos, enfermeros, jueces...) y si un alumno no entrega la autorización también asistirá a la charla, pues para evitarla será necesario el no expreso de los padres.

“Se está vendiendo la idea de que impartimos ideología de género, pero ser homosexual no es una ideología. Yo no me casé con mi mujer por ideología, sino por amor. No se cambia de orientación sexual por una charla, es absurdo”, denuncian Montiel y Campillo. Y recuerdan que estas actividades complementarias son obligatorias, no solo en virtud del decreto regional que ahora se pretende modificar, sino también de la actual ley de educación (LOMCE), y están contemplados también en leyes europeas, porque los menores tienen derecho a “ser educados en valores constitucionales y democráticos a los que en sus casas pueden no tener acceso”.

Su opinión es la misma que transmiten los padres de los alumnos murcianos. Paco Cantero, de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Juan González, la mayoritaria en la comunidad autónoma, que aglutina unas 500 AMPAS de colegios públicos, advierte de que “las actividades complementarias son absolutamente necesarias para la formación de los alumnos, sirven para contextualizar los contenidos, fomentan la autonomía de los centros y los abren a la sociedad para así mejorar la educación”. Por eso, en su opinión, el anuncio solo pretende “descafeinar y desinflar” la polémica que ha surgido en torno al veto en las últimas semanas, pero reconoce que se estaba cuestionando la profesionalidad incluso de los funcionarios, a los que ahora se evita tener que autorizar, y pone de manifiesto que el veto tenía un “punto de ilegalidad” al contradecir las instrucciones vigentes el decreto que ahora se quiere modificar.

La federación, que en su día recurrió las instrucciones ante la consejería, está ahora estudiando elevar el recurso a la vía judicial a través de un contencioso-administrativo, algo que ya han hecho tanto CC.OO. como el sindicato de educación STERM. Desde este último, José Manuel Fernández considera que las medidas propuestas ahora por Educación son una “huida hacia delante” que no solucionan el problema legal, pues también la LOMCE establece la obligatoriedad de las actividades complementarias. Para Raúl Sánchez, de CC.OO., el anuncio es además “irresponsable”, pues se ha hecho en una rueda de prensa sin una propuesta concreta de cómo se llevará a cabo la modificación del decreto, en una muestra más de la “improvisación” del Ejecutivo murciano sobre este asunto.

Para los docentes, las modificaciones planteadas solventan en parte el problema burocrático que se había generado en los centros pero no elimina el polémico veto. “Es un avance, pero no elimina las autorizaciones, que no son necesarias, porque los contenidos de esas actividades son obligatorios, son una extensión del currículum, así que todos los alumnos tienen que asistir. El pin parental no debería existir”, apunta la presidenta de la Asociación de Directores de Centros de Primaria de la región, Mariola Sánz. En la misma línea, Raimundo de los Reyes, que lidera la Asociación de Directores de Secundaria (ADES), insiste en que “el alumno tiene derecho a recibir los contenidos que están en el currículum”, por lo que, aunque los centros tendrán que acatar el decreto, lo único que se ha logrado es “reducir el campo de tiro: antes se disparaba a todos, ahora los funcionarios se salvan del disparo, pero nada más”.

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