Una violación en manada indigna a Perú

La violación en manada de una mujer de 21 años perpetrada el domingo en un distrito de Lima ha conmocionado a Perú. Un juzgado dicto prisión preventiva de nueve meses para cinco hombres que el domingo violaron a una mujer de 21 años en un distrito acomodado de Lima. El coronel de la policía Johnny Rolando informó a la prensa que de acuerdo al examen médico legal no hubo signos de agresión física, “pero sí hay resultados positivos para ataque sexual”. La versión coincide con la declaración policial de la víctima, quien sostiene que luego de una reunión con amigos se sintió “como dopada” y ello le impidió defenderse de la agresión la madrugada del domingo.

En el interrogatorio los agresores reconocieron la violación pero alegaron que hubo consentimiento. Luego de que se supo el pedido fiscal de prisión preventiva, el abogado de uno de los detenidos, Paul Muñoz, comentó el miércoles sobre la víctima que “la señorita es una persona a la que le gustaba la vida social”, lo cual desató un masivo rechazo en los medios sociales. El abogado, además, añadió: “Lo estoy diciendo de forma eufemística para no referirme de mala manera”. A raíz de esa declaración, el miércoles las frases “A mí me gusta la vida social” y “Perú, país de violadores” se mantuvieron como tendencia en Twitter y Facebook. Los detenidos por este caso son Diego Humberto Arroyo Elías, José Martín Arequipeño Vizcarra, Sebastián Zeballos Sanguinetti, Manuel Antonio Vela Farje y Andrés Fasardi San Sebastián. La adjunta para derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, señaló que la pena que les corresponde va de 20 a 26 años de prisión.

La investigación de la Fiscalía está a cargo de la magistrada Roxana Ruiz, de la Segunda Fiscalía Provincial de Violencia contra la Mujer de Lima, quien sustentó el pedido de prisión preventiva en una audiencia virtual de ocho horas ante un juzgado penal de turno. La sesión fue reservada y los sujetos participaron en ella desde la comisaría de Chacarilla del Estanque, en el distrito de Surco, donde permanecían detenidos desde el lunes.

La posición machista del letrado, que desacredita a la víctima de un delito, si bien ha sido rechazada por colectivos feministas, líderes de opinión y personas de a pie, no es aislada. Numerosas causas de violencia de género quedan archivadas, no son debidamente investigadas o, finalmente, las sentencias absuelven a los agresores. Este año un juzgado del departamento de Madre de Dios, en el suroeste, absolvió del delito de trata a dos mujeres que obligaban a una adolescente a que bebiera cerveza con los clientes en un bar. La Corte Superior de esa región amazónica indicó que ese trabajo no podía considerarse explotación porque no agotaba físicamente a la menor.

En septiembre, el fiscal Marco Guzmán Baca planteó archivar una pesquisa contra el director de teatro Guillermo Castrillón, acusado de violencia sexual por 16 mujeres. El magistrado argumentó que no había afectación psicológica en las denunciantes. Las víctimas ahora han pedido que otro fiscal se haga cargo de la investigación. Guzmán Baca fue el primero de los fiscales que archivó el caso de esterilizaciones forzosas perpetradas como parte de la política de “planificación familiar” durante el Gobierno de Alberto Fujimori, en los años noventa. Entre enero y agosto de este año, la Defensoría del Pueblo ha registrado 78 feminicidios y 3.568 desapariciones de mujeres, en tanto que los Centros de Emergencia Mujer -que dependen del Ministerio de la Mujer- reportan 61.705 denuncias por violación sexual en los primeros nueve meses de este año. El presidente, Martín Vizcarra, condenó la violación en manada y comentó sobre este caso que el Ministerio de la Mujer ha ofrecido contención emocional y apoyo legal a la familia de la víctima. “Como padre, como hombre y como ciudadano, expreso mi profundo rechazo”, dijo el jefe de Estado el miércoles. También destacó que la madre de la joven es abogada y asumirá la defensa legal.

En la última semana, además, otras entidades públicas han mostrado una posición contra los derechos del colectivo LGTBI. El Tribunal Constitucional -que en todos los casos de interés público transmite las audiencias en vivo por internet- decidió realizar en reserva la sesión en la que decidirá una petición de inscripción en los registros civiles de una unión de personas del mismo sexo realizada en México. Por otro lado, la ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, ante una pregunta de la prensa local, se negó a dar su opinión sobre la adopción de menores en abandono por parte de una familia homoparental. “En los temas de alcoba preferiría no tocarlo”, respondió. Más de 300 colectivos y organizaciones de la sociedad civil firmaron un pronunciamiento exigiendo una rectificación a la funcionaria.