Vox recurre a bulos para incendiar el debate educativo

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha justificado este lunes el veto parental —la prerrogativa de los padres para censurar contenidos de las enseñanzas complementarias que se imparten en horario escolar— apelando a la necesidad de “proteger a los niños de cero a seis años de los contenidos sexuales que se están dando” en las escuelas. Según Abascal, la educación en igualdad de hombres y mujeres o el respeto a las personas con distinta orientación sexual son solo “una excusa para otro tipo de contenidos”; entre los que ha citado “el adoctrinamiento” de niños menores de seis años con “juegos eróticos” que están “lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores”.

Aunque Vox reclama la instauración del veto de los progenitores (que el partido ultra denomina pin parental) en todo el sistema educativo, Abascal ha aludido solo a la enseñanza infantil (hasta los seis años de edad), que en España no tiene carácter obligatorio, por lo que se presupone la voluntariedad de quien la recibe. Ha citado como ejemplo Skolae, un programa pionero en materia de coeducación implantado en Navarra, que ha sido premiado por la Unesco y llevado a los tribunales por la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa). En la ficha correspondiente a la educación infantil de este programa se incluyó una referencia a “la curiosidad sexual y juegos eróticos infantiles”, que sus promotores justifican como una mera calificación científica y ha servido a Abascal para hablar de “corrupción de menores”. Los sindicatos navarros de enseñanza se han solidarizado con los promotores del programa y han reclamado el archivo de la causa judicial.

En paralelo a estas declaraciones, cuentas de Vox y de algunos de sus dirigentes en las redes sociales han difundido en los últimos días vídeos grabados en Brasil o Canadá como si correspondieran a clases de educación sexual en colegios españoles.

Por su parte, el líder del partido se ha mostrado satisfecho por el entusiasta apoyo que el presidente del PP, Pablo Casado, ha dado a su iniciativa. “En cuanto esté defendiendo lo correcto le aplaudiremos. Pero no sabemos cuánto tiempo será capaz de mantenerlo. Hay muchas tensiones en su partido para que no pueda hacerlo”, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha presentado una propuesta para ilegalizar a los partidos independentistas catalanes y a Bildu.

El líder ultra se ha permitido incluso corregir a Casado, quien afirmó que “los hijos por supuesto que son de los padres”, afirmando que “evidentemente no son de los padres”, pero estos tienen la patria potestad y el derecho a elegir la educación que reciben, ha matizado. Abascal ha asegurado también que su partido pondrá sobre la mesa el veto parental en las negociaciones con el Gobierno regional de Madrid, pero no ha querido revelar si será una condición imprescindible para apoyar los presupuestos, y ha atribuido a las “dificultades propias” del pacto entre PP y Ciudadanos el retraso de su implantación en Andalucía. “Son ellos los que tienen que aclararse”, ha insistido.

El consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, del PP, reconoció el lunes que de los 1,2 millones de alumnos de la comunidad autónoma no ha recibido ninguna denuncia y solo una queja por escrito y dos en Twitter por las actividades complementarias. "Es un problema que no existe", concluyó. "No hay adoctrinamiento en las aulas ni se producen charlas que no sean deseadas por los padres".

El acuerdo de presupuestos para 2020 que Vox selló con el Gobierno andaluz incluye, en uno de sus puntos, la "promoción y el conocimiento" de la caza para que los alumnos tomen conciencia de “la importancia para el mantenimiento de nuestro medio rural, la conservación de la fauna y los espacios naturales”. Sin embargo, no se ha previsto que los padres puedan negarse a que a sus hijos se les inculquen las virtudes de la actividad cinegética.

En realidad, el denominado pin parental es solo un elemento menor del programa de Vox, que cuestiona el papel de la enseñanza pública en su conjunto. Para Rubén Manso, gurú económico del partido y diputado por Málaga, la Constitución no dice que el Estado deba proveer la educación o la sanidad, sino solo garantizarlas. Eso significa que la enseñanza privada, y no solo la concertada y la pública, proveería ese servicio a través del cheque escolar, que el Estado entregaría a las familias, sin diferenciar su nivel de renta. El valor de ese cheque sería el equivalente al coste de una plaza en la educación pública (unos 5.500 euros por curso), y las familias que pudieran permitírselo deberían costear la diferencia de precio con la enseñanza privada. Con este sistema, en el que las familias elegirían la escuela más afín a su ideología y a su nivel adquisitivo, no parece que tuviera ya sentido mantener el veto parental. El PP ha aceptado la introducción del cheque escolar en algunas de las comunidades en las que gobierna con el apoyo de Vox, como Murcia, pero solo para la enseñanza infantil, no obligatoria.