Dos de cada tres agresiones sexuales a menores se producen antes de que cumplan los 12 años

Casi dos de cada tres agresiones sexuales a menores se producen antes de que las víctimas cumplan 12 años y cerca del 75% se dan dentro del círculo cercano a la víctima. Un delito que, como la violencia sexual general, continúa atacando con más fuerza a las mujeres, en un 72% de los casos, mientras que el porcentaje de hombres agresores es casi total (98%). Así lo recoge un estudio presentado este viernes, realizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Analiza 455 sentencias por agresiones sexuales en la infancia dictadas en España entre 2010 y 2019, periodo durante el cual se han producido grandes cambios legislativos en esta materia, como la reforma del Código Penal de 2015 que elevó la edad mínima para el consentimiento sexual a los 16 años. Laura Fernández, una de las autoras del trabajo, ha advertido de que la diferencia entre las denuncias presentadas y las que llegan a juicio apunta a que siete de cada diez casos se pierden por el camino. Aunque Fernández ha aclarado que no son datos oficiales y “sería necesario investigarlo”.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha destacado durante la presentación que “solo el 25% de las denuncias se interpone el mismo día de la agresión”. Tanto para la delegada como para las autoras esta cifra es relevante debido a que todavía está arraigada la idea de que la víctima debe denunciar lo antes posible o de lo contrario pierde credibilidad. Esta tardanza se usa como argumento en el 8% de las sentencias absolutorias. En la mayoría de los casos, las víctimas no denuncian por vergüenza, falta de apoyo en su entorno o porque no reconocen lo que ha ocurrido debido a su edad. Por otro lado, uno de cada cuatro fallos judiciales resultan absolutorios. En el 35% de los cuales se basan en un testimonio “contradictorio” por parte de la víctima.

Fernández ha denunciado que sólo en un 14% de los casos la declaración de la víctima ha podido realizarse antes de la vista, algo que, según ha indicado, debería ser obligatorio para que las víctimas no se vean forzadas a ver a su agresor en el juicio. Además, ha advertido de que el informe médico forense solo se presentó en el 36% de los juicios, en los cuales da la impresión de que preocupa más dar credibilidad al testimonio que los daños que la víctima ha podido sufrir, según ha dicho la experta. Con respecto a las penas, no se han registrado cambios significativos tras la reforma de 2015, cuando precisamente lo que se pretendía con las reformas legislativas era un endurecimiento de estas, según explica la jurista. Fernández también ha apuntado que en un 75% de las sentencias no se aplica la inhabilitación profesional de los condenados para que trabajen en un entorno con menores y en un 33% tampoco se ha privado de la patria potestad cuando el agresor del menor era el padre, ambas medidas incluidas en la reforma de 2015.

Otra asunto que las autoras del informe han subrayado es que “en la práctica el límite de edad queda a la arbitrariedad del juez”, quien tiene en cuenta, por ejemplo, la simetría de edad con el agresor, la madurez que presenta el niño o si hay consentimiento incluso en menores de 13 años. Las autoras del informe proponen fijar una edad por debajo de la cual todo acto sexual sea delito. Además, reclaman una ampliación del plazo de prescripción de estos delitos, de modo que no empiece a correr hasta que la víctima cumpla 50 años. El Gobierno aprobó en junio el anteproyecto de ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que eleva el inicio de las prescripción a cuando la víctima cumpla 30 años (antes empezaba a los 18). Otras propuestas van encaminadas a fijar unas medidas de protección inmediatas para los menores en el ámbito familiar y que los informes forenses incluyan tanto la sintomatología como la evolución de las secuelas, igual que ocurre en los accidentes de tráfico.

Respecto a los tipos de delitos, las niñas víctimas sufren un 98% de agresiones y abusos, mientras que el 2% restante son objeto de pornografía y prostitución. Sin embargo, estos delitos en los niños están repartidos en un 53% de agresiones y abusos y un 47% de pornografía y prostitución. La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, se ha referido a la necesidad de aportar recursos para la investigación de nuevos delitos de agresión sexual en Internet y redes sociales. En este sentido, ha denunciado que la mayoría de las plataformas donde se realizan estos delitos escapan al control de los Estados. El estudio, según Rosell, “confirma las carencias de la respuesta exclusivamente judicial a la violencia sexual contra la infancia”.